El golpe de 1979: La oportunidad perdida

La apertura de 1979 representó la oportunidad más seria de transformar el Estado salvadoreño sin recurrir a la guerra; su sabotaje por los extremos del espectro político cerró una de las ventanas más importantes de democratización sustantiva que el país ha tenido en su historia.

Tras el golpe de Estado de 1979, tanto la izquierda que luego conformaría el Frente Farabundo Martí Para La Liberación Nacional-FMLN como la ultraderecha coincidieron y conspiraron en derrotar una de las más importantes aperturas políticas que El Salvador ha tenido en su historia.

Por primera vez, se presentaba una coyuntura que incluía a los salvadoreños en todas sus expresiones como actores políticos‑sociales —en el sentido revolucionario y, si se quiere, platónico de la democracia— y no simplemente como votantes pasivos, que es la definición formal de la democracia política.

La ausencia de represión política y la libertad de pensamiento formaban parte explícita de la agenda de la primera Junta. Lo importante es que, durante esta coyuntura, amplios sectores de los salvadoreños estaban organizados de alguna forma, todos con una agenda política, social y económica que sigue sin ser superada hasta hoy.

La apertura de 1979 representó la oportunidad más seria de transformar el Estado salvadoreño sin recurrir a la guerra; su sabotaje por los extremos del espectro político cerró una de las ventanas más importantes de democratización sustantiva que el país ha tenido en su historia. La Junta de octubre de 1979 articuló sectores civiles, populares y militares que nunca antes habían coincidido en un proyecto de transformación.

De haber sido manejada adecuadamente, esta iniciativa pudo haber evitado —o al menos mitigado de manera significativa— la espiral de violencia que desembocó en más de 70,000 muertes y millones de refugiados durante la guerra civil.

En el plano civil, Guillermo Ungo (Movimiento Nacional Revolucionario-MNR), Rubén Zamora (ala progresista del Partido Demócrata Cristiano-PDC), Enrique Álvarez Córdoba (profesionales reformistas) y Salvador Samayoa (representante de las organizaciones revolucionarias dentro de la Junta) conformaron una fuerza con legitimidad y capacidad técnica para gobernar. Fuera de la Junta, el movimiento popular — estudiantes, sindicatos, organizaciones campesinas, trabajadores del campo, comunidades eclesiales de base, maestros, trabajadores de salud, asociaciones profesionales, amplios sectores de las capas medias, e incluso la diáspora— tenía la amplitud organizativa para movilizar centenares de miles de personas. En el plano militar, la Juventud Militar, encabezada por el coronel Adolfo Majano, miembro de la Junta de Gobierno, representaba un sector reformista capaz de contrarrestar coyunturalmente a los mandos reaccionarios dentro del ejército y fuerzas de seguridad tradicionalmente represivos. La oportunidad existía.

Dentro de la Junta operaba un golpe en desarrollo encabezado por el coronel Jaime Abdul Gutiérrez, orientado a bloquear reformas y restaurar el control tradicional. Ese contragolpe fue alentado y respaldado por la oligarquía, históricamente vinculada al ala represiva del ejército y a los aparatos de seguridad del Estado. La oligarquía actuó en tres niveles simultáneos que reforzaron al polo reaccionario: en el plano político, respaldó la línea del coronel Gutiérrez, del General de Brigada y ministro de Defensa Guillermo García, del Coronel y viceministro Nicolás Carranza y el ala represiva del ejército, apoyando la continuidad del aparato de seguridad y presionando para frenar o revertir las reformas estructurales; en el plano económico, ejecutó una presión sistemática sobre los exportadores para generar crisis de liquidez, debilitando al polo reformista y alimentando la narrativa de que “las reformas causaban caos”; En el plano internacional, miembros del sector empresarial conservador salvadoreño —a través de sus vínculos directos con la Embajada de EE.UU. y el Departamento de Estado— transmitió y reforzó la narrativa según la cual el programa reformista impulsado por Majano y los civiles (Ungo, Mayorga, et al)  podría abrir espacio a la radicalización izquierdista, mientras que el ala represiva del ejército representaba la opción de estabilidad y orden.

Aquí se presentó una dualidad de poder: coexistían dos polos de autoridad con capacidad real de decisión sobre el rumbo del Estado —el polo reformista (Majano, Ungo, Román Mayorga, Mario y Rubén Zamora, Álvarez, Samayoa y el movimiento popular) y el polo reaccionario articulado alrededor de Gutiérrez, el ministro de Defensa Guillermo García, su viceministro Nicolás Carranza, la oligarquía y el aparato de seguridad. Aun así, ese golpe podía haber sido abortado: la Juventud Militar tenía peso dentro del ejército; el Foro Popular y la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM) podían movilizar cientos de miles de salvadoreños; y el sector civil reformista tenía legitimidad y capacidad técnica para gobernar.

Las organizaciones que luego formarían el FMLN (Fuerzas Populares de Liberacion-FPL, Ejercito Revolucionario del Pueblo-ERP, Resistencia Nacional-RN, Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos-PRTC y Partido Comunista-PCS), sin embargo, actuaron con una orientación ideológica rígida y sin conocimiento histórico universal sobre cómo manejar dualidades de poder de forma favorable. Parte de la limitación política del FMLN era la idea errónea de implantar el socialismo en El Salvador, con una población de clara tendencia empresarial, lo que les hizo perder apoyo. En vez de fortalecer el polo reformista, lo desmantelaron presionando para que renunciaran.

El empuje de la derecha, que incluyó el asesinato de Mario Zamora, aunado a la presión del FMLN para que los sectores progresistas abandonaran la primera y segunda Junta, catalizó la renuncia del sector progresista del PDC, algo que fue designio estratégico de la derecha.  La mayoría del sector progresista del PDC luego se unió al Frente Democrático Revolucionario (FDR). Con la evacuación progresista, el golpe de la derecha quedó sin contrapeso y la oportunidad democrática se destruyó antes de consolidarse.

El cierre de la vía política empujó el conflicto hacia una secuencia militar que no correspondía a las condiciones del país. El Ejército Revolucionario del Pueblo y la Resistencia Nacional, dos de los grupos revolucionarios armados que luego conformarían el FMLN, impusieron una salida insurreccional a destiempo, lanzada en enero de 1981 cuando el movimiento popular ya estaba en recesión tras los asesinatos de Monseñor Romero y de los líderes de la CRM.

La insurrección fracasó porque el movimiento había entrado en reflujo y había perdido a sus voceros más importantes, porque no existía capacidad logística para sostener operaciones urbanas sostenidas y porque el Estado conservaba cohesión institucional y control territorial. Tras ese fracaso, las Fuerzas Populares de Liberación –el mayor de los cinco grupos armados– impusieron una guerra popular prolongada, que en El Salvador solo podía terminar en empate.

Para mediados de los años ochenta, la guerra había evolucionado hacia un conflicto de guerra de guerrillas, con frentes definidos y combates guerrilleros, que favorecía estructuralmente al Estado. El FMLN operaba en un territorio estrecho, sin bases de retaguardia, sin profundidad estratégica y con una población rural limitada. Además, tenía que proteger a la población civil en las zonas bajo su control. Esa obligación —política, moral y estratégica— absorbía recursos, limitaba la movilidad, impedía repliegues profundos y hacía imposible replicar modelos como Vietnam, donde la insurgencia podía retirarse sin cargar con la defensa cotidiana de comunidades enteras.

A esto se sumaban cuatro condiciones estructurales que hacían imposible la victoria insurgente: