La minería logra récord en exportaciones

Diversas formas de explotación ilegal de minerales se realizan en el país, en desmedro de la economía de las regiones, atentando contra el medio ambiente y evadiendo el pago de impuestos y regalías. Hay centenares de dragas, lanchones y asentamientos de campos mineros en las riberas de los ríos, especialmente en el norte de La Paz, Beni y Pando. Mientras se produce una sobreexplotación sin controles ambientales ni fiscalización jurídica, las autoridades siguen prometiendo códigos y leyes cortas. Con todo, la minería sigue siendo uno de los motores más efectivos de la economía nacional. En el primer semestre del presente año, las exportaciones de minerales llegaron a cuatro mil 452 millones de dólares, pero la cifra podría ser mayor si se lograra una fiscalización más efectiva, especialmente sobre la producción de las cooperativas, que controlan la mayoría de las concesiones.

El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Alfredo Zaconeta, identificó seis modalidades de minería ilegal que transgreden las disposiciones de la Ley Minera 535. Explicó que el artículo 104 de la norma, que considera ilegal la actividad realizada sin autorización vigente, resulta insuficiente para describir la complejidad del fenómeno, según una publicación de ANF. Detalló que, entre las modalidades identificadas, figura la operación anticipada voluntaria, mediante la cual algunas cooperativas comienzan a explotar minerales mientras esperan la aprobación del trámite ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), argumentando que los procesos administrativos pueden prolongarse hasta cinco años.

También señaló el arrendamiento ilegal de áreas, mediante el cual los concesionarios autorizados fraccionan terrenos y los alquilan a operadores privados; las falsas cooperativas, que mantienen esa figura formal mientras se asocian con capitales privados, utilizan maquinaria de alta capacidad y emplean trabajadores asalariados. A estas prácticas se suma el desvío de combustible subvencionado asignado a cooperativas hacia socios privados; el uso de «papeles prestados», mediante el cual empresas privadas recurren a documentación de cooperativas para comercializar oro; y el tráfico informal de tierras mineras, con la venta de parcelas para explotación sin declarar la actividad ante el Estado. Zaconeta sostuvo que estas prácticas se desarrollan en un contexto de creciente predominio cooperativo en la producción aurífera. Según los datos expuestos, en 2025 las cooperativas concentraron el 99,2% de la producción nacional de oro. El investigador también cuestionó la capacidad estatal de fiscalización y advirtió sobre la expansión de la frontera minera hacia el norte de La Paz, Beni y Pando, además de los vacíos existentes en materia de trazabilidad del oro y control del uso de mercurio.

Pese a las debilidades institucionales, las exportaciones mineras de Bolivia registraron un crecimiento extraordinario durante el primer semestre de 2026 y podrían alcanzar niveles históricos, impulsadas principalmente por las elevadas cotizaciones internacionales de los minerales. Sin embargo, el desafío para el país no debe limitarse solamente a exportar más, sino a lograr que una mayor parte de ese valor se transforme en divisas disponibles, inversión productiva y empleo.

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) muestra que las exportaciones de minerales en Bolivia llegaron a $us 4.452 millones entre enero y junio de la presente gestión, lo que representa un incremento en valor respecto a igual periodo de 2025. Paradójicamente, este salto vino acompañado de una caída del 12% en el volumen exportado, un fenómeno que el gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, atribuye a las altísimas cotizaciones internacionales de los minerales que está exportando el país este año.

Coincidiendo con la preocupación sobre la falta de control en la producción de oro, el vicepresidente de la Comisión Jurídica de la Asamblea Legislativa Departamental de Pando, José Luis Suárez, denunció la semana pasada la presencia de más de 36 dragas en los ríos Orthon y Madre de Dios, algunas de las cuales presuntamente estarían siendo utilizadas para la extracción de oro en sectores no autorizados. Informó que realizó un sobrevuelo, junto con la Fuerza Aérea y la Armada, para verificar denuncias sobre la operación irregular de balsas y dragas en ambos afluentes.

A su vez, la Gobernación de La Paz solicitó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) información oficial sobre las autorizaciones y derechos mineros en zonas donde se identificaron posibles actividades irregulares, con el objetivo de asumir acciones de fiscalización y control contra la minería ilegal en el departamento. La solicitud fue planteada durante una reunión entre el secretario departamental de la Madre Tierra, Gabriel Pari, y el director ejecutivo nacional de la AJAM, Jaime Sanabria, en la que se abordó la situación de las actividades mineras observadas en distintos puntos del departamento. Durante el encuentro, la Gobernación planteó la necesidad de conocer si las actividades y adjudicaciones para explotación minera identificadas en las zonas bajo observación cuentan con autorización de la AJAM y si fueron otorgadas conforme a la normativa vigente.