El dinero para las rutas, en la “mesa de dinero”: más de $1 billón en inversiones financieras

Durante dos años y medio, el gobierno de Javier Milei recaudó más de 1,5 billón de pesos en el fideicomiso creado para financiar obras viales, pero sólo aplicó la cuarta parte a ese fin. A fines de mayo pasado mantenía más de $ 1 billón en inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos, según reconstruyó el periodista Hugo Alconada Mon en diario La Nación a partir de balances contables, informes mensuales de cuenta y otros documentos oficiales obtenidos mediante múltiples pedidos de acceso a la información pública. El dinero que debía financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de las rutas permanece en gran parte colocado en inversiones financieras. Mientras tanto, el deterioro de la red vial continúa y las rutas siguen siendo escenario de muertes.

La operatoria oficial tiene como epicentro el Sistema Vial Integrado (SisVial), un subsistema del fideicomiso creado por el decreto 976/01 que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos con un objetivo legal específico: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial. El Ministerio de Economía es su autoridad de aplicación, mientras que el Banco Nación actúa como fiduciario y opera una cuenta corriente especial, la 330.902/9, donde ingresa y de donde sale cada peso para, en teoría, rutas.

La obligación de sólo usar lo recaudado por el SisVial en obras viales es taxativa. El fideicomiso se creó por exigencia del Banco Mundial para aprobar un préstamo a la Argentina, precisamente para evitar que la recaudación del impuesto a los combustibles terminara financiando gastos corrientes, como venía ocurriendo cuando la administraba Vialidad Nacional, según explicó al diario La Nación un especialista en administración financiera pública que participó del diseño original del esquema, que pidió no ser identificado. En otras palabras, la herramienta se diseñó para atar el dinero a un destino específico y hacerlo jurídicamente indisponible para otros fines presupuestarios.

Desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, sin embargo, la tasa de subejecución del SisVial asciende al 73,8%. Sólo se ejecutó el 11,3% de lo recaudado durante 2024 ($40.668 millones de $360.238 millones), subió al 39% ($270.592 millones de $692.514 millones) durante 2025, año electoral y de máxima confrontación legislativa, y bajó otra vez al 18,5% entre enero y mayo de 2026 ($83.144 millones de $450.500 millones). En total: $1.503.252 millones recaudados, $394.406 millones ejecutados y más de $1 billón que al cierre del período analizado permanecían sin aplicarse a obras viales.

Los informes mensuales de la cuenta 330.902/9 registran, por su parte, un renglón de “ingresos por distribución” menor —$247.628 millones en 2024, $502.928 millones en 2025 y $331.277 millones entre enero y mayo de 2026—, porque no toda la recaudación asignada al subsistema SisVial ingresó a esa cuenta en el Banco Nación. Medida contra ese segundo denominador, más restrictivo, la ejecución tampoco supera el 36,5% del período.

“Si tomáramos como referencia el costo del kilómetro que surge de la licitación 14/26 de Vialidad Nacional, se podría afirmar que con el dinero que el SisVial retiene en inversiones financieras podrían haberse intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros de la red vial en lo que va del gobierno de Milei; eso equivale a casi dos tercios de la red vial nacional”, estimó un economista abocado a asuntos públicos que consultó La Nación. “Por supuesto que los números son aproximativos, pero atrás de los números hay gente que muere en las rutas”.

Creado bajo un régimen específico que lo excluye de la Ley de Administración Financiera del Sector Público Nacional, el SisVial se encuentra, de todos modos, bajo control de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y de la Auditoría General de la Nación (AGN), que no han revisado la ejecución de este fideicomiso durante los últimos años, según constató LA NACION.

El SisVial también cuenta con auditores externos, como la firma González Fischer y Asociados, pero La Nación no logró verificar si consignaron alguna salvedad o nota sobre cómo se gestionan los fondos. Sí emitieron una “observación” los auditores externos que en 2025 analizaron la ejecución del préstamo 11744 del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para el Programa de Corredores Logísticos de Integración (Corredores Viales de Integración Fase III). En esa obra, la CAF debía aportar el 69,74% del dinero y el resto, el Estado nacional. Pero al momento de la auditoría, los responsables del Estudio Villares y Asociados SRL remarcaron que “el aporte ejecutado con fondos de contraparte local es nulo (0%)”, según consta en la copia del reporte que obtuvo La Nación.

Los documentos oficiales muestran, en efecto, que el grueso de los fondos del SisVial no se destinan a obras viales, sino a inversiones financieras. El 31 de marzo último, por ejemplo, el SisVial destinó $1090 millones a obras viales, mientras su cartera de inversiones financieras crecía $83.840 millones durante ese mismo mes, de $785.136 millones a $868.976 millones. Dos meses después, al 31 de mayo, la cartera trepó a $1.001.018 millones, de los cuales $854.234 millones estaban colocados en títulos públicos y $146.784 millones en plazos fijos. A esa fecha, el valor nominal de la cartera era de $960.088 millones: la diferencia de casi $41.000 millones corresponde a la valuación de mercado de los títulos.

Los reclamos, mientras tanto, se acumulan. Un informe técnico de la Federación de Personal de Vialidad Nacional de diciembre pasado estimó que entre el 65% y 70% de las rutas nacionales se encuentran en regular o mal estado, producto de la subejecución presupuestaria y la paralización de obras. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, calificó el estado de las rutas nacionales en la provincia como “heridas, rotas y olvidadas”. Y en Santa Fe, su par Maximiliano Pullaro denunció que muchas rutas nacionales en esa provincia “ya no tienen pozos, sino cráteres”.

Desde marzo de 2024, la decisión final sobre esos fondos quedó concentrada en el Ministerio de Economía. El decreto 215/14 designó a la cartera que conduce Luis Caputo como fiduciante y autoridad de aplicación de todos los fondos fiduciarios integrados con recursos del Estado nacional. Un mes después, por resolución 200, el ministro delegó esas facultades en el secretario Legal y Administrativo, Juan Ignacio Stampalija, con intervención previa del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, cuya opinión —según consignan los propios estados contables del fideicomiso— “tiene carácter vinculante”.

El diario La Nación consultó al ministro Caputo y sus principales colaboradores. Le remitió preguntas por escrito sobre los desembolsos, las colocaciones financieras y los criterios utilizados para definir montos, especies y plazos de las inversiones del SisVial. Pero al cierre de esta edición no obtuvo respuestas.

Los anexos de inversiones del Banco Nación que analizó LA NACION permiten seguir mes a mes qué hicieron los responsables el SisVial con el dinero recaudado. Y muestran un viraje durante los últimos doce meses.

Hasta mediados de 2025, la cartera del SisVial estaba compuesta casi por completo por plazos fijos en el Banco Nación: al 31 de enero, los $276.286 millones invertidos eran íntegramente depósitos a plazo. El único antecedente en títulos había sido una LECAP por $30.000 millones nominales, que apareció en la cartera al 30 de septiembre de 2024, se mantuvo en octubre y luego desapareció. En junio, los títulos públicos representaban el 11,5%. En julio saltaron al 61,5%. En agosto, al 79,4%. Al 31 de diciembre de 2025, el 100% de los $664.494 millones de la cartera estaba colocado en letras del Tesoro.

Ese giro coincide con una instrucción del Poder Ejecutivo. En una nota al pie de sus estados contables al 30 de junio de 2025, el Banco Nación consignó que informó a la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía “el detalle de los pagos efectuados conforme las instrucciones recibidas” y que su banca fiduciaria se contactaría antes de cada licitación de títulos públicos “para que se indique el monto a invertir y la especie, de acuerdo a lo instruido en el Decreto 425/2025 de fecha 24.06.2025”.