SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader promulgó esta noche la Ley 30-26 sobre Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Tributaria y Mitigación de la Crisis Internacional, con la cual el gobierno busca fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, preservar la estabilidad macroeconómica y asegurar los recursos necesarios para sostener la inversión pública, los servicios esenciales y la protección social.
La nueva legislación establece una estrategia de nuevos ingresos que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales como respuesta a las presiones que la crisis internacional impone sobre las finanzas públicas que, además y contiene medidas que vienen a fortalecer a las micro y pequeñas empresas.
El proyecto diseñó su arquitectura de ingresos con una premisa explícita: no modificar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) -ni su tasa ni su base-, no alterar la mayoría de los impuestos selectivos vigentes sobre combustibles, alcoholes, cigarrillos y telecomunicaciones, y excluir a las micro, pequeñas y medianas empresas nueva carga tributaria.
Entre las medidas contenidas en la ley están sobretasa de tres puntos porcentuales al Impuesto sobre la Renta (ISR) Empresarial, que se elevaría a 30% durante tres años, aplicable exclusivamente a los grandes contribuyentes con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales. Esa franja comprende poco más de 1,000 empresas de un universo de 140,000 que presentaron declaración del ISR en 2025, equivalente a menos del 0.8% del total.
A esa medida se suman el aumento marginal del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas de 0.15% a 0.2%; la creación de un Impuesto Selectivo al Consumo para cigarrillos electrónicos y vapeadores; el incremento de la tributación sobre casinos y juegos de azar; y un aumento de diez dólares estadounidenses al impuesto sobre los pasajes aéreos.
La norma habilita la percepción del ITBIS en la Dirección General de Aduanas para importaciones de contribuyentes informales, amplía las retenciones del ISR sobre sectores de difícil fiscalización, introduce mecanismos de trazabilidad fiscal para bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles, y otorga al Ministerio de Hacienda y Economía poder de veto sobre decisiones de leyes de incentivo, para evitar abusos.
Asimismo, contempla disposiciones orientadas a reducir la presión fiscal sobre segmentos de menores ingresos. Para personas físicas, el proyecto ajusta por inflación el mínimo no imponible del ISR personal -que no se actualiza desde hace aproximadamente una década- y eleva el mínimo exento de RD$34,685 a RD$39,900, nivel suficiente para cubrir el costo de la canasta familiar del segundo quintil de ingreso.
Asimismo, incrementa la deducción por gastos educativos del 25% al 30%, y hasta el 50% cuando los gastos beneficien a personas con discapacidad, autismo o trastornos del neurodesarrollo. Estas medidas entrarían en vigor en enero de 2027.
Para las microempresas -que representan el 78% de las empresas que reportaron ISR en 2025 se derogan los anticipos del impuesto. Las empresas pequeñas pasarán a realizar tres pagos al año en lugar de 12. El sector agropecuario quedará exento de anticipos e impuesto a los activos.
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