Haití tendrá que esperar hasta julio de 2027 para intentar recuperar la normalidad democrática. El Consejo Electoral Provisional anunció el 29 de octubre un nuevo calendario que traslada las elecciones presidenciales y legislativas, inicialmente previstas para diciembre de 2026. La primera vuelta se celebrará el 18 de julio de 2027 y la segunda, junto con los comicios locales, el 4 de octubre. Es otro aplazamiento para un país que no celebra elecciones nacionales desde 2016 y que todavía no encuentra una salida a la profunda crisis política y de seguridad que arrastra desde hace varios años.
La decisión no responde a un simple problema de organización. En buena parte del territorio haitiano, las autoridades carecen de capacidad para garantizar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas sin exponerse a la violencia. Los candidatos tampoco tienen aseguradas las condiciones para desarrollar sus campañas, mientras que numerosas comunidades permanecen bajo el control de organizaciones armadas. En esas circunstancias, establecer una fecha electoral no significa que existan las condiciones para cumplirla. El nuevo calendario vuelve a colocar esa realidad en el centro de la discusión.
La crisis tiene raíces anteriores, pero el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, marcó un punto de inflexión. Su muerte dejó al país sin una autoridad presidencial electa y profundizó las disputas entre los sectores políticos que no han conseguido establecer un mecanismo de transición con suficiente respaldo. Desde entonces, los gobiernos provisionales han tenido dificultades para recuperar la confianza ciudadana y organizar un proceso que permita renovar las principales instituciones mediante el voto.
Ese vacío ha sido aprovechado por las pandillas, que dejaron de ser grupos criminales confinados a determinados barrios para convertirse en estructuras capaces de disputar el control territorial y económico al Estado. Sus actividades incluyen secuestros, extorsiones, asesinatos, ataques contra comunidades y restricciones al tránsito de personas y mercancías. En algunas zonas, los grupos armados imponen sus propias reglas y deciden quién puede circular, trabajar o desarrollar actividades comerciales.
Puerto Príncipe concentra buena parte de esta violencia, pero el problema ha rebasado los límites de la capital. Las organizaciones criminales han extendido sus operaciones hacia departamentos como Artibonite, Centro y Sudeste, donde encuentran carreteras, comunidades agrícolas y corredores estratégicos que les permiten ampliar su influencia. La expansión territorial complica las operaciones de seguridad: recuperar una localidad no garantiza que las bandas no se trasladen a otra ni que pierdan su capacidad para reorganizarse.
Las consecuencias se reflejan en cifras que describen una emergencia humanitaria de enormes proporciones. Alrededor de 1.5 millones de personas se encontraban desplazadas internamente en septiembre de 2026, según las estimaciones recogidas en el balance original del Banco Mundial. Además, los registros de organismos internacionales contabilizaron más de 5,700 personas muertas o heridas entre enero y septiembre como consecuencia de la violencia y las operaciones de seguridad.
El hambre añade otra dimensión a la tragedia. Una evaluación publicada el 28 de octubre por organismos vinculados a Naciones Unidas estimó que 5.94 millones de haitianos enfrentan inseguridad alimentaria aguda. De esa cantidad, cerca de dos millones se encuentran en condiciones de emergencia. Más de la mitad de la población tiene dificultades para conseguir alimentos suficientes, una situación agravada por el desplazamiento, el encarecimiento de los productos y las dificultades para transportar mercancías hacia los mercados.
Detrás de estas cifras hay familias que han perdido sus viviendas, agricultores que no pueden regresar a sus terrenos y comunidades que dependen de la ayuda humanitaria para cubrir necesidades elementales. La violencia ha interrumpido actividades productivas, desplazado trabajadores y dificultado la distribución de alimentos. El resultado es una sociedad cada vez más vulnerable, con menos recursos para recuperarse y una población que debe resolver sus necesidades cotidianas en medio de la incertidumbre.
La economía tampoco ofrece señales alentadoras. Haití acumula ocho años consecutivos de contracción económica y las estimaciones del Banco Mundial citadas en el documento sitúan la caída del producto interno bruto real en aproximadamente un 1.5 % durante 2026. La inflación permanece por encima del 20 %, lo que reduce todavía más la capacidad de compra de los hogares.
El impacto de la inseguridad se siente en toda la cadena económica. Cuando una banda controla una carretera o exige dinero para permitir el paso de un camión, el costo termina trasladándose al precio de los productos. Los comerciantes deben asumir gastos adicionales, el transporte se vuelve más complicado y los consumidores encuentran cada vez mayores dificultades para adquirir alimentos y otros bienes básicos. En el campo, numerosos productores han abandonado sus terrenos por temor a los ataques o porque no pueden trasladar sus cosechas.
A esta situación se suma el deterioro de los servicios sanitarios y educativos. Los centros de salud enfrentan limitaciones para atender a la población y muchas escuelas han tenido que suspender sus actividades. Haití no solamente tiene dificultades para producir y comercializar; también pierde las condiciones mínimas para garantizar servicios esenciales y formar a las nuevas generaciones.
La respuesta internacional, entretanto, continúa enfrentando obstáculos. La misión de apoyo a la seguridad, transformada posteriormente en la Fuerza de Supresión de Pandillas, fue concebida para respaldar a la Policía Nacional haitiana y contribuir a recuperar el control de las zonas dominadas por grupos criminales. Sin embargo, los problemas de financiamiento, equipamiento, personal y coordinación han limitado su capacidad operativa.
La reciente participación de El Salvador ha añadido otro elemento a un escenario ya complejo. Después de una emboscada en la que desaparecieron cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños, el presidente Nayib Bukele anunció el envío de más de 2,000 militares para respaldar las labores de búsqueda y las operaciones de seguridad. La naturaleza y el alcance de ese despliegue han generado interrogantes, especialmente porque no está completamente definido si esos efectivos actuarán bajo la estructura de la fuerza internacional o mediante un mecanismo independiente.
La presencia de contingentes extranjeros confirma que la crisis ha superado las dimensiones de un problema exclusivamente interno. Pero también plantea una pregunta que sigue sin respuesta: ¿hasta dónde puede llegar una intervención militar si no existe una autoridad haitiana con capacidad para administrar los territorios recuperados?
Una operación de seguridad puede despejar carreteras, proteger instalaciones y enfrentar a los grupos armados. No puede, por sí sola, reconstruir los tribunales, garantizar servicios públicos, reactivar la economía ni establecer un gobierno reconocido por la población. Sin avances en esos ámbitos, cualquier recuperación territorial corre el riesgo de ser temporal.
