Organizaciones cuestionan el programa con el FMI y advierten por el costo social y ambiental del ajuste

Un nuevo informe de FARN, ETFE, Recourse, Equipo Transiciones y Center for Economic and Social Rights advierte por la sostenibilidad del programa con el Fondo y analiza sus impactos sociales, económicos y ambientales. Señala que, sin los desembolsos del organismo, no habría acumulación neta de reservas, mientras crecen los servicios de la deuda y se profundiza el ajuste sobre políticas públicas.

En el marco del debate del Presupuesto 2027 en el Congreso de la Nación y en la previa de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), Recourse, el Equipo Transiciones y Center for Economic and Social Rights presentaron el informe “Sostenibilidad de la deuda y el rol del FMI: lo que no se dice de la crisis argentina”.

El documento advierte sobre los impactos del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el tejido socioproductivo y la estabilidad macroeconómica del país y señala inconsistencias entre las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y los acuerdos que llevan al incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y climática, una clara contradicción al Acuerdo de París.

Francisco Cantamutto, economista y miembro del EFTE, alertó: “El FMI debería revisar su apoyo al programa actual en la Argentina, pues incluso considerando que ha tenido algunos logros en materia de estabilización, presenta un muy elevado costo en materia de derechos humanos para la población, y aun así no logra recomponer el acceso al mercado de capitales para el país que sigue dependiendo de préstamos de orden político”.

El informe pone el foco en una de las principales fortalezas que el Gobierno presenta como resultado de su programa económico: el equilibrio fiscal. Las organizaciones advierten, sin embargo, que esta mejora convive con una fuerte dependencia del financiamiento externo y con una dinámica de salida de divisas que compromete la acumulación de reservas.

Entre enero y julio de 2026, la balanza comercial de bienes acumuló un superávit de US$20.073 millones. Sin embargo, las divisas obtenidas por esa vía son absorbidas por pagos de intereses, turismo, utilidades y formación de activos externos. Esta última, según el informe, se triplicó desde abril de 2025 y ya supera el equivalente a los desembolsos realizados por el FMI.

En este contexto, las organizaciones sostienen que, si se excluyen los préstamos del FMI, no habría acumulación neta de reservas. Esto deja a la economía argentina expuesta ante shocks externos y acontecimientos no previstos, como sequías, inundaciones y otros eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes.

El informe también cuestiona la composición de la denominada “ancla fiscal”. Según las organizaciones, el equilibrio de las cuentas públicas no responde a un crecimiento sólido de la recaudación, sino principalmente a una combinación de reducción de ingresos y recortes del gasto que se viene llevando adelante desde 2023.

Los ingresos fiscales se redujeron 2,5% en términos reales durante 2026, impulsados, entre otros factores, por la reducción de los derechos de exportación y de los impuestos a las importaciones. Al mismo tiempo, el superávit fiscal se sostiene mediante el desfinanciamiento de políticas sociales, jubilaciones, salud, ambiente y obra pública.

En paralelo, los servicios para el pago de la deuda aumentaron, pasaron de representar el 9,1% al 12,3% del presupuesto ejecutado, de acuerdo con el informe.

Las organizaciones también advierten sobre el deterioro de las condiciones económicas de los hogares. Según datos del INDEC, la tasa de desempleo alcanzó el 7,9%, mientras que el salario mínimo perdió 40,8% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023 y la pobreza llegó al 32,3%.

A este escenario se suma un aumento del endeudamiento de las familias. La mora de los hogares en el sistema bancario se duplicó en diez meses, mientras que el nivel de incumplimiento supera el 25% entre proveedores no bancarios, con tasas que llegan hasta el 144% anual.

Para las organizaciones, estos indicadores muestran que la sostenibilidad de la deuda no puede evaluarse únicamente a partir de variables fiscales y financieras, sino también en función de sus consecuencias sobre las condiciones de vida de la población.

A la fragilidad económica y financiera de los hogares y a las dudas sobre la sostenibilidad del acuerdo con el FMI se suman impactos ambientales vinculados con la expansión de la extracción de combustibles fósiles y de la minería, particularmente a partir del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).

Julia Gerlo, integrante del equipo de Investigación de FARN, se refirió al RIGI a dos años de su sanción: “El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) consolidó un perfil extractivo, concentrando las inversiones principalmente en sectores como la minería y los hidrocarburos, y profundizando un modelo de especialización productiva que obstaculiza la diversificación de la estructura productiva argentina”.