Gobierno duplica los recursos destinados para sostener la subvención de los combustibles

El Decreto Supremo 5683 eleva hasta los Bs 2.000 millones el techo de recursos que el TGN puede transferir a YPFB para cubrir el diferencial entre el costo de importación y el precio interno

En medio de una fuerte crisis energética el Gobierno decidió poner más recursos públicos detrás del precio de los combustibles. El Decreto Supremo 5683 eleva de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones el monto máximo que el Tesoro General de la Nación (TGN) puede asignar a YPFB para cubrir el diferencial entre el costo de importar carburantes y el precio interno.

La medida llega mientras Bolivia continúa enfrentando problemas de abastecimiento de diésel y gasolina, con filas en estaciones de servicio y reclamos de sectores que dependen del combustible para producir y transportar.

El decreto no implica que el Estado haya desembolsado ya los Bs 2.000 millones. Sino que duplica el techo autorizado para este mecanismo, que podrá utilizarse de acuerdo con la disponibilidad financiera del TGN. La norma señala que los recursos tienen como objetivo cubrir el diferencial de los combustibles importados, garantizar el abastecimiento y mantener las medidas de estabilización de precios.

La decisión supone que el Estado tendrá mayor capacidad para cubrir una parte del costo que YPFB enfrenta al importar combustibles.

La ecuación es sencilla: Bolivia compra carburantes en el exterior, pero los comercializa internamente bajo un esquema de precios regulados. Cuando el costo de reposición es superior al precio interno, se genera una diferencia que debe ser cubierta.

El nuevo decreto amplía precisamente el margen para cubrir esa brecha.

En términos formales, no se trata de una restitución de la antigua subvención mediante una nueva norma general de subvención. Pero el efecto económico es claro: el Estado aumenta los recursos disponibles para evitar que el mayor costo de importación sea trasladado completamente al consumidor.

El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, reconoció recientemente que para la estatal resulta insostenible asumir por sí sola el costo de la subvención que todavía se mantiene y señaló que las transferencias del TGN han contribuido a mejorar el abastecimiento.

La ampliación del respaldo financiero ocurre, sin embargo, cuando la crisis de combustibles todavía genera reclamos.

Las filas en los surtidores persisten y los sectores productivos sostienen que el problema no se limita al precio, sino también a la disponibilidad del diésel.

En Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) rechazó el esquema establecido por el DS 5676, que fija un precio referencial de Bs 18 por litro para determinados grandes consumidores y usuarios directos.

El sector sostiene que el límite de consumo de 120 litros mensuales establecido para acceder al precio regulado de Bs 9,80 resulta insuficiente para cualquier unidad productiva y exige que el Gobierno abrogue la medida. La CAO dio plazo hasta el domingo y advirtió que, si no obtiene una respuesta, acudirá al Comité pro Santa Cruz para solicitar una Asamblea de la Cruceñidad.

Los productores también cuestionan que el incremento del costo del diésel pueda trasladarse a la estructura de costos agrícolas. Según la CAO, el combustible pasó a representar una proporción mucho mayor de los costos de producción, especialmente para quienes deben contratar maquinaria y servicios.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) también rechazó este decreto y sostuvo que la medida afecta al productor sin resolver el problema de abastecimiento. La organización reportó además que productores llegan a adquirir diésel en el mercado informal a precios de entre Bs 15 y Bs 18 por litro.