Sus promotores alemanes, aseguran que producirá alrededor de 800 mil toneladas anuales de amoniaco, es decir, 2 mil 200 toneladas diarias
La planta de amoniaco que la empresa suizo-alemana Proman construye en Topolobampo, Sinaloa, con respaldo del banco alemán KfW IPEX-Bank, se ha convertido en una de las inversiones extranjeras más polémicas del país. El proyecto inició con una inversión estimada de 860 millones de dólares y hoy forma parte de un complejo que supera los mil 500 millones.
Sus promotores alemanes, aseguran que producirá alrededor de 800 mil toneladas anuales de amoniaco, es decir, 2 mil 200 toneladas diarias, con el objetivo de reducir la dependencia de fertilizantes importados y fortalecer la seguridad alimentaria. También se proyecta la generación de hasta tres mil empleos durante su construcción, además de una derrama económica relevante para el norte de Sinaloa.
Sin embargo, el debate ambientalista no debería ser sólo económico. La planta se ubica junto a la Bahía de Ohuira, un ecosistema de alto valor ambiental en el Golfo de California. Desde hace más de una década, comunidades mayo-yoreme, pescadores y organizaciones ambientales han advertido posibles afectaciones a manglares, pesquerías y áreas protegidas.
La controversia escaló al ámbito judicial y, en 2022, la Suprema Corte ordenó garantizar una consulta indígena adecuada. Incluso organismos internacionales han expresado preocupación por los posibles impactos ambientales y sociales del proyecto.
Y sí, las cifras explican el interés gubernamental. Actualmente, México depende en gran medida de las importaciones para abastecer la demanda nacional de fertilizantes, por lo que las autoridades consideran que la planta “podría contribuir a reducir la dependencia externa” y fortalecer la seguridad alimentaria, además de mejorar la competitividad del campo mexicano.
Hablemos de Alemania, es el quinto socio comercial de México a nivel mundial. En conjunto, la inversión alemana en territorio mexicano supera los tres mil 700 millones de dólares anuales, destacando principalmente en la industria automotriz y manufacturera (con marcas como Audi, Volkswagen y BMW) y China es el mayor productor mundial de amoníaco, uno de los países más contaminantes del mundo en términos absolutos pues Aporta aproximadamente 30% de las emisiones globales de CO2.
Alemania se ha construido durante décadas una reputación global como potencia ambiental. Es el país que exige estándares rigurosos de protección ecológica, impulsa la transición energética y presume una política industrial cada vez más verde.
Por lo que ambientalistas, lanzan una pregunta inevitable: ¿aceptaría Alemania la construcción de una planta petroquímica de esta magnitud en un territorio de alto valor ecológico y en medio de una disputa con comunidades indígenas? Si la respuesta es no, entonces estamos frente a un viejo patrón de colonialismo ambiental: los países desarrollados exportan hacia naciones con regulaciones más flexibles o instituciones más vulnerables los costos ambientales que no están dispuestos a asumir en casa.
· Posible alteración del ecosistema de la Bahía de Ohuira por el uso intensivo de agua de mar y su devolución a distinta temperatura, lo que podría afectar especies marinas y la cadena alimenticia.
· Riesgo de impacto sobre manglares, aves y biodiversidad en un ecosistema de alto valor ecológico.
· Posibles afectaciones a la pesca y a miles de familias que dependen de la actividad en la región.
· Riesgos industriales asociados al manejo de amoníaco, una sustancia tóxica que requiere altos estándares de seguridad. Y un conflicto social prolongado por la falta de consulta indígena adecuada, que ha derivado en litigios y controversia institucional.
Las protestas han llegado a la Embajada de Alemania en Ciudad de México y a Berlín, logrando frenar temporalmente el avance de las obras y el tránsito de maquinaria en el puerto de Topolobampo.
La discusión en Topolobampo no es si la planta generará empleos, sino si los beneficios económicos justifican exponer uno de los ecosistemas costeros más valiosos del noroeste mexicano a riesgos que aún generan controversia científica, social y jurídica.
