Nasry Asfura lleva siete meses al frente de la presidencia de Honduras y su primer desafío consiste en recibir a 55,000 compatriotas que serán deportados por órdenes de Donald Trump. Crédito: Mark Schiefelbein | AP
Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, le solicitó tiempo al gobierno estadounidense para generar las condiciones idóneas que le permitan recibir a 55,000 de sus compatriotas a quienes tras vencerse su Estatus de Protección Temporal (TPS) serán deportados.
Aunque el político centroamericano reconoce que las autoridades estadounidenses tienen facultad plena para definir su política migratoria y el destino inmediato de los hondureños asentados de manera irregular en su territorio, se ha dedicado a llevar a cabo las gestiones diplomáticas necesarias para buscar una transición ordenada que les permita a sus connacionales resolver sus asuntos familiares, laborales y patrimoniales antes de ser obligados a salir del país al cual, en su momento, ingresaron sin la documentación debida para acreditar su permanencia.
“Hicimos las solicitudes debidas, pero bueno, las políticas del gobierno americano en temas de migración y aranceles son políticas firmes que debemos respetar”, indicó en mandatario que lleva poco más de siete meses al frente de la nación catracha.
Previamente, Mireya Agüero, canciller hondureña, dio a conocer que la administración Trump rechazó una solicitud formal de su gobierno para conceder un período adicional de estancia para los beneficiarios del TPS.
En 1999, de manera solidaria, al percatarse del enorme daño provocado por el huracán Mitch, en su paso por Centroamérica, entre el 22 de octubre y el 5 de noviembre de 1998, tras ser clasificado como categoría cinco, la administración del demócrata Bill Clinton decidió brindarlas protección migratoria y permiso de trabajo a los ciudadanos hondureños afectados por el desastre natural.
No obstante, tras el arribo del republicano Donald Trump a la Casa Blanca por segunda ocasión, anunció que para varios refugiados había llegado la hora de retirarles el TPS, entre ellos los hondureños.
Lo complejo del tema es que en su país de origen todavía no existe un programa para ayudarlos a reinsertarse en la sociedad, pues se carece empleo, los servicios de salud son deficientes y el sistema educativo es débil.
A esto debe agregarse que la salida de una cantidad tan elevada de hondureños de Estados Unidos le implicará a sus familias dejar de recibir hasta $380 millones de dólares anuales, esto de acuerdo con estimaciones del gobierno catracho.
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