En la mañanera de ayer, el gobierno federal abrió formalmente la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos sobre sus derechos como sujetos de la nación. La consulta arranca el primero de julio. La deliberación de las comunidades concluye en septiembre. La iniciativa llega al Congreso el 12 de octubre. Por primera vez en la historia de México como nación independiente, el Estado consulta a sus pueblos originarios sobre la ley que habrá de reconocerlos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Nunca antes había ocurrido. Ni en la República restaurada. Ni con Benito Juárez en la presidencia, él mismo un hombre de pueblo zapoteca que gobernó sin reconocer jurídicamente a los suyos. Ni en el México posrevolucionario que habló de los indígenas en sus murales y los ignoró en sus leyes. Hoy ocurre.
Es un acto fundacional. Juárez —el presidente indígena más célebre de la historia mexicana— gobernó desde una concepción liberal que privilegiaba al individuo ciudadano sobre la comunidad colectiva. Sus Leyes de Reforma disolvieron las propiedades comunales de los pueblos originarios en nombre de la igualdad jurídica. El resultado fue una igualdad formal que despojó a las comunidades de sus territorios y borró su identidad colectiva del derecho. Durante siglo y medio, ningún gobierno corrigió esa paradoja. La Cuarta Transformación no inventó el derecho de los pueblos a participar en las normas que los rigen. Lo que hizo fue tomarlo en serio por primera vez.
Ese acto se inscribe en una transformación más amplia que lleva ocho años construyéndose. Los derechos sociales elevados al rango constitucional: la pensión universal para adultos mayores, las becas educativas, la atención médica gratuita, el apoyo a personas con discapacidad, la pensión para mujeres, la beca universal de educación básica. En 2025, el presupuesto destinado a programas sociales alcanzó 835 mil 700 millones de pesos, máximo histórico, financiado con austeridad y combate a la corrupción. Sin deuda nueva. El ahorro generado por eliminar la corrupción sistémica del periodo neoliberal fue el recurso. No hubo milagro fiscal. Hubo decisión política.
Veracruz es la expresión local de ese modelo: 215 mil millones de pesos en programas sociales directos entre 2019 y 2024, cobertura en más del 90 por ciento de las viviendas del estado, y 532 mil personas que superaron la pobreza entre 2018 y 2022, más que en cualquier otra entidad del país. A eso se suman el Tren Interoceánico como corredor logístico estratégico y la expansión del IMSS-Bienestar en municipios de alta marginación que el sistema de salud neoliberal nunca alcanzó. Veracruz no recibe la transformación desde afuera. La protagoniza.
El modelo tiene una arquitectura precisa: economía capitalista con rectoría del Estado, iniciativa privada activa y derechos sociales constitucionales. La separación entre política y economía que el neoliberalismo disolvió durante tres décadas ha sido restablecida. El mercado opera. El Estado gobierna. Los derechos no se negocian. En mayo de 2026, la Unión Europea firmó con México el Acuerdo Global Modernizado, con inversiones comprometidas por cinco mil millones de euros. El comercio bilateral supera los 88 mil millones de dólares. Europa no firma ese acuerdo con un país que considera marginal. Lo firma con un interlocutor que tiene autoridad política propia.
Esa autoridad se construye también en el Mundial. 5 mil millones de personas observan la organización mexicana, la calidez de su gente, la capacidad de un país que Trump describió como amenaza para convertirse en anfitrión ejemplar. La calidez que el mundo ve viene de los pueblos indígenas. Los mismos que hoy, por primera vez, son consultados sobre sus propios derechos. Estos datos no admiten el relato del país fallido que la Atlas Network, el PAN y la derecha mexicana construyeron con financiamiento transnacional. Ese relato no era análisis. Era una operación política. Los números lo desmienten y lo rompen.
México no es un experimento político más. Es una demostración en tiempo real de que es posible construir un Estado que distribuya riqueza sin destruir la economía, que reconozca su pluralidad sin fracturarse, que mantenga soberanía sin aislarse. En un mundo donde Trump gobierna con exclusión, donde Netanyahu gobierna con exterminio, donde Milei gobierna con demolición, México gobierna con consulta. Esa diferencia no es retórica. Es un modelo. Y los modelos, cuando funcionan, se vuelven referencia.
5 de mayo # 318, col. La Lagunilla, Xalapa de Enríquez, Veracruz. México. C.P. 91119