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El programa contempla una evaluación de la seguridad de las redes estatales y de la infraestructura de ARSAT. Además, Washington anunció fondos para combatir el narcotráfico, asistencia de hasta US$10 millones contra la trata infantil y avances en la agenda comercial y migratoria bilateral.
El Gobierno argentino avanzó en un programa de cooperación tecnológica y de seguridad con Estados Unidos, que contempla el reemplazo progresivo de equipamiento de origen chino utilizado en redes estatales y la puesta en marcha de un centro nacional de operaciones de ciberseguridad. Los anuncios se realizaron durante una reunión que el canciller Pablo Quirno mantuvo el jueves 22 de octubre con el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, en el Palacio San Martín.
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Uno de los principales anuncios fue un aporte no reembolsable de US$15 millones para establecer un centro destinado a monitorear y proteger redes informáticas, detectar amenazas y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a ataques cibernéticos. Según explicó Quirno, el proyecto también incluirá una evaluación de la seguridad de la red troncal de Internet de ARSAT, la empresa estatal de telecomunicaciones.
La iniciativa forma parte de una agenda bilateral más amplia, que incluye cooperación contra el narcotráfico, la trata de menores, inversiones en infraestructura y negociaciones comerciales. La visita de Landau también estuvo atravesada por la discusión sobre los riesgos que Washington atribuye a determinados proveedores tecnológicos chinos.
El programa contempla una transición progresiva para retirar equipamiento de Huawei instalado en el núcleo de determinadas redes gubernamentales. La propuesta, trabajada durante varios meses por ambos países, apunta a revisar la infraestructura tecnológica argentina y establecer criterios para fortalecer su seguridad.
De acuerdo con la documentación estadounidense citada en los reportes periodísticos, la primera etapa prevé un relevamiento de redes, sistemas informáticos y centros de datos para identificar equipos que el programa considere no confiables. A partir de ese diagnóstico, se formularían recomendaciones para retirarlos, aislarlos o neutralizarlos, procurando evitar interrupciones en los servicios esenciales.
El esquema también contempla la participación del Departamento de Estado de Estados Unidos en la revisión de las distintas etapas y de las recomendaciones técnicas. La planificación inicial establece un período aproximado de tres años, con una primera fase de diagnóstico y otra de implementación tecnológica.
Sin embargo, el aporte estadounidense no implica que Washington financiará la totalidad del reemplazo de los equipos chinos. La Argentina deberá afrontar principalmente la compra de hardware, las licencias de software y los costos de funcionamiento. La asistencia podría cubrir determinados componentes cuando resulten indispensables para alcanzar los objetivos del programa y no exista otra alternativa de financiamiento.
El plan había contemplado inicialmente una asistencia de hasta US$13.912.185 durante aproximadamente 36 meses. Tras el nuevo anuncio de US$15 millones, no se precisó si se trata de una actualización del mismo programa o si el monto incorpora componentes adicionales.
Por otra parte, el centro de operaciones de ciberseguridad funcionaría dentro de la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad y no sería administrado directamente por ARSAT. La empresa estatal quedará alcanzada por las evaluaciones previstas, mientras prepara una licitación independiente por US$49 millones para modernizar parte de su infraestructura de telecomunicaciones con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La cooperación también incluyó recursos destinados a fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas y las organizaciones criminales transnacionales.
Según informó Quirno, Estados Unidos aprobó alrededor de US$13 millones para programas contra el narcotráfico, de los cuales US$7,5 millones se destinarán a proyectos en la Argentina. El resto financiará iniciativas regionales en las que también participará el país.
En rigor, el Gobierno argentino había informado el 5 de octubre la aprobación formal de un fondo de US$13,35 millones: US$7,5 millones para proyectos nacionales y US$5,85 millones para iniciativas regionales. Los recursos permitirán profundizar la cooperación operativa, la capacitación, el intercambio de información y la adquisición de equipamiento.
El anuncio se enmarca en el fortalecimiento de la coordinación entre ambos países en materia de seguridad. Durante la conferencia de prensa, Quirno también defendió la decisión argentina de incorporar al registro de organizaciones terroristas a distintos grupos criminales y armados de la región.
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El presidente Donald Trump exigió a Ucrania reemplazar a Volodimir Zelensky por un presidente dispuesto a terminar la guerra, al vincular los ataques contra Rusia y sus refinerías con el alza del precio del diésel. El mandatario estadounidense sostuvo ante periodistas en la Casa Blanca que era hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente dispuesto a poner fin al conflicto.
La Embajada de Estados Unidos en Colombia destacó la cooperación entre ambos países tras la incautación de 7,6 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena. De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, se trata del mayor decomiso de esta droga registrado en esa terminal portuaria durante los últimos 10 años. El operativo fue realizado por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, como parte de la Estrategia Esmeralda, una iniciativa orientada a fortalecer las acciones contra el tráfico de drogas y las organizaciones criminales que utilizan los puertos colombianos para enviar cargamentos al exterior. Según el reporte oficial, la cocaína estaba oculta entre un cargamento de panela pulverizada. La mercancía tenía como destino final Países Bajos, en Europa. El hallazgo se produjo durante las labores de inspección y control que se adelantan en el puerto de Cartagena, uno de los principales puntos de salida de productos colombianos hacia mercados internacionales. La Embajada de Estados Unidos señaló que la operación fue posible gracias a varias semanas de intercambio de información de inteligencia entre la Administración para el Control de Drogas de ese país, conocida como DEA, y las autoridades colombianas. Esta cooperación permitió identificar el cargamento y coordinar las acciones necesarias para evitar que la droga llegara a su destino. En un mensaje publicado el 20 de octubre en la red social X, la representación diplomática estadounidense resaltó el resultado de la operación y afirmó que el decomiso demuestra la importancia del trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Las autoridades colombianas calcularon que la incautación evitó la circulación de aproximadamente 19 millones de dosis de cocaína. También estimaron que el golpe económico para las organizaciones criminales supera los 42.000 millones de pesos, aunque el valor puede variar según el mercado y el país de destino. El decomiso se suma a otras operaciones realizadas en puertos, aeropuertos y zonas fronterizas del país. Estos puntos son utilizados por las redes del narcotráfico para ocultar cargamentos en productos legales, contenedores y mercancías de exportación. La Policía Nacional ha advertido que las organizaciones criminales recurren cada vez más a métodos de ocultamiento para intentar evadir los controles. Por esa razón, las autoridades han reforzado el uso de escáneres, equipos especializados, análisis de riesgo y cooperación internacional. Además de impedir la llegada de la droga a Europa, la incautación busca afectar las finanzas de las estructuras dedicadas a la producción, transporte y comercialización de cocaína. Sin embargo, las autoridades han insistido en que estos resultados deben complementarse con investigaciones judiciales que permitan identificar a los responsables del envío y establecer la ruta completa del cargamento. El caso evidencia el papel estratégico de Cartagena en el comercio exterior colombiano y, al mismo tiempo, los desafíos que enfrentan las autoridades para controlar el uso de las cadenas legales de exportación por parte de las redes criminales. La investigación continuará para determinar quiénes participaron en la operación y qué organizaciones estarían detrás del cargamento. La entrada Estados Unidos destaca cooperación con Colombia tras incautación de 7,6 toneladas de cocaína en Cartagena se publicó primero en El Bolivarense.