Cuando hablamos del gasto de bolsillo en salud, solemos pensar en cuánto cuesta un medicamento. Pero para muchas personas el mayor costo no está en el precio, sino en el acceso. Tener que trasladarse hasta un hospital o Cesfam, hacer filas y perder horas de trabajo también tiene un costo, incluso cuando el medicamento es gratuito o vale menos de $2.000.
Esta situación tiene una explicación bastante concreta. Mientras 2,5 millones de afiliados a Isapres cuentan con acceso a más de 3.000 farmacias privadas, cerca de 17 millones de beneficiarios de Fonasa dependen de alrededor de 200 hospitales y 500 Cesfam para retirar sus medicamentos. La diferencia en la cantidad de puntos de acceso es evidente.
Países vecinos y desarrollados -Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos, entre otros- han avanzado en este desafío integrando la red pública con la farmacia comunitaria privada, habilitando el retiro de medicamentos de cobertura estatal en miles de puntos adicionales. En Chile, esa integración es todavía incipiente.
Una señal alentadora viene desde regiones: el proyecto piloto iniciado en Los Ángeles muestra que es posible que un paciente Fonasa retire su medicamento gratuito en una farmacia del sector, sin pedir permiso en el trabajo ni destinar un día completo a un trámite, en horarios extendidos de lunes a domingo.
No se trata de privatizar la salud, sino de poner la logística y la colaboración público-privada al servicio de las personas. Como industria, creemos que experiencias como la de Los Ángeles merecen evaluarse y, si corresponde, replicarse a nivel nacional.
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