La crisis del arroz en Perú continúa generando preocupación entre miles de agricultores. El incremento de los precios internacionales de los fertilizantes, impulsado por la crisis energética mundial y agravado en 2026 por el conflicto en Medio Oriente, ha elevado los costos de producción y golpeado severamente al sector arrocero nacional.
A esta situación se suman los bajos precios que reciben los productores por la venta de su cosecha, lo que ha provocado diversas manifestaciones y paros agrarios en distintas regiones del país.
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Ante este escenario, el Gobierno del presidente José María Balcázar aprobó el Decreto de Urgencia N.º 005-2026, mediante el cual se destinan S/170 millones para atender la problemática que afecta a la cadena productiva del arroz.
La medida contempla recursos para la compra directa de arroz a pequeños productores, así como el mantenimiento de infraestructura de riego en zonas afectadas por fenómenos climáticos.
Según el Ejecutivo, la iniciativa busca garantizar la comercialización de la producción nacional, apoyar a la agricultura familiar y reducir el impacto de las distorsiones del mercado.
Los recursos aprobados serán administrados a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y se distribuirán de la siguiente manera:
El arroz adquirido será entregado gratuitamente a familias en condición de pobreza y pobreza extrema en diferentes regiones del país.
Pese al anuncio del Gobierno, diversos gremios arroceros consideran que los recursos asignados no tendrán un impacto significativo en el mercado nacional.
La Confederación Nacional de Productores Agrarios Arroceros del Perú (Conarroz) señaló que la compra estatal propuesta resulta insuficiente para solucionar el exceso de oferta que afecta actualmente a los agricultores.
Según explicó el dirigente Wilder Vásquez Huanca, para generar un efecto real en los precios del mercado sería necesario adquirir aproximadamente 180 mil toneladas de arroz, lo que demandaría una inversión cercana a los S/300 millones.
Los representantes del sector sostienen que una mayor compra estatal permitiría retirar parte del excedente de producción y mejorar los ingresos de los agricultores.
Asimismo, proponen que el arroz adquirido sea distribuido entre las poblaciones más vulnerables del país, tomando en cuenta los recientes reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre el incremento de la pobreza monetaria.
Mientras tanto, los productores continúan exigiendo medidas más contundentes para enfrentar una crisis que atribuyen a factores como la sobreproducción de arroz, el ingreso de arroz de contrabando y las importaciones provenientes de mercados internacionales.
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