El simulador

La denuncia dice que Díez Terroba se habría presentado además como socio de DGT Díez Gargari, cosa que se ha probado ya en la carpeta de investigación con la presentación de un prospecto denominado Proyecto Nemo

LO QUE TRASCIENDE en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, es un ambiente de tranquilidad, a pesar del intento de escándalo iniciado por el abogado Paulo Díez Gargari por su más reciente vinculación a proceso. La seguridad radica en que el asunto relacionado con IFM Investors ya no es el único frente penal que tanto Díez Gargari, como su socio e hijo, Paulo Díez Terroba, tendrán que enfrentar en el fuero común.

El litigante manifestó públicamente que el 3 de septiembre de 2026 fue vinculado a proceso por presunta falsedad en declaraciones, dentro del asunto iniciado por IFM Investors, que preside David Neal.

Sostiene ante los muchachos de Bertha Alcalde que la imputación es fabricada y carece de soporte fáctico y legal. Sin embargo, existe, al menos, otra investigación que se integra en contra del litigante y su socio.

Y en dicho expediente se sigue el mismo patrón: padre e hijo actuando en mancuerna, utilizando información privilegiada, simulaciones y prácticas extorsivas. Pero ahora contra quienes fueron sus propios clientes.

El asunto al que nos referimos fue iniciado por la empresa de la cual son socios los hermanos Luis y Ricardo Aldana Patrón, hijos del exlíder sindical petrolero, Ricardo Aldana Prieto.

Según la denuncia, Díez Terroba en complicidad con su padre habrían engañado a los Aldana, al hacerles creer que era abogado con la cédula obligatoria para ejercer la profesión, cuando él mismo ha confesado ya ante la autoridad ministerial que su nivel de instrucción es de “preparatoria”.

La denuncia dice que Díez Terroba se habría presentado además como socio de DGT Díez Gargari, cosa que se ha probado ya en la carpeta de investigación con la presentación de un prospecto denominado Proyecto Nemo, donde aparece una fotografía y una síntesis curricular de Díez Terroba usurpando la profesión de abogado.

Ese presunto engaño llevó a los hermanos a contratar servicios legales para al menos un litigio por el que el despacho cobró cantidades millonarias.

El asunto es tan delicado, que un juez de control encontró elementos suficientes para autorizar la solicitud de los estados de cuenta del despacho que recibió los pagos y que ya obran en la investigación.

De hecho, el despacho de los Paulos está denunciado como persona moral y, por ello, de acreditarse la responsabilidad de la sociedad y los supuestos legales aplicables, podría enfrentar intervención, suspensión de actividades o, incluso, disolución por haberse beneficiado de las conductas atribuidas a sus integrantes.

La ruptura con los Aldana habría llegado después de que las estrategias de los Díez complicaran los asuntos encomendados y sus clientes contrataran a otro despacho civil para atenderlos.

Según el señalamiento, padre e hijo insistieron en cobrar honorarios que los antiguos clientes consideraban improcedentes.

Ante la negativa, Díez Gargari habría entregado a una televisora documentación protegida por el secreto profesional, presentada fuera de contexto, para perjudicarlos y presionarlos a pagar.

La acusación comprende así un presunto uso de información confidencial como instrumento de cobro y una posible violación del secreto profesional.