Cámara Forestal reclama gestiones del Gobierno para evitar más quemas de madera

Walter Rioja, gerente de la entidad, cuestionó la respuesta estatal al caso en Chile y pidió proteger las 19 cargas que, según el registro del sector, permanecen en San Antonio y Valparaíso. El viceministro de Comercio Exterior aclaró que Bolivia no es parte de la investigación

La Cámara Forestal de Bolivia (CFB) cuestionó la actuación del Estado frente al caso de los cargamentos de madera retenidos en Chile y pidió gestiones para evitar la destrucción de las cargas que, según su registro, permanecen en los puertos de San Antonio y Valparaíso.

Walter Rioja, gerente de la entidad, expresó su decepción por las declaraciones del viceministro de Comercio Exterior, Rodrigo Arce, quien aclaró que el Gobierno boliviano no es parte de la investigación que desarrolla el Ministerio Público chileno.

“Para nosotros es una decepción, pero tampoco nos sorprende”, afirmó Rioja. Sostuvo que el sector había solicitado atención de las autoridades bolivianas desde que las retenciones eran consideradas un problema de retrasos logísticos.

Según explicó, la Cámara no esperaba necesariamente que el Estado financiara la defensa de las empresas, sino que realizara gestiones para proteger los cargamentos y la reputación de las exportaciones bolivianas.

Rioja señaló que, de acuerdo con el censo de la CFB, se contabilizaron 72 cargas en tres puertos chilenos. Precisó que ese registro reúne tanto cargamentos vinculados a procesos judiciales como otros que estaban retenidos.

Según ese levantamiento, quedarían 14 cargas en San Antonio y cinco en Valparaíso. El dirigente afirmó que, hasta donde conoce la Cámara, toda la madera retenida en Arica fue quemada.

“Lo poco que queda de madera está en los puertos de San Antonio y Valparaíso, que esperamos no se queme”, manifestó.

Añadió que las defensas de las empresas realizan acciones legales para impedir nuevas destrucciones y pidió que el Gobierno boliviano intervenga mediante las gestiones que correspondan.

Rioja reconoció que no dispone de una cifra oficial consolidada sobre los cargamentos judicializados ni del volumen restante en toneladas. Por ello, las 72 cargas de su censo no equivalen necesariamente al número de contenedores comprendidos en la investigación chilena.

El gerente de la CFB atribuyó al caso la pérdida de más de 20.000 empleos directos y el cierre definitivo de empresas forestales. La declaración no detalla cuántas compañías dejaron de operar ni el método utilizado para calcular los puestos de trabajo afectados.

Rioja sostuvo que las retenciones, la destrucción de madera y las acusaciones han perjudicado la reputación del sector. También cuestionó que el acercamiento diplomático entre Bolivia y Chile avance sin resolver la situación de los exportadores.

El dirigente calificó la actuación chilena como un “montaje” para encubrir un error. Esa acusación corresponde a su posición sobre el caso; no constituye un hecho establecido por una resolución judicial.

El viceministro Rodrigo Arce declaró el domingo que el proceso está a cargo del Ministerio Público de Chile y que Bolivia no participa como parte de la investigación.

La autoridad pidió que las actuaciones se basen en hechos técnicos probados y que la información sea comunicada oportunamente. También señaló que la legislación chilena contempla la destrucción de material incautado en investigaciones por sustancias controladas.