Catatumbo: las vías no solo se miden en kilómetros sino en años de espera

La infraestructura vial en el Catatumbo (Norte de Santander) sigue siendo una promesa en disputa. Los proyectos avanzan al ritmo que permite el conflicto, entre maquinaria detenida, comunidades en silencio y actores armados que deciden en la sombra. A una década de la firma de los Acuerdos de Paz, la violencia continúa siendo el principal obstáculo para el desarrollo de la infraestructura vial en esta subregión, donde ocho de los once municipios fueron priorizados dentro del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para cerrar brechas históricas de pobreza, aislamiento y conflicto armado.

La riqueza ambiental y agrícola de la subregión del Catatumbo, en el nororiente de Colombia, frontera con Venezuela, contrasta con el desarrollo económico y social de esa zona del país que, por más de cinco décadas, ha tenido que soportar los embates de la violencia, limitando su crecimiento y sacrificando su activo más valioso: la pujanza de su gente. Solo entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025, más de 105.000 personas fueron registradas como víctimas del conflicto armado, principalmente por desplazamiento forzado, amenazas y confinamiento, según informes de la Defensoría del Pueblo.

Década tras década, sus habitantes han visto cómo el sueño de un mejor futuro para sus hogares, de ser una sociedad próspera y en paz, se escapa como el agua por el accionar y el control que ejercen los grupos subversivos en un territorio estratégico con más de 9.000 kilómetros cuadrados, no solo apto para el cultivo de cacao, café, cebolla roja y otros frutales, sino para la hoja de coca.

La Comisión de la Verdad advirtió que las economías ligadas a la coca han dejado una “herida profunda” en la subregión y han contribuido a la persistencia del conflicto armado, incluso después de la firma del Acuerdo de Paz. Según datos de esta entidad, el Catatumbo registraba al menos 41.710 hectáreas sembradas de coca y acumulaba más de 341.000 víctimas del conflicto armado para 2020.

Un panorama nada alentador para una subregión conformada por once municipios de Norte de Santander y 369.077 habitantes (Dane, 2024), que históricamente espera con urgencia la ejecución de proyectos de infraestructura vial, que la conecte con el resto de Colombia y la saque del rezago al que ha sido sometida por décadas de promesas, demoras y disputas.

Hoy, el Catatumbo enfrenta una paradoja. Nunca  se habían comprometido tantos recursos para sus vías. La Troncal (Astilleros-Tibú) y la Transversal (Tibú-La Mata, Cesar) tienen recursos asignados que sobrepasan el billón de pesos y los frentes de obra avanzan en distintos puntos del territorio. Sin embargo, en la práctica, moverse por la región sigue siendo lento, costoso y, en muchos tramos, riesgoso.

Lea aquí: Los retos económicos que asumirá el próximo presidente de Colombia

La Transversal del Catatumbo, en el corredor Tibú–La Mata (Cesar), tiene 178 kilómetros y está dividida en tres tramos: Tibú-El Tarra (60 km), El Tarra-Convención (58 km) y Convención-La Mata (60 km). Aunque es una de las apuestas más ambiciosas de conectividad regional, su avance es lento. A marzo de 2025, el corredor apenas registraba 5,9 kilómetros pavimentados, según datos del Ministerio de Transporte. El proyecto fue adjudicado en 2021 por el gobierno de Iván Duque Márquez, en el marco del programa Vías para la Legalidad, tiene un presupuesto de 305.727 millones de pesos (CONPES 4010 de 2020) y su ejecución empezó en 2022.

Aunque hay entre cuatro y cinco frentes de trabajo activos en distintos puntos del corredor, lo que ha permitido intervenir puntos estratégicos, apenas se han intervenido 2,98 de los 20 kilómetros contratados para el tramo Tibú-El Tarra-Convención (Invías). La obra está a cargo de KMA Construcciones y marcha en la misma proporción en que llegan los recursos. Como el proyecto va hasta el 2030, cada año se libera una partida mínima. Para 2026, el monto asciende a los 35.000 millones de pesos. Sin embargo, su reputación deja mucho qué pensar.

KMA Construcciones es la misma empresa envuelta en la fallida concesión del Corredor Portuario de Cartagena, que buscaba imponerle 30 años de peaje en esa ciudad y es conocida en la prensa nacional como el ‘zar de los peajes’ del país, gracias a la gran cantidad de concesiones viales que opera en Colombia: Ruta Caribe, Autopistas del Sol y Autopistas de la Sabana. La firma cartagenera fue constituida en 2001 por Menzel Rafael Amín, Karina Eugenia Amín Avendaño, Menzel Rafael Amín Bajaire, César Augusto Amín Avendaño y María del Rosario Amín Avendaño.

Los Amín también fueron salpicados por el escándalo de corrupción de Odebrecht, es así como en 2017 Menzel Rafael Amín Avendaño fue llamado a indagatoria por la Fiscalía por su participación en la Ruta del Sol, por presunto desvío irregular de recursos en ese controvertido proyecto vial. Cuatro meses después, en julio de ese mismo año, la investigación culminó con la condena a siete años de prisión para Enrique Ghisays Manzur por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ghisays Manzur había sido socio de Amín Avendaño en la empresa Oil& Gas Logistics.

La inversión destinada para la Transversal del Catatumbo en 2021 se queda corta para un proyecto de esta magnitud que, desde hace dos décadas se ha reducido a promesas incumplidas. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se comprometió a pavimentar la vía, tanto así que la incluyó en el Plan de Desarrollo 2006-2010, pero su intención se quedó en el papel. El gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) no se quedó atrás, la usó como bandera de campaña y no pasó del discurso, pese a liderar el programa más ambicioso de su mandato: las vías de cuarta generación (4G).

Hoy, con pocos kilómetros intervenidos y en víspera de elecciones presidenciales, el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) activó nuevos procesos contractuales para completar la Transversal del Catatumbo (a través del CONPES 4161), con una inversión cercana al billón de pesos, dividida en dos módulos: $308.853 millones para el tramo Convención-El Tarra y $301.934 millones para El Tarra-Tibú. Además de $229.000 millones para La Mata (Cesar)-Convención. Todos en proceso de licitación pública.

El paquete de inversión se amplía con otros frentes complementarios, como la firma de un convenio con el Ejército por cerca de 40.000 millones para intervenciones puntuales, además de los recursos de interventoría. Si se suman los distintos componentes y los contratos en ejecución, como el de KMA Construcciones, los recursos comprometidos superan el billón de pesos en la Transversal del Catatumbo, un corredor de 193 kilómetros entre Tibú y la Ruta del Sol.

Pese a ese músculo financiero, la ejecución no es lineal. La seguridad define dónde se puede trabajar y dónde no. Hay sectores como Orú o Filogringo donde las confrontaciones armadas impiden intervenir. No se puede ingresar maquinaria ni personal. Son zonas donde el conflicto frena el avance técnico de la obra. Además, este corredor ya cuenta con un contrato adjudicado que avanza con rezagos en su cumplimiento, en medio de nuevos anuncios de financiación.