El tomate marroquí pone contra las cuerdas al campo español: 4.000 hectáreas menos

En los últimos cinco años, España ha perdido unas 4.000 hectáreas dedicadas a este cultivo, una reducción que evidencia las dificultades que atraviesan los productores para mantener la rentabilidad de sus explotaciones

El tomate marroquí se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los productores españoles, que denuncian la presión que ejercen las importaciones sobre sus explotaciones. El bajo precio del producto procedente de Marruecos dificulta la competencia de los agricultores nacionales y está provocando cambios en el mapa de cultivos.

El impacto de esta situación ya se refleja en la superficie destinada al tomate. En los últimos cinco años, España ha perdido unas 4.000 hectáreas dedicadas a este cultivo, una reducción que evidencia las dificultades que atraviesan los productores para mantener la rentabilidad de sus explotaciones.

Los datos aportados por COAG sitúan la superficie de tomate de invierno en la Península en unas 8.000 hectáreas, frente a las aproximadamente 12.000 que se contabilizaban en 2021. El descenso supone que un tercio de la superficie haya dejado de dedicarse a este cultivo.

Andrés Góngora, secretario general de COAG, advierte de que la pérdida de terreno agrícola tiene además una consecuencia directa sobre el mercado laboral. Según sus cálculos, cada hectárea de tomate genera alrededor de seis puestos de trabajo vinculados a su producción.

Con esta referencia, las 4.000 hectáreas que han desaparecido durante los últimos años representarían unos 24.000 empleos menos relacionados con el cultivo. El impacto no se limita a los agricultores, sino que alcanza también a trabajadores y actividades económicas vinculadas al sector.

La presión sobre el tomate español está llevando a algunos agricultores a buscar alternativas. Ante la dificultad para obtener beneficios suficientes, determinadas explotaciones han optado por sustituir el cultivo por otros productos que ofrecen mejores perspectivas económicas.

El sector agrario considera que el problema está relacionado con las condiciones en las que llegan determinados productos procedentes de terceros países. Los productores españoles sostienen que deben afrontar unos costes que dificultan competir cuando el precio de las importaciones se sitúa en niveles más bajos.

La situación afecta especialmente a las campañas de invierno, cuando la producción española coincide en los mercados con una parte importante del tomate procedente de Marruecos. Los agricultores reclaman que las condiciones de competencia sean equilibradas y que las reglas aplicadas sean similares para todos.

La reducción de la superficie cultivada también tiene consecuencias en las zonas rurales donde el tomate representa una actividad económica relevante. Menos hectáreas significan menor producción y, al mismo tiempo, una reducción de la demanda de trabajadores y servicios relacionados con las campañas agrícolas.

COAG advierte de que, si continúa esta tendencia, nuevas explotaciones podrían abandonar el cultivo. La organización considera necesario adoptar medidas que permitan garantizar la rentabilidad de los agricultores españoles y evitar que la producción nacional siga perdiendo terreno frente a las importaciones.