Trump adopta el manual del Partido Comunista Chino

El relato de estabilidad que dejaron las últimas cumbres entre Donald Trump y Xi Jinping resulta seductor, pero también engañoso. La apariencia de distensión diplomática ha generado la sensación de que las grandes potencias han aprendido a domesticar su rivalidad, cuando en realidad lo que está ocurriendo es más profundo y más inquietante: el abandono progresivo del ideal de mercado abierto por parte de Washington y la asimilación, cada vez menos disimulada, de instrumentos propios del capitalismo de Estado chino.

La clave no está en la foto de la cumbre, sino en las decisiones que se toman después. Mientras la diplomacia se esfuerza por vender la idea de un orden más previsible, la política económica estadounidense avanza en dirección contraria a sus dogmas históricos. La aprobación de la Ley DOMINANCE en la Cámara de Representantes, junto con la expansión de los mecanismos de cooperación sobre minerales críticos, confirma que Estados Unidos ya no confía en que el libre mercado pueda sostener por sí solo su seguridad industrial y tecnológica. La respuesta ya no es competir mejor, sino intervenir más.

Ese giro tiene una carga política y económica enorme. Durante décadas, la narrativa occidental sostuvo que la planificación industrial dirigida por el Estado era ineficiente, distorsionadora y, en última instancia, incompatible con la eficiencia del capitalismo liberal. Sin embargo, la realidad de las cadenas de suministro modernas ha desmentido esa superioridad teórica. La dependencia de minerales estratégicos como el neodimio, el itrio o el galio, fundamentales para sectores como la defensa, la aeroespacial o las comunicaciones avanzadas, ha puesto a Washington frente a una vulnerabilidad estructural que el mercado, por sí solo, no ha sabido corregir.

China entendió antes que nadie que el poder industrial no se sostiene únicamente con innovación privada, sino con control a largo plazo sobre materias primas, refinado y logística. Durante años, Pekín invirtió con paciencia, disciplina y una visión geopolítica que ahora le permite dominar gran parte de la capacidad mundial de refinación de minerales críticos. Frente a ese poder acumulado, Washington ha reaccionado con una mezcla de pragmatismo y resignación ideológica. El resultado es una política industrial cada vez más parecida a la que criticó durante décadas.

Estados Unidos no está defendiendo el libre comercio frente a China; está intentando reconstruir su propia base industrial mediante instrumentos de nacionalismo económico. La financiación pública de exploración, la creación de reservas estratégicas, la canalización de recursos hacia proyectos mineros en el extranjero y la coordinación diplomática para abrir corredores alternativos de suministro no son medidas coyunturales. Son la prueba de que el Estado vuelve a ocupar el centro del tablero económico.

Lo más significativo es que este viraje no responde a una excepción temporal, sino a una transformación de fondo. La guerra comercial iniciada en la primera etapa de Trump no fue un paréntesis, sino el comienzo de una nueva ortodoxia. La rivalidad con China ya no se libra solo con aranceles o restricciones tecnológicas; ahora se libra con subsidios, barreras regulatorias, reservas estratégicas y pactos diplomáticos que redistribuyen el riesgo hacia terceros países. El orden comercial global se fragmenta, y lo hace bajo una lógica cada vez más cerrada, politizada y dependiente del Estado.

En ese nuevo escenario, los países intermedios quedan atrapados entre dos modelos de presión. Por un lado, Washington impulsa iniciativas para blindar su seguridad de suministro. Por otro, Pekín mantiene su red de influencia en regiones ricas en recursos, donde la infraestructura, el refinado y la financiación siguen funcionando como palancas de poder. El resultado no es una desescalada, sino una reconfiguración del conflicto. La tensión se desplaza, pero no desaparece.

Para las empresas y los inversores, el cambio es radical. La lógica que durante años ordenó las cadenas globales de valor —coste, eficiencia, velocidad y acceso al consumidor— está siendo sustituida por otra mucho más incierta, en la que pesan la alineación política, la elegibilidad para subsidios y la capacidad de cumplir objetivos estratégicos fijados desde los gobiernos. El mercado deja de ser soberano y pasa a depender de la arquitectura estatal que lo regula y lo financia.

Ese es quizá el dato más revelador de todo el proceso: la globalización no está muriendo por exceso de competencia, sino por exceso de intervención. Lo que antes se presentaba como una anomalía de regímenes autoritarios hoy se convierte en norma dentro de las democracias occidentales cuando estas perciben que la supervivencia industrial está en juego. El problema es que, al copiar el método de Pekín, Washington también asume parte de sus reglas.

El nuevo orden económico internacional ya no se define por la apertura, sino por la duplicación. Cada tecnología crítica tenderá a desarrollarse dentro de ecosistemas paralelos, protegidos por subvenciones, blindajes regulatorios y alianzas estatales. La fantasía de un mercado global unificado se debilita. Lo que emerge en su lugar es un mundo de bloques, reservas, controles y cadenas de suministro políticamente condicionadas.

Y en ese mundo, la diplomacia de las cumbres sirve para una cosa muy concreta: calmar a los mercados, ordenar titulares y retrasar la sensación de crisis. Pero no cambia la dirección de fondo. Lo que está ocurriendo entre Washington y Pekín no es una reconciliación. Es la institucionalización de una guerra económica permanente en la que ambos bandos, por caminos distintos, han decidido que el Estado vuelva a mandar.