Cambio centro de datos por instituto: un pueblo de Zaragoza exige compensaciones al Gobierno de Azcón

Villamayor de Gállego pide la construcción de un centro educativo y una variante para paliar el impacto de un complejo logístico alimentario y dos centros de datos

A solo 10 kilómetros de la capital aragonesa, al pie de la autovía de Barcelona y en el centro del valle del Ebro, Villamayor de Gállego, con casi 3.000 habitantes, lo tiene todo para atraer inversiones. Suelo, energía, agua y localización. Grandes tecnológicas y de otros sectores ya han puesto los ojos en su territorio. En cosa de dos años y sin preguntar a nadie, el paisaje de pequeño municipio pegado a la ciudad, pero rodeado de huertas, monte y cultivos, cambiará para siempre. Y todo sin que el Ayuntamiento pueda hacer caja ni llenarse el bolsillo. Casi ni protestar.

Villamayor de Gállego, como otros municipios del cinturón de Zaragoza, se queda sin poder cobrar impuestos municipales como el ICIO a los impulsores de estos grandes negocios privados sencillamente porque todos ellos han sido declarados Planes de Interés para el Gobierno Autonómico (PIGA) y el Ejecutivo de Jorge Azcón les exime de esta y otras cargas fiscales, un pellizco municipal de unos 100 millones de euros, según cálculos del Ayuntamiento.

Por todo esto, el municipio ha emprendido un contencioso contra el Gobierno de Aragón, ha sido el único consistorio en España que ha presentado alegaciones al real decreto del ministerio para regular los centros de datos y, si nada funciona, está dispuesto a negociar. Un instituto para el pueblo y una variante a cambio de acoger a estos gigantes tecnológicos, de Microsoft y Azora, y a un gran proyecto agroalimentario. Los frentes ya están abiertos.

Parece David contra Goliat, pero Villamayor tiene pedigrí en batallas complejas. Hace 21 años, no era ni pueblo. Barrio rural de Zaragoza, tampoco quería ser dormitorio de la capital y durante años luchó a brazo partido por convertirse en municipio y conseguir la independencia. Más de una década duró esta guerra entre vecinos y en los tribunales, que obtuvo incluso el permiso de un Consejo de Ministros de Rodríguez Zapatero para hacer una consulta popular.

En 2006 se convirtió en el municipio 731 de Aragón. Y ahora reclaman ese municipalismo para poder decidir, o al menos no solo sufrir, el impacto de unas inversiones cuyos “beneficios serán globales, pero los perjuicios son locales”, según piensan vecinos como el arqueólogo José Luis Ona. “Y aquí nadie nos ha consultado, ni reunido, ni nada en dos años”, critica .

“Ya estamos contribuyendo al interés general de Aragón con mano de obra y todo lo que conllevan estas inversiones”, dice el alcalde, José Luis Montero, en referencia al instrumento que utiliza el Ejecutivo autónomo para extenderles la alfombra roja, los famosos planes PIGA. Se trata de una baza legal que empezó a aplicar ya el Ejecutivo del fallecido Javier Lambán y que el Gobierno de Azcón ha multiplicado con profusión, que recorta a la mitad los trámites administrativos en tiempo y en dinero para estas inversiones privadas.

Las cifras son muy golosas. La primera gran inversión la anunció el grupo aragonés Costa, para emprender en Villamayor un complejo logístico agroalimentario por casi 500 millones de euros. El Gobierno de Aragón la declaró de interés autonómico y, por tanto, eximió del impuesto de construcción municipal. Justo después, vinieron los centros de datos con cifras tan abultadas que marean.

El primero lo anunció Microsoft de la mano de Jorge Azcón en julio de 2024, con una inversión del gigante tecnológico de 2.200 millones en una granja de servidores que ocupará 87,4 hectáreas en el municipio, justo al lado del complejo Costa. Solo horas antes de la rueda de prensa que lo oficializaba, una llamada telefónica desde el edificio Pignatelli, sede del Gobierno aragonés, un consejero avisó al alcalde de la noticia. Por supuesto, Microsoft también se benefició de la declaración y el plan que lo declaraba de interés autonómico. Hoy ya están levantando las catas de hormigón para probar el suelo donde levantarán su complejo tecnológico.

Pero la puntilla la puso el segundo centro de datos en el mismo municipio, del grupo inmobiliario Azora, por 1.100 millones, que también empezará la construcción a finales de este 2026. Este proyecto, del que el alcalde se enteró por la prensa, también obtuvo los parabienes del Ejecutivo regional con la consiguiente eliminación del impuesto de construcción y fue “la gota que colmó el vaso”. El Ayuntamiento decidió entonces plantear un contencioso, “no contra Azora, que quede claro”, subraya el alcalde, “esto va contra el Gobierno de Aragón” remarca.

Y al mismo tiempo que empieza el recorrido en los tribunales, el Ayuntamiento de Villamayor también negocia. Y con algunos mejor que con otros. “El grupo Azora es el más proactivo y el que más ha atendido las peticiones que le hace el municipio”, relata el alcalde. La empresa, cuyo centro de datos beberá del mismo abastecimiento del pueblo, se ha comprometido a multiplicar la capacidad de esta red impulsando dos depósitos nuevos de agua que sufragará con millón y medio de euros y “también contribuirá al Ayuntamiento con ciertas cantidades de dinero conforme avancen sus obras”. Pero Montero quiere más intercambios a favor de su pueblo.

“Quedamos con el Gobierno de Aragón en que nosotros pagábamos el proyecto para un nuevo instituto para el pueblo y ellos sufragaban la obra, pero no han hecho ni un movimiento”, se queja el alcalde, que ha convertido esta exigencia en clave para seguir adelante o no con el contencioso en los tribunales. El actual centro educativo se les está quedando pequeño, los alumnos tienen que repartirse en otro instituto de Zaragoza y ahora, con la llegada de estas inversiones “y de más gente al pueblo”, también necesitarán “más servicios”. Y ya puestos, el alcalde pide una variante “que libre al municipio de soportar el tráfico de camiones que lo atravesarán con las obras”.

En febrero de este año se expropiaron los terrenos. El centro de datos de Microsoft afecta a la huerta de Villamayor y el sindicato de riegos está que trina. “No nos han tenido en cuenta, nos han dejado de lado y vamos a ir a por todas”, dice su secretario y letrado Angel Goni, pero no se refiere al consumo de agua que tendrán estas infraestructuras y del que no saben “nada”, sino a que hace seis meses que van “detrás de Microsoft para que compense con una acequia nueva la que dejará afectada por su instalación y el nuevo trazado de la carretera que pasará por medio de la huerta, pero de momento ni palabra”.

También suspira por las huertas, el monte y el paisaje entero el vecino Jose Luis Ona, porque “cambiará de forma irreversible”. “Nos encontraremos un centro de datos a un kilómetro de las casas del pueblo, con lo que conlleva de ruido 24 horas”, lamenta. Este residente vaticina que la tranquilidad de ahora será un lujo perdido, lo mismo que “parte del monte, porque será inevitable el llenarlo de parques de renovables para atender tanta demanda de energía”. Y no le falta razón. Según el consumo recogido en los PIGAS, el centro de Azora necesitará 2.628 GWH al año ―el 25% del consumo eléctrico de todo Aragón― y el de Microsoft todavía más, 3.700 GWH anuales.

Pero la opinión va por barrios. Para el pintor Pepe Cerdá, que hace décadas cambió París por Villamayor, “los centros de datos son inherentes al desarrollo, no se entenderá el internet del futuro sin ellos”, y la aritmética, apunta, “siempre va reñida con la ideología”. Pero la tensión es, de momento, más administrativa y política que social, porque las obras todavía no han comenzado. Pero en este municipio no solo acogerá estos dos centros de datos, sino que también afectarán a su término municipal otros tres data centers ―de ACS, Amazon y Vantage― que se instalarán en pueblos limítrofes, pero beberán de la misma subestación eléctrica de Villamayor de Gallego, la de Peñaflor.