Irán advierte respuesta militar si EU endurece el bloqueo marítimo

La dirección del grupo alemán someterá al consejo de administración, por segunda vez, el recorte de plantilla y de fábricas aunque estudia una alternativa para saltarse el bloqueo sindical y del Estado de Baja Sajonia a través de una junta de accionistas Volkswagen evalúa ajustes “en todas las marcas, empresas y regiones” Volkswagen afronta una semana decisiva para el futuro de sus trabajadores. La dirección del grupo volverá a someter, el próximo 4 de septiembre, al consejo de administración su controvertido plan de reestructuración, que contempla la supresión de hasta 100.000 empleos , posibles cierres de fábricas y la separación de algunas actividades. El proyecto ya fue rechazado en la anterior reunión del consejo , celebrada en julio, y afronta una nueva votación en un clima de creciente tensión entre la cúpula y los sindicatos y el Estado de Baja Sajonia. La presión es especialmente elevada porque el consejo de administración de Volkswagen cuenta con una estructura de poder poco habitual reservada a grandes empresas alemanas por la ley de la cogestión. De sus 20 puestos, actualmente uno está vacante, mientras que los representantes de los trabajadores y Baja Sajonia controlan 12 sillas, lo que les permite bloquear el plan de la dirección. El Estado alemán de Baja Sajonia (donde se ubica la sede central de Wolfsburg) posee además un 20% de las acciones con derecho a voto y cuenta con una posición de bloqueo efectiva en determinadas decisiones estratégicas. El primer ministro de Baja Sajonia, Olaf Lies, uno de los principales actores en las negociaciones, ha reclamado a todas las partes que aprovechen los últimos días antes de la reunión para alcanzar un acuerdo. “Insto encarecidamente a que aprovechemos el tiempo que queda hasta la próxima reunión para conciliar las diferentes posturas”, afirmó el viernes. Lies considera que Volkswagen debe afrontar con urgencia sus problemas de costes y competitividad, pero también recuerda el impacto que cualquier decisión tendrá sobre los trabajadores, sus familias y toda la red de proveedores y empresas de servicios vinculada al grupo. Ruptura entre IG Metall y la dirección El pulso se produce después de que el consejero delegado, Oliver Blume, haya participado en asambleas con trabajadores para explicar el endurecimiento del programa de ajuste que el grupo había pactado con los sindicatos en 2024. Aquel acuerdo ya contemplaba la eliminación de unos 50.000 puestos de trabajo, principalmente mediante jubilaciones, bajas voluntarias y una política de contratación restrictiva, a cambio de garantías de empleo. Ahora Volkswagen plantea otros 50.000 puestos afectados, aproximadamente la mitad en Alemania y la otra mitad en el ámbito internacional, en unas 170 sociedades. Blume anunció que el grupo pretende evitar en la medida de lo posible los despidos forzosos y apuesta de nuevo por las salidas voluntarias, especialmente las jubilaciones y los acuerdos individuales. Sin embargo, el anuncio ha provocado una fuerte reacción entre los trabajadores y ha deteriorado la confianza en la cúpula del grupo. Oliver Blume en la presentación de resultados de Volkswagen La presidenta del comité de empresa, Daniela Cavallo, ha cuestionado abiertamente la gestión de Blume y ha asegurado que la confianza en el máximo ejecutivo está “deteriorada”. Desde el sindicato IG Metall, el responsable del distrito de Baja Sajonia, Thorsten Gröger, ha elevado todavía más el tono y ha acusado a la dirección de llevar a cabo una gestión “desastrosa” de la comunicación interna. La central considera que los trabajadores ya han realizado importantes sacrificios y reclama que cualquier nuevo ajuste vaya acompañado de garantías sobre inversiones, nuevos modelos y carga de trabajo para las fábricas alemanas. La amenaza de movilizaciones, incluidas las huelgas, empieza a aparecer de nuevo en el horizonte. Gröger ha recordado que el periodo de paz social permanece vigente hasta finales de año por los acuerdos anteriores, pero ha advertido que a partir de 2027 los trabajadores podrían recurrir teóricamente a los paros. “Todo apunta a un conflicto”, ha señalado el dirigente sindical, que considera que la dureza de las medidas planteadas por algunas empresas del automóvil no guarda proporción con la situación del sector. Cuatro fábricas, en el punto de mira Uno de los principales focos de conflicto es el futuro de las plantas alemanas. Durante su reciente gira por las instalaciones del grupo, Blume reconoció que Emden, Hannover, Zwickau y Neckarsulm todavía no tienen una perspectiva de producción viable para la década de 2030. Volkswagen insiste en que todavía no ha tomado ninguna decisión sobre el cierre de estas fábricas y que clausurar una planta sería “siempre la solución de último recurso y la más costosa”. Sin embargo, la falta de carga de trabajo prevista para algunas instalaciones alimenta la preocupación entre los trabajadores y las autoridades regionales. La dirección sostiene que el ajuste es necesario para recuperar competitividad en un momento especialmente complicado para el fabricante. Volkswagen está sufriendo la presión de los aranceles estadounidenses, la debilidad de sus ventas y beneficios en China y el avance de los fabricantes asiáticos tanto en el mercado chino como en Europa. A ello se suma la necesidad de reducir costes y acelerar la transformación tecnológica del grupo. Las familias Porsche y Piëch, principales accionistas de Volkswagen a través de Porsche SE, también están presionando para elevar la rentabilidad y acelerar la reestructuración. Su posición añade presión sobre Blume para ejecutar un plan más ambicioso, pese a la resistencia del comité de empresa y de Baja Sajonia. Un plan B si el consejo vuelve a votar en contra La gran incógnita de la reunión del 4 de septiembre es qué ocurrirá si el consejo de administración vuelve a rechazar la propuesta de la dirección. Volkswagen ya estaría estudiando una vía alternativa, según la prensa alemana: convocar una junta extraordinaria de accionistas, posiblemente en octubre, para trasladar directamente a los inversores la decisión sobre los puntos más polémicos de la reestructuración. Se trataría de un movimiento extraordinario dentro de la tradicional cultura empresarial alemana, basada en la búsqueda de consensos entre dirección, trabajadores y accionistas. La junta general presenta, además, un equilibrio de poder diferente al del consejo de administración, ya que los representantes de los trabajadores no tienen derecho a voto y Baja Sajonia dispone del 20%. Sobre el papel, esta vía podría permitir a la dirección superar el bloqueo del consejo. Las familias Porsche y Piëch, que han mostrado su apoyo al ajuste de Oliver Blume , controlan a través de Porsche SE el 53,3% de los derechos de voto, mientras el fondo soberano de Qatar posee otro 17%. El resto está en manos de otros accionistas. Sin embargo, el escenario no está exento de dificultades jurídicas. La denominada Ley Volkswagen establece condiciones especiales para determinadas decisiones corporativas y podría exigir mayorías superiores a las habituales, especialmente en operaciones como la escisión de determinadas actividades. La dirección podría tratar de apoyarse en el artículo 111 de la Ley de Sociedades Anónimas alemana para llevar el conflicto directamente a los accionistas, pero una decisión de este tipo podría desencadenar una larga batalla legal, según los expertos de Alemania. Antes de llegar a ese extremo, las partes todavía disponen de una última oportunidad para negociar. El comité ejecutivo del consejo de administración, integrado por el presidente del comité de empresa, el primer ministro de Baja Sajonia y representantes de las familias Porsche y Piëch, se reunirá el 3 de septiembre, un día antes de la votación.

El dato ha supuesto afianzar la actual fase expansiva iniciada hace cuatro años. Se trata de un crecimiento más “sano” que el de la anterior expansión, pero la evolución de la productividad sigue siendo el talón de Aquiles de la economía española A vueltas con la inversión extranjera directa en España El pasado 30 de julio el INE publicó el avance de la Contabilidad Nacional del segundo trimestre . El dato, un crecimiento trimestral de 0,7% sorprendió a todo el mundo. El consenso de Funcas, en el que participan 18 servicios de estudio e institutos de investigación, entre ellos, el mío, el Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), tenía una previsión promedio de 0,5%, aunque muchas entidades se situaban por debajo. El dato supone una aceleración con respecto al crecimiento del primer trimestre (0,6%), algo que nadie esperaba, y obliga a revisar al alza el pronóstico para el conjunto del año , que el mismo consenso situaba en 2,3%. Ahora, incluso con un perfil moderado para el resto del año, difícilmente se crecerá por debajo del 2,5% en el conjunto de 2026, que era la previsión de ICAE, una de las más optimistas. Una vez más, parece que el Gobierno, que en junio se situó “fuera de mercado” al anticipar en el cuadro macro que acompañaba al techo de gasto, un crecimiento del 2,6% este año, cuatro décimas más alto que su propia previsión anterior, tiene muchas opciones de volver a acertar. Algunos han hablado de que, con este dato, la prevista desaceleración de la economía española se volverá a retrasar. Incluso algunos hablan de una fase expansiva inédita desde que estamos en el euro. En el gráfico presento la serie de PIB real (índice con base 100 en 2020) desde 1995 que muestra que, en efecto, el reciente boom económico recuerda al de final de siglo XX y comienzos de este. Sin embargo, la expansión actual no es comparable, ni en magnitud ni en duración, a aquella. La que arrancó en 1995, con el último gobierno de Felipe González, duró 53 trimestres, todos los de Aznar y la primera legislatura de Zapatero, alcanzándose el máximo en el segundo trimestre de 2008. Y su crecimiento promedio trimestral fue del 0,86%. El actual ciclo expansivo lleva 12 trimestres y un crecimiento promedio trimestral de 0,76%. Pero sí puede afirmarse que es el mejor desempeño de los últimos 20 años. Tras el boom de principios de siglo, la economía española sufrió un estancamiento de más de ocho años, por el impacto de la crisis financiera internacional y el pinchazo de las burbujas de crédito e inmobiliaria. Ese PIB de 2008 no se consiguió recuperar hasta finales de 2016. El crecimiento posterior fue más tibio que el actual (0,56% trimestral promedio) hasta que llegó la Covid 19. Y el PIB del último trimestre de 2019, máximo hasta el inicio de la pandemia, no se recuperó hasta el 2o trimestre de 2022. Por tanto, el dato del segundo trimestre de 2026 ha supuesto afianzar la actual fase expansiva iniciada hace cuatro años. Se trata de un crecimiento más “sano” que el de la anterior expansión, pues no está basado en burbujas, y muy superior al de economías de nuestro entorno. Pero algunos analistas defienden, sin embargo, que su composición denota los síntomas de un final de ciclo: un crecimiento basado en el consumo –tanto público como privado– y el debilitamiento de la inversión y las exportaciones serían las señales de agotamiento de la fase expansiva. En la Tabla 1, sin embargo, muestro que dicho patrón no es tan claro. Comparo el crecimiento de cada componente de la demanda del segundo trimestre con el del promedio de los últimos 10 trimestres. El consumo de los hogares no ha tenido un repunte significativo, pese a haber subido con respecto al trimestre anterior. De hecho, en relación al PIB, crece como la ha hecho en los últimos 4 años de expansión. Y no crece por encima del PIB. En lo que se refiere al consumo público, contrariamente a los que se suele decir, no es en absoluto el motor del crecimiento de la economía española. De hecho, crece significativamente menos que el PIB y, en el último dato, lo hace la mitad de lo que lo ha hecho en los últimos 10 trimestres. Con respecto a los drivers positivos, que presuntamente muestran señales de agotamiento, las exportaciones de bienes y servicios no sólo no se han frenado, sino que se han acelerado, aunque el papel del turismo internacional ha sido clave. Donde sí se nota un desplome significativo es en la inversión, tanto en construcción como en bienes de equipo, maquinaria y sistemas de armamento. La primera ha pasado de crecer un 1,35% trimestral promedio a un exiguo 0,11% en el segundo trimestre. Ello parece indicar que el sector de la construcción no consigue acelerarse, pese a la creciente demanda de vivienda y la proximidad de las elecciones regionales y locales. En cuanto a la inversión en equipo, la caída es algo menor, pero también muy significativa, cercana a un punto en promedio. Sin duda este es el punto más negativo del crecimiento del PIB trimestral. Finalmente, la evolución de la inversión explica la moderación del crecimiento de las importaciones, la mitad de lo que lo han hecho en los diez trimestres anteriores, lo que ha ayudado a sujetar el crecimiento de la economía en su conjunto. Además de la evolución de la inversión, tanto la productiva como la residencial, el otro punto débil del dato del segundo trimestre es la evolución de la productividad, el talón de Aquiles de la economía española. Los datos, en crecimiento anual, se recogen en la Tabla 2. La productividad por trabajador ha aumentado, aunque haya sido de forma modesta, frente al crecimiento nulo (o incluso negativo) de los 10 trimestres anteriores. Ello podría ser una señal de mantenimiento del impulso al crecimiento. Sin embargo, el crecimiento de la productividad por hora, que había sido prometedor en los últimos años (crecimiento medio de 0,75%) se ha vuelto a hundir en el último dato. En resumen, un buen dato agregado que indica que no va a haber una desaceleración a corto plazo de la economía española, aunque la evolución de la inversión en equipo y de la productividad arrojan alguna incertidumbre en el medio y largo plazos.