El gobierno de Trump impone nuevos aranceles a 60 países, entre ellos una quincena de América Latina.

Ciudad de México, 24 de julio de 2026. —La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que Estados Unidos haya impuesto a México un arancel nuevo sobre el que ya existía. En conferencia matutina desde Cuernavaca, Morelos, precisó que el gravamen denominado 301, anunciado por la administración de Donald Trump en el marco de la política contra el trabajo forzado, es la sustitución del aplicado en febrero de este año, no una carga adicional. "En este momento no tenemos un nuevo arancel del que ya teníamos previamente y estamos trabajando con Estados Unidos para poder llegar a un acuerdo de largo plazo en esta nueva visión que tiene el gobierno de Estados Unidos", declaró. La mandataria informó que el día anterior sostuvo una reunión con Jamieson Greer, representante de comercio de la administración Trump, a la que calificó como "muy buena". Reconoció que la negociación es compleja por la orientación proteccionista de Washington, cuyo enfoque prioriza la protección de su economía mediante aranceles a terceros países. Señaló que la decisión de subir gravámenes es unilateral de Estados Unidos y alcanza a múltiples naciones, no únicamente a México. La presidenta subrayó que el objetivo mexicano en las negociaciones es lograr que los aranceles no aumenten sino que se reduzcan, y que los empresarios radicados en México cuenten con certeza jurídica en materia comercial. Indicó que lo que busca Washington son mayores reglas de origen como parte de la revisión del T-MEC. Querétaro concentra industria automotriz, aeroespacial y de manufactura avanzada cuyos encadenamientos con el mercado estadounidense hacen de las negociaciones T-MEC uno de los factores de mayor incidencia en el empleo estatal.

Un mes antes de que Estados Unidos anunciara nuevos aranceles del 12,5% para un grupo de productos colombianos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ya había advertido a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) sobre la necesidad de expedir una reglamentación considerada estratégica para la relación comercial entre ambos países. La advertencia quedó consignada en una carta enviada el 22 de junio de 2026 por la ministra de Comercio, Diana Morales, al director de la Dian, Carlos Emilio Betancourt Galeano , en la que solicitó expedir, antes del 6 de julio, la reglamentación para prohibir la importación y exportación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio. Pese a la carta, divulgada por Blu Radio, esa regulación no fue expedida dentro del plazo solicitado. La relevancia de esa comunicación aumentó luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) publicara ayer la decisión de imponer aranceles adicionales del 12,5% a varios productos colombianos, como resultado de las investigaciones adelantadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. En la carta, el Ministerio explicó que la medida había sido incorporada durante la discusión del proyecto de ley del régimen sancionatorio aduanero y que buscaba establecer una prohibición expresa para la importación de bienes elaborados mediante trabajo forzoso. La implementación y reglamentación de esa disposición quedó a cargo de la DIAN, en coordinación con el Ministerio de Comercio. El documento señala que la iniciativa respondía a los compromisos internacionales asumidos por Colombia para combatir el trabajo forzoso, fortalecer los controles aduaneros y proteger la integridad de las cadenas de suministro, además de atender requerimientos formulados por Estados Unidos dentro del marco de la relación comercial bilateral. En la comunicación, la ministra Diana Morales destacó que era necesario mostrar avances concretos dentro de los plazos previstos y solicitó a la Dian adelantar las gestiones necesarias para que la reglamentación estuviera lista a más tardar el 6 de julio de 2026. También recordó que, durante las reuniones de coordinación interinstitucional, la Dian había manifestado su disposición de liderar la expedición de la norma y reiteró que el Ministerio brindaría el acompañamiento técnico y jurídico requerido para culminar el proceso. La carta adquiere ahora un nuevo significado porque evidencia que el Ministerio de Comercio había advertido con antelación sobre la importancia de expedir esta reglamentación dentro del plazo previsto. Pese a ello, la regulación no fue adoptada oportunamente y, semanas después, la USTR anunció la imposición de un arancel adicional del 12,5% a varios productos colombianos, una medida oficializada ayer, 23 de julio, como resultado de las investigaciones realizadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El documento también recuerda que la medida contaba con el respaldo del sector privado. En particular, el Consejo Gremial Nacional había solicitado establecer una prohibición para el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso, acompañada de criterios objetivos de riesgo, mecanismos de investigación, estándares probatorios, competencias institucionales claramente definidas y garantías de debido proceso. De acuerdo con el Ministerio, la expedición de esta reglamentación permitiría fortalecer el marco institucional colombiano, demostrar el compromiso del país con la protección de los derechos laborales y consolidar la confianza de los socios comerciales en las cadenas de suministro colombianas. Bloque de preguntas