Hay momentos en la historia de un país en que la indecisión deja de ser una virtud y se convierte en complicidad. Bolivia vive hoy uno de esos momentos. Carreteras tomadas con muertos y heridos, ciudades cercadas, hospitales sin insumos, ambulancias retenidas, exportaciones paralizadas y una economía que pierde decenas de millones de dólares cada día. Y frente a ese cuadro de colapso deliberado, un gobierno que continúa convocando mesas de diálogo y emitiendo discursos conciliadores mientras el país se hunde.
El gobierno de Rodrigo Paz Pereira enfrenta una ofensiva política organizada que no tiene nada de espontánea ni de social. Los bloqueos que paralizan Bolivia son una estrategia de desgaste orquestada por el evismo y sectores sindicales radicales con un objetivo explícito: derrocar a un gobierno al que consideran incapaz de resistir la presión territorial. Cada carretera tomada, cada jornada de parálisis, cada ciudad cercada no es un accidente. Es un mensaje deliberado: en Bolivia, la coerción funciona. El Estado puede ser doblado si se le aplica suficiente presión. Y hasta ahora, lamentablemente, ese cálculo ha resultado correcto.
La estrategia del evismo no es nueva ni improvisada. Bolivia ha vivido episodios similares en 2003, en 2011 y en 2019. La diferencia es que cada ciclo de bloqueos sin consecuencias reales consolida una cultura de impunidad que vuelve más difícil gobernar al siguiente. Cuando los bloqueadores aprenden que paralizar rutas no genera costos judiciales, cuando los dirigentes que cercan ciudades aparecen ante las cámaras sin ningún proceso penal en marcha, el Estado no solo pierde autoridad: la regala.
Rodrigo Paz parece gobernar atrapado entre dos miedos igualmente paralizantes. Por un lado, el miedo al costo político de actuar con firmeza. El uso de estados de excepción quedó marcado en la memoria boliviana por episodios traumáticos: dictaduras, represiones, muertes en operativos militares. Después de la crisis de 2019-2020, cualquier político que proponga medidas coercitivas sabe que será etiquetado de autoritario. Para un gobernante que construyó su imagen sobre el diálogo, ese riesgo resulta intolerable. Por otro lado, está el miedo a confrontar directamente a Evo Morales, quien aparece como articulador de los bloqueos mientras el Estado mira hacia otro lado. Ese doble miedo ha producido exactamente lo que siempre produce: debilidad percibida. Y la debilidad percibida, en política, es tan destructiva como la real.
Muchos sectores han instalado la idea de que la denominada "Ley Copa" neutralizó completamente las capacidades del Ejecutivo. Pero ahora que la Ley 1341 de Estados de Excepción fue abrogada y anulada. El presidente puede emitir un Decreto Supremo aprobado en Consejo de Ministros, delimitar territorialmente las medidas excepcionales y ordenar operaciones para restablecer garantías constitucionales esenciales: la libre circulación, el abastecimiento y la seguridad pública. Rodrigo Paz no necesita paralizarse esperando reformas futuras. La Constitución ya le permite coordinar acciones entre Policía y Fuerzas Armadas para proteger infraestructura estratégica, despejar rutas críticas y garantizar corredores humanitarios.
La Constitución boliviana contempla el Estado de Sitio precisamente para escenarios como el actual: cuando la seguridad interna está gravemente amenazada, la libre circulación ha sido suprimida por la fuerza y la economía nacional está siendo literalmente secuestrada. Si esas herramientas no se utilizan cuando las carreteras están tomadas y la Policía ha sido sobrepasada, la pregunta obligada es para qué existen. Un Estado que tiene instrumentos legales para restablecer el orden y elige no usarlos no está siendo moderado. Está siendo negligente con quienes lo eligieron.
El Estado de Sitio que Bolivia necesita no es una represalia ni una guerra a la protesta legítima. Debe ser una medida estrictamente focalizada en las zonas críticas, con objetivos concretos: recuperar carreteras estratégicas, garantizar el abastecimiento de alimentos y medicamentos, proteger la infraestructura esencial y restablecer la libre circulación, que es en sí misma un derecho constitucional. No se trata de militarizar el país. Se trata de restaurar el monopolio legítimo de la fuerza que define a cualquier Estado democrático que todavía funciona.
Pero recuperar el control territorial es solo la mitad de la tarea. El gobierno debe actuar con rigor judicial contra quienes dirigen esta operación de desestabilización. En cualquier democracia mínimamente funcional, organizar bloqueos nacionales prolongados que afectan a millones de personas tendría consecuencias penales severas. En Bolivia, en cambio, se ha normalizado que determinados líderes articulen estrategias de colapso nacional sin que el sistema judicial mueva un solo expediente. Eso no es tolerancia democrática. Es impunidad institucionalizada, y esa impunidad es la que ha convertido al bloqueo en herramienta recurrente de chantaje político.
También resulta inexplicable la falta de un acuerdo de gobernabilidad real con Tuto Quiroga, Doria Medina y Reyes Villa, que podrían articular una mayoría legislativa para endurecer sanciones contra bloqueos violentos y respaldar las decisiones que el Ejecutivo necesita tomar. La oposición democrática no puede permitirse la comodidad mientras Bolivia se hunde. Gobernar bajo asedio exige que todas las instituciones respondan.
Bolivia debe comprender que la democracia no se destruye únicamente mediante golpes o fraudes electorales. También se destruye lentamente, cuando el Estado pierde autoridad sobre su territorio y permite que grupos organizados sustituyan al poder constitucional mediante la coerción. Cada día sin decisiones firmes fortalece al evismo, erosiona la confianza ciudadana y acerca al país a un desgobierno crónico del que será muy difícil salir.
La ciudadanía no le exige a Rodrigo Paz que sea autoritario. Le exige que sea gobernante. Le exige que comprenda que dialogar con carreteras tomadas y ciudades sitiadas no es moderación: es capitulación disfrazada de virtud. No puede existir negociación genuina mientras el chantaje territorial continúa activo. Toda mesa de diálogo celebrada bajo la presión de un bloqueo comunica, antes que cualquier acuerdo, que el bloqueo funciona.
Rodrigo Paz aún está a tiempo. Pero cada día de indecisión es un día que Bolivia cede. El mayor peligro para el país no es el conflicto social. El mayor peligro es un Estado que parece haber olvidado que su primera, su más elemental y su más irrenunciable obligación es gobernar.
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