¿Qué propone la ley para nacionalizar vehículos “chutos” y quiénes quedarían fuera?

A 20 años de su creación, el Foro Interparlamentario Municipal Permanente volvió a reunir en la capital misionera a concejales de ambas ciudades. Transporte, turismo, desarrollo económico y medio ambiente son parte de la agenda de trabajo, con el objetivo de impulsar soluciones conjuntas para una de las regiones fronterizas más dinámicas del país.

Juanma Moreno Bonilla ha sido investido presidente este jueves y vuelve al punto de partida. El dirigente que alcanzó el poder en 2018 gracias a la extrema derecha y que cuatro años después convirtió su mayoría absoluta en el símbolo de un PP capaz de gobernar sin depender de los ultras, ha abierto las puertas del Consejo de Gobierno a Vox por primera vez . Concretamente, el portavoz de la formación ultra, Manuel Gavira, ostentará una vicepresidencia y asumirá las competencias de turismo, desregulación, justicia y Administración local, aunque aún está por ver a través de cuántas consejerías . Una decisión que supone un cambio de etapa en Andalucía y consolida la estrategia de pactos impulsada por la dirección de Alberto Núñez Feijóo en el nuevo ciclo electoral. Moreno defendió ante los medios que el pacto responde al resultado electoral del 17M , que dejó al PP como fuerza preferida en más de 600 municipios, pero sin mayoría suficiente para gobernar en solitario. “Sin mayoría en los gobiernos lo que hay es desgobierno”, admitió. El acuerdo incluye un compromiso de estabilidad para toda la legislatura, la aprobación de los cuatro presupuestos y un programa con 150 medidas . Un acuerdo que el presidente andaluz definió como “potente, minucioso, sereno y sensato” y que le permitió ser investido por tercera vez gracias a los diputados ultras. Así, Vox ha logrado convertir en condición irrenunciable su entrada en el Ejecutivo, además de dos senadores por designación autonómica y una vicepresidencia en el Parlamento, frustrando el objetivo inicial de Moreno de gobernar en minoría con un acuerdo parlamentario. Asimismo, el PP ha aceptado incorporar al pacto uno de los principales emblemas ideológicos de Santiago Abascal: la consigna xenófoba de la "prioridad nacional", aunque la han tratado de revestir con fórmulas jurídicas distintas, como el concepto de "arraigo", para intentar minimizar el choque con el ordenamiento vigente. El documento andaluz comparte la misma filosofía que los acuerdos ratificados en Castilla y León, Aragón y Extremadura, aunque en este último acuerdo se concreta más en algunos ámbitos, especialmente en inmigración. Entre las medidas, además de la “prioridad nacional” en el acceso a determinados servicios, figura una auditoría anual “de todos los gastos derivados de la inmigración masiva” , la supresión de ayudas públicas a entidades que favorezcan la inmigración irregular, las restricciones de acceso a vivienda pública para inmigrantes en situación irregular, el rechazo al reparto obligatorio de menores migrantes entre comunidades, la “supresión de ayudas a ONG que favorezcan la inmigración irregular” y l a prohibición del uso del burka y el niqab en edificios públicos dependientes de la Junta. Otra de las medidas que acompaña el acuerdo es la “creación de un servicio de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva” y la “reforma del padrón municipal para combatir el fraude y la ocupación ilegal”. Asimismo, incorpora la supresión del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí y la aprobación de una “ley de familias” para “fomentar la natalidad ”, medidas que también aparecen en los pactos de Castilla y León, Aragón y Extremadura. El acuerdo también incorpora la línea más ideologizada de Vox en lo que respecta al medio ambiente. Así, rechaza de manera explícita el Pacto Verde Europeo , reclama la revisión de la Política Agraria Común, se opone al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, apuesta por ampliar los regadíos, acelerar nuevas infraestructuras hidráulicas y defender el principio de las denominadas "cláusulas espejo" para las importaciones agrícolas. Tras las elecciones del 17M, en las que Moreno se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, pasaron 23 días hasta que el PP andaluz inició los contactos con los ultras . El barón del PP insistió entonces en que Andalucía necesitaba un acuerdo "justo y razonable" y marcó distancias con algunas de las exigencias de Vox. Entre ellas figuraba precisamente la prioridad nacional, que sus compañeros de partido habían aceptado, pero que Moreno había tachado de mero eslogan político difícilmente compatible con el marco legislativo español. La evolución de las conversaciones refleja hasta qué punto el equilibrio de fuerzas ha cambiado tras las elecciones. Sin margen para buscar una abstención del PSOE o de las formaciones de izquierda, Moreno quedó políticamente obligado a entenderse con los 15 diputados de Vox. Tras una primera investidura fallida, el presidente andaluz ha acabado incorporando uno de los principales elementos más ideológicos del programa de Vox, además de incluirlos también en el Ejecutivo, pese a las dudas de algunas voces de la formación de Abascal, por la magnitud del presupuesto. Moreno había intentado frenar la incorporación de Vox al Gobierno andaluz, tanto en campaña como después. El presidente andaluz construyó buena parte de su perfil político sobre una imagen de moderación diferenciada tanto del sanchismo como de la estrategia de confrontación de Vox. Su mayoría absoluta en 2022 reforzó precisamente ese relato , el de un dirigente capaz de gobernar sin depender de la extrema derecha, lo que le encumbró como una de las referencias del PP con un modelo diferente al de la madrileña Isabel Díaz Ayuso . El pacto alcanzado este jueves rompe de manera definitiva esa narrativa. Andalucía dejará de ser la excepción dentro del mapa autonómico del PP para sumarse al modelo de gobiernos compartidos que ya existe en otras comunidades donde Vox ocupa consejerías. Y, aunque las conversaciones se han desarrollado formalmente entre las direcciones andaluzas de ambos partidos, la negociación siempre ha tenido una dimensión estatal . La dirección nacional del PP ha seguido muy de cerca las conversaciones por las implicaciones que tienen para la estrategia de Feijóo de cara a las próximas generales. También Vox ha negociado pensando en Madrid. La formación de Santiago Abascal quería evitar un acuerdo de mera investidura que reprodujera la situación de 2019 y aspiraba a consolidar un modelo de coalición semejante al de otros gobiernos autonómicos, donde su presencia en el Ejecutivo garantiza capacidad de influencia durante toda la legislatura. Vox aspiraba a controlar departamentos con peso político —especialmente Agricultura, además de áreas sociales y culturales— y reclamaba una vicepresidencia, como finalmente ha ocurrido. Aunque no consigue Agricultura, Gavira sí tendrá competencias en diferentes materias clave. El PP intentó limitar tanto el número de consejerías como el contenido de las competencias, consciente de que determinadas áreas tienen una elevada sensibilidad económica y política en Andalucía. Más allá del reparto de sillones, el acuerdo supone un cambio de paradigma para el PP. El pacto andaluz refuerza la normalización de las coaliciones PP-Vox en las principales instituciones territoriales y convierte a Andalucía —la comunidad más poblada del país— en el mayor escaparate de esa fórmula. El mismo Moreno que quería preservar la imagen de “gestor moderado” que ha cultivado durante dos legislaturas, compartirá gobierno con una formación que ha convertido la inmigración, la "prioridad nacional" y la confrontación cultural en algunos de sus principales ejes políticos.