El diputado federal Carlos Enrique Canturosas Villarreal es, indudablemente, el hombre de los números alegres. En cuanta encuesta aplican las diferentes firmas, aparece siempre a la cabeza y como el favorito natural para ser el candidato a la presidencia municipal.
Sus niveles de popularidad están muy por encima de cualquier otro aspirante; sin embargo, él mismo se encarga de repetir que no tiene el menor deseo de competir en la próxima elección por la alcaldía, ni siquiera bajo la figura de la reelección buscar la diputación federal. En su lugar, deja entrever que tiene entre manos otro proyecto político y personal, uno que supuestamente se encuentra en pleno proceso de construcción.
El legislador se apura a aclarar que su desdén por la candidatura no se debe a la famosa ley antinepotismo, pues argumenta que esa reforma federal no lo alcanza por el momento, dado que entrará en vigor de manera plena hasta el 2030.
Aunque en el Congreso del Estado de Tamaulipas recientemente aprobaron una iniciativa local antinepotismo para los 43 municipios, la realidad es que esa advertencia parece no quitarle el sueño a nadie, especialmente en las regiones donde los apellidos familiares amenazan con repetirse en las boletas.
Para ser francos, esa iniciativa estatal tiene sin cuidado a las cúpulas de Morena. Es más, el partido guinda se verá obligado a ignorar el purismo de la ley si pretende retener ciertas alcaldías, pues esos apellidos “hereditarios” son los únicos que pueden garantizar una victoria electoral.
El ejemplo perfecto es Nuevo Laredo, donde existen todos los ingredientes para que se desate la tormenta perfecta ante la necedad de imponer a una candidata antipopular que no garantiza absolutamente nada en las urnas.
Seguramente por eso el gobernador Américo Villarreal Anaya recorre la entidad. En Nuevo Laredo, su visita no fue un simple acto de cortesía; llegó a desmenuzar el tenso panorama electoral de una plaza donde el riesgo de perder el control es sumamente alto.
No hay que olvidar que en la pasada contienda, la panista Yahleel Abdalá Carmona perdió por menos de cuatro mil votos ante la actual alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal. Una diferencia mínima que dejó herida a la oposición, pero no muerta.
Hoy, Yahleel se encuentra en franca campaña, moviéndose al mismo ritmo que las aspirantes de Morena, y electoralmente no hay nada que reprocharle. La casi segura abanderada del PAN recorre colonias, ofrece propuestas de crecimiento, presume su amor por las Águilas del América y reparte pozole. En ese caminar, su estrategia no escatima en recursos:
reparte sillas, despensas, pantallas de televisión, electrodomésticos, enseres de cocina y artículos para el hogar mediante loterías con atractivos premios.
Han intentado frenarla desde el aparato oficial, pero la panista no se amedrenta y ya se ubica en una posición muy competitiva en las encuestas, colocándose solo por debajo de Carlos Enrique. Ante ese escenario, el diputado federal se perfila como el único dique capaz de contener el avance azul.
Carlos Enrique, quien dice pertenecer a Morena —aunque formalmente llegó al cargo bajo las siglas del PVEM—, sostiene que sabrá disciplinarse ante el dedazo que venga de arriba:
“Yo no quiero ser candidato a la alcaldía, pero si Morena así lo decide, aceptaré la decisión para participar en cualquier posición que me designen. Sé que parece trillada mi respuesta, pero es la realidad: no me interesa participar en la próxima elección, pero si me mandan, aceptaré; soy un soldado de Morena”. Una retórica muy gastada, pero muy útil para ganar tiempo.
Nuevo Laredo es la joya de la corona: un municipio clave para el desarrollo económico del país y la aduana más importante, razón por la cual siempre está en la mira de los políticos que, de dientes para afuera, dicen querer “sacrificar” su tiempo para gobernarla.
Mientras tanto, la ley antinepotismo local se promovió desde la legislatura estatal con la clara dedicatoria de cerrarle el paso a ciertos perfiles, afectando principalmente a los propios aspirantes de Morena. A los opositores esa ley estatal les da risa; saben perfectamente que cualquier abogado electoral medianamente competente la puede echar abajo en los tribunales, bajo el argumento de que ninguna norma estatal puede pisotear un derecho político-electoral federal.
