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Las familias más vulnerables y las microempresas de Portugal van a tener derecho a una ayuda para la compra de coches eléctricos. El anuncio se produjo a principios de noviembre, en el marco del debate sobre el Presupuesto del Estado para 2027, cuando la ministra de Medio Ambiente, Maria da Graça Carvalho, adelantó que el Gobierno iba a apoyar la compra de más de 20.000 vehículos, con la intención de subvencionar hasta el 80% del valor del coche, con un máximo de 15.000 euros.
El anuncio ha suscitado dudas desde el primer momento. Los detalles de la medida aún no se conocen por completo, entre otras cosas porque sigue siendo necesaria la aprobación final de la Comisión Europea, ya que esta ayuda se integra en el Plan Social para el Clima (Plano Social para o Clima), con una dotación estimada de 104,5 millones de euros para subvencionar la compra de unos 5.500 vehículos por parte de las familias más necesitadas en una primera fase, una meta que podría aumentar en cerca de mil unidades durante las negociaciones que aún se desarrollan en Bruselas.
El objetivo del programa, y de esta medida en concreto, es "combatir la pobreza energética y promover una movilidad más accesible y sostenible", con el foco en las familias vulnerables, "más expuestas a los impactos de la subida de los precios de los combustibles fósiles".
Así, el Gobierno prevé "apoyar la electrificación de la movilidad de 5.500 familias vulnerables" y "cerca de 9.000 microempresas".
Según la ministra de Medio Ambiente, el Gobierno optó por centrarse en las familias vulnerables porque Portugal es uno de los países de Europa donde los hogares con menos ingresos tienen más vehículos propios. La media es de alrededor del 20%, indicó Maria da Graça Carvalho, y llega al 24% en las zonas rurales. En las periferias de las grandes ciudades es de cerca del 23%. Se trata generalmente de coches antiguos, con elevadas emisiones de carbono, que el Gobierno quiere que sean sustituidos.
En lo que se refiere a los territorios rurales en particular, la ministra subrayó que las personas tienen coche "porque lo necesitan" y porque "el transporte público no resuelve los problemas en las regiones de baja densidad".
Según el Gobierno, en total hay 1,5 millones de hogares que pueden quedar abarcados por esta medida. En primer lugar, está destinada a los beneficiarios de la tarifa social de energía eléctrica. Son unas 750.000 familias y tendrán prioridad en la evaluación de las solicitudes. Después, se incluyen también los hogares con ingresos por debajo del 80% de la renta mediana nacional, es decir, de hasta 11.572 euros anuales.
El importe de la financiación todavía no está cerrado y puede oscilar entre el 70% y el 90%, pero el Ministerio de Medio Ambiente indica que debería situarse en el 80% del valor del vehículo. El valor de la financiación puede incrementarse en 1.000 euros si se entrega un vehículo usado para desguace. Y también habrá ayudas para la compra de los cargadores.
Además, en el caso de las familias vulnerables, el IVA no quedará a su cargo, adelantó la ministra de Medio Ambiente en una entrevista a Rádio Observador. De acuerdo con Maria da Graça Carvalho, el IVA será cubierto por otra financiación.