Brasil tiene alimentos, energía, minerales y consumidores que interesan a las grandes potencias. Este domingo 4 de octubre de 2026 comenzará a decidir quién administra esas ventajas, para las empresas mexicanas, la elección plantea una pregunta concreta: ¿qué condiciones ofrecerá el próximo gobierno para vender, producir e invertir en la mayor economía de América Latina?
Lula da Silva y Flávio Bolsonaro proponen caminos distintos. Ambos enfrentarán el mismo problema: convertir la riqueza del país en crecimiento, con una deuda elevada y socios internacionales que persiguen sus propios intereses. De esa combinación saldrá el Brasil con el que harán negocios sus vecinos. La presidencia importa; también importan las cuentas públicas, los acuerdos comerciales y las autoridades que ejecutan los proyectos.
El sector agroalimentario muestra el peso económico de Brasil y la importancia de sus socios comerciales. Según el Ministerio de Agricultura brasileño, las exportaciones del agronegocio alcanzaron 169,200 millones de dólares en 2025, un aumento de 3% frente a 2024; China casi un tercio. La demanda china sostiene una parte importante del negocio, pero esa dependencia también implica un riesgo: si China reduce sus compras o cambia sus condiciones de importación, los efectos pueden alcanzar a productores, transportistas y proveedores brasileños.
Brasil también tiene una importante actividad minera, petrolera, industrial y de servicios. Para las empresas mexicanas, representa tanto un mercado donde vender como un competidor por clientes e inversiones. Sin embargo, ambos países tienen relaciones comerciales distintas: México está estrechamente integrado con Estados Unidos y Canadá, mientras Brasil forma parte de Mercosur y tiene a China como principal socio comercial. Esa diferencia influye en los aranceles, las cadenas de suministro y la competencia que encontrarán las empresas. Entrar al mercado brasileño exige conocer esas condiciones, en lugar de asumir que una estrategia exitosa en Estados Unidos funcionará igual en Brasil.
China, Estados Unidos y Europa ofrecen oportunidades distintas. Los chinos tienen un peso comercial difícil de sustituir, los estadounidenses buscan oportunidades de negocios y seguridad en suministros estratégicos, los europeos desean ampliar su acceso mediante Mercosur. Brasil intenta aprovechar esas relaciones sin quedar sujeto a una sola. Los candidatos presidenciales difieren en sus afinidades, pero ninguno ignora los costos de alterar esos vínculos.
El 30 de septiembre de 2026, Reuters informó que Brasil y Estados Unidos acordaron crear un grupo de trabajo para discutir un posible acuerdo comercial, donde Brasil busca reducir aranceles. El ministro Márcio Elías Rosa señaló que los minerales críticos podrían entrar en las conversaciones, con inversiones para su explotación. Su relevancia es clara: Brasil busca obtener infraestructura crítica para modernizar su industria y valor agregado a cambio dar acceso a sus recursos naturales.
Para una empresa, exportar mineral y procesarlo localmente son negocios diferentes: cambian los equipos, la energía, el empleo y los proveedores necesarios. Una alianza sobre materias primas puede, por tanto, generar demanda industrial y economías de escala. Ese potencial dependerá de compromisos comerciales y proyectos viables que el Gobierno busque impulsar y acompañar con regulación clara y estado de derecho.
Europa ya ofrece un cambio verificable. Según el Consejo de la Unión Europea (UE), el acuerdo comercial interino con Mercosur se aplica provisionalmente entre la UE y Brasil desde el 1 de mayo de 2026. La apertura sigue condiciones y calendarios por producto. Un fabricante mexicano de maquinaria, por ejemplo, tendrá que comparar su precio final con el de competidores europeos que reciban preferencias aplicables.
La región recibirá esos efectos de manera desigual. Las inversiones brasileñas pueden aumentar compras a proveedores vecinos o atraer fábricas que consideran otras ubicaciones latinoamericanas. Para México, habrá oportunidades de complementariedad y mayor competencia. La relación diplomática ayuda a abrir conversaciones; las condiciones comerciales determinan si una venta resulta rentable.
El próximo gobierno tendrá que explicar cómo pagar sus prioridades. La deuda bruta llegó a 82.9% del PIB en agosto de 2026, según datos del Banco Central publicados el 30 de septiembre y recogidos por Folha de S.Paulo. Es innegable que la restricción fiscal afecta decisiones privadas de inversión. Cuando los inversionistas dudan de la capacidad de controlar la deuda, pueden exigir mayores rendimientos para financiar al Estado. Eso dificulta abaratar el crédito de forma sostenida. Las empresas pueden enfrentar préstamos caros, clientes con menor capacidad de compra y proyectos que dejan de justificar su costo. También, se reduce el margen público para gasto en infraestructura. Por eso, las propuestas fiscales merecen tanta atención empresarial como las promesas de incentivos.
Lula, de 80 años, busca su cuarto mandato presidencial. El exdirigente sindical y referente del Partido de los Trabajadores vincula el desarrollo con protección social, inversión pública y capacidad industrial. Su continuidad ofrece a las empresas una orientación conocida: sostener ingresos familiares e impulsar sectores mediante instrumentos estatales. El desafío consiste en financiar esas prioridades y conseguir mejoras de productividad.
El 17 de septiembre de 2026, Reuters informó que Lula anunció un aumento cercano a 15% en el beneficio mínimo de Bolsa Família. El gobierno estimó un costo adicional de 22,000 millones de reales en 2027. La medida apoya el ingreso de los hogares y puede sostener el consumo; también aumenta los compromisos presupuestarios. Los comercios pueden ganar ventas, mientras los responsables económicos deberán resolver cómo financiar el programa.
Lula abordó esa tensión el 25 de septiembre de 2026 ante casi 700 empresarios y ejecutivos en São Paulo. Según Folha, afirmó que la estabilidad fiscal era una obligación del gobierno y rechazó equilibrar las cuentas mediante recortes a la seguridad social y las políticas de inclusión. Quedan claras las prioridades. Falta demostrar qué combinación de ingresos y control del gasto permitirá cumplirlas.
La política Nova Indústria Brasil, presentada en 2024, aporta otro componente. El Ministerio de Hacienda describe instrumentos de financiamiento e innovación mediante el banco de desarrollo BNDES y la agencia Finep. Los proveedores podrán encontrar oportunidades en proyectos respaldados por esas instituciones. Su alcance dependerá de las condiciones de acceso, la ejecución y la capacidad del apoyo público para movilizar inversión privada.
En política exterior, ORF America analiza, antes de la elección de 2026, una posible continuidad del multilateralismo, los BRICS y los vínculos con China bajo Lula. Es una lectura prospectiva. Las conversaciones comerciales con Washington muestran que esa orientación también admite acuerdos con Estados Unidos. Un nuevo mandato tendría que traducir esa diversidad de relaciones en mercados, financiamiento y tecnología para Brasil.