En la CC permanacen dos acuerdos comerciales a la espera de un dictamen. Además, de EE. UU., el de Emiratos Árabes Unidos.
Dos acuerdos comerciales impulsados por el Gobierno permanecen a la espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC) respecto a la vía que debe tomarse para su ratificación. Uno es el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART por sus siglas en inglés) entre Ecuador y Estados Unidos, y otro, el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) con Emiratos Árabes Unidos (EAU).
En tanto, siguen sumando observaciones a través de amicus curiae, principalmente sobre el ART, que en su mayoría coinciden en que el instrumento debe ser conocido y aprobado por la Asamblea Nacional.
El instrumento comercial con Estados Unidos fue firmado el 13 de marzo pasado, en Washington. Ingresó a la Corte el 21 de abril de 2026 y ha recibido casi 40 amicus curiae -39- de organizaciones sociales, gremios, colectivos y ciudadanos, entre el 8 de mayo y el 27 de julio.
Tras la firma del acuerdo recíproco, el presidente Daniel Noboa indicó que Ecuador tenía dos caminos: quedarse quieto o ir a buscar mejores condiciones y que eligió la segunda alternativa. “Firmamos con Estados Unidos un Acuerdo de Comercio Recíproco que elimina la sobretasa arancelaria que afectaba a los productos ecuatorianos. Este acuerdo beneficia al 53 % de nuestras exportaciones no petroleras, consolida sectores productivos que ya sostienen miles de empleos y abre la puerta para que nuevos productos ecuatorianos lleguen a ese mercado”, dijo el mandatario el 13 de marzo.
Por su parte, el CEPA fue presentado el 8 de mayo y no ha recibido ninguna observación a través de amicus curiae, de acuerdo con los registros de la CC. Fue suscrito el 1 de marzo pasado.
Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, uno de los principales beneficios del CEPA es que los productos no petroleros más relevantes del país accederán al mercado emiratí con arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo. Además, más de 4.000 productos, tanto agrícolas como industriales, quedarán cubiertos por el instrumento comercial.
En los amicus curiae del ART se plantean reparos tanto sobre el procedimiento para su aprobación como el contenido. El más reciente es de la Federación Única Nacional de Afiliados del Seguro Social Campesino (Feunassc), ingresado el 27 de julio.
En el documento de 18 páginas las observaciones que hace al instrumento se refiere a problemas constitucionales y menciona temas como la soberanía alimentaria, inversión extranjera, seguridad jurídica, entre otros.
Al igual que otros amicus curiae, señala que coincide que para la ratificación requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional y en el argumento de Feunassc por considerar que se encuentra incurso en los numerales 2, 3, 4, 6 y 8 del artículo 419 de la Constitución.
En la misma línea va la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), la cual indica que requiere aprobación legislativa, por encontrarse incurso en las causales previstas en los numerales 3, 4, 5, 6 y 8, también del artículo 419.
Por su parte, la Asociación Agroproductiva y Artesanal Kichwa Waysa Pamba menciona el numeral 4 del mismo artículo.
El artículo 419 señala que la ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los siguientes casos:
En otro documento consta la petición ciudadana, firmada por cerca de 2.000 personas, quienes exponen “preocupación de un amplio sector por los efectos” que el acuerdo podría tener sobre la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación, las semillas campesinas, la agrobiodiversidad y el patrimonio genético del país. En ese contexto, solicitan a la CC un control de constitucionalidad para asegurarse de que el procedimiento seguido y el contenido del acuerdo respeten la Constitución.
También hay quienes solicitan declarar la constitucionalidad, pero condicionada. Es el caso de la Asociación de Porcicultores del Ecuador (ASPE).
