El aguacate de Michoacán, atrapado entre el crimen y las exigencias de Estados Unidos

El Gobierno mexicano se ve obligado a fortalecer la estrategia de seguridad en el Estado, donde ya había instalado medidas contra la extorsión

Los carteles de los Reyes y Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, Los Viagra… Varios grupos criminales han sacado por años tajada de la extorsión a los productores de cítricos y de aguacate de Michoacán. Un lastre que parece inacabable. En noviembre, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum colocó al Estado en la cima de prioridades tras los asesinatos del alcalde de Uruapan Carlos Manzo y del líder citricultor Bernardo Bravo, quienes habían acusado la presión y el cobro de piso de las mafias. La estrategia ha resultado en 950 detenciones desde que inició hace nueve meses, informó este martes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Sin embargo, la captura del R1 hace poco más de una semana desató un clima de violencia que llevó a Estados Unidos a suspender de manera exprés la importación del llamado oro verde mexicano. Michoacán y su aguacate están atrapados entre el crimen y la presión de Washington.

El Plan Michoacán, con un presupuesto de 57.000 millones de pesos (unos 3.000 millones de dólares), se presentó como una estrategia para arrancar de raíz un problema que arrastraban tras ella los presidentes, de todos los colores, de los últimos 19 años. “Por la Paz y la Justicia”, el plan que descansa en tres pilares: Seguridad y Justicia; Desarrollo Económico y Educación y Cultura para la paz, consiste en un aumento de la presencia de militares en la región, nuevas estrategias de combate a la extorsión de agricultores, la ampliación de becas estudiantiles y apoyos sociales, hasta la inversión en carreteras y alambrado público

El golpe de realidad, con el que se ya se han enfrentado distintos mandatarios, llegó menos de un año después, cuando Washington anunció el parón de la importación de aguacate hace una semana. Sheinbaum lanzó un mensaje de calma: “Estamos haciendo un plan de trabajo muy importante para garantizar todavía más la seguridad en ciertas zonas, donde no había tanta presencia de la Guardia Nacional”. El plan para fortalecer el plan fue desplegar 1.557 efectivos más.

Después del empuje de Estados Unidos, y minutos antes de empezar la conferencia sobre seguridad de los martes en Palacio Nacional, García Harfuch avisó de la captura de 12 personas. Ocho hombres y cuatro mujeres, todos relacionados con la extorsión y el cobro de piso, desde los productores hasta transportistas y empacadores del sector aguacatero, limonero, ganadero y cárnico, así como a misceláneas. Al ser cuestionado sobre quién está detrás de los sujetos, el secretario ha dicho que “lamentablemente a estos productores de aguacate los han extorsionado varios grupos”.

Entre los grandes nombres que han caído desde que arrancó el Plan Michoacán, el secretario de Seguridad enumera a Alfonso La Quiringüa Fernández, líder del Cartel de Los Reyes y por quien el Gobierno estadounidense ofrecía cinco millones de dólares. Aparece El Bótox, el mayor extorsionador y objetivo prioritario de nombre César Sepúlveda, que se había convertido a punta de violencia en proveedor e intermediario obligado para buena parte de la actividad de la región. Y en días más recientes, Ramón Álvarez Ayala, El R1, jefe en las sombras del traumático asesinato de Manzo y un prominente operador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Estado. “Sin importar a qué grupo pertenezcan, lo que estamos haciendo es detenerlos”, dijo García Harfuch.

Estos integran las 950 capturas presentadas por el Gobierno, una cifra que pone dimensión al conflicto de la extorsión en el Estado. Las amenazas, el cobro de piso y el terror llegaron a oídos de la embajada estadounidense por los supervisores que trabajan para la Secretaría de Agricultura estadounidense (USDA, por sus siglas en inglés) en territorio michoacano. Según ha aclarado García Harfuch, no recibieron amenazas, sino que alertaron a Estados Unidos sobre la situación. Algunos de ellos son mexicanos que trabajan para ese Gobierno, ha detallado la presidenta, quien asegura que ya tenía información de la presencia del crimen, por lo que había alistado una reunión con los líderes aguacateros.

Las mafias se han ensañado con esta actividad porque es un negocio millonario. Michoacán cuenta con una certificación fitosanitaria para enviar toneladas del fruto al mercado estadounidense, que ya domina como el principal productor de aguacate de México, con el 88%. El año pasado, el aguacate fue el segundo producto alimentario más enviado a ese país, lo que representó el 8,1% de las exportaciones agrícolas sumando 3.653 millones de dólares. La Embajada de Estados Unidos en México pidió a los supervisores dejar sus puestos. Sin su visto bueno el fruto no puede llegar a ese país.

La presidenta ha intentado calmar las aguas recordando que Estados Unidos ha parado las exportaciones desde México “como cinco veces” antes. Las últimas fueron en 2022 y 2024. En la primera, uno de los inspectores de la USDA fue amenazado por un grupo criminal, por lo que Washington detuvo el procesamiento del fruto durante ocho días. Después de acordar medidas de seguridad con el Gobierno de México, las actividades en la región aguacatera se reanudaron. En esa ocasión el paro coincidió con la celebración del Super Bowl, cuando el consumo de aguacates se dispara en Estados Unidos por la tradición del guacamole que alcanza envíos de hasta 127.000 toneladas desde México. La de hace dos años derivó de la retención en bloqueos de carretera de dos funcionarios estadounidenses.

A nueve meses de iniciado el plan, el cuarto en materia de seguridad destinado exclusivamente para Michoacán en 20 años, la estrategia está obligada a fortalecerse. Desde Uruapan operará un Centro Regional de Fusión de Inteligencia y el puesto de mando que coordinará el despliegue. Se establecerán bases de operación en 17 empacadoras y 29 bases en municipios productores, además de vigilancia de la Guardia Nacional en las principales vías de comunicación y acompañamiento a personal de Senasica en puestos de inspección, como lo presentó el General Ricardo Trevilla, titular de la Defensa. Esto se suma a los 860 militares que ya estaban destinados a responder a las denuncias de los aguacateros, 820 dedicados a los limoneros y una línea de denuncia anónima anunciada en noviembre.