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Mientras el presidente Donald Trump busca países dispuestos a aceptar a miles de migrantes deportados de Estados Unidos, está descubriendo que algunos de los líderes más receptivos son autoritarios, autócratas y violadores de los derechos humanos.
Los diplomáticos estadounidenses están tan presionados por la Casa Blanca para lograr acuerdos que, según los registros, lo han puesto casi todo sobre la mesa de negociaciones: Estados Unidos pagará a las fuerzas de seguridad extranjeras, suavizará las restricciones de visados o los aranceles, financiará servicios de sanidad pública e incluso reconsiderará la inclusión de un país en las listas de vigilancia estadounidenses.
La oficina del secretario de Estado Marco Rubio, en un cable de febrero visto por The New York Times, instruía a los diplomáticos sobre cómo obtener ofertas iniciales.
“Si están dispuestos a acoger a más personas, entonces podremos prestarles más ayuda”, fue una de las sugerencias. “Sin hacer promesas, ¿qué tienen en mente?”, era otra.
El cable no ponía restricciones sobre con quién podría negociar Estados Unidos. En relación con una lista de “Países Preocupantes” no especificados, se dijo a los diplomáticos estadounidenses que aceptar migrantes “puede ayudar a un país a mejorar su relación con Estados Unidos”.
Las negociaciones muestran cómo Trump ha convertido la deportación masiva, una de sus iniciativas nacionales emblemáticas, en una parte central de la política exterior estadounidense.
El gobierno de Trump ha deportado a miles de personas a una decena de países, a menudo a lugares donde no tienen ningún vínculo. A medida que la detención masiva en Estados Unidos se vuelve políticamente complicada, el gobierno está ansioso por establecer más acuerdos para deportar a los migrantes.
Esos acuerdos están tomando forma sobre todo en África, donde Trump ha introducido un nuevo estilo de diplomacia que da prioridad a la negociación de acuerdos sobre el cumplimiento de los derechos humanos y la promoción de la democracia. La política se denomina “Estados Unidos primero en África”.
El gobierno de Trump está en conversaciones, según consta en los registros, para enviar migrantes a la República Centroafricana y a la República Democrática del Congo, dos países donde los sistemas judiciales son disfuncionales y las fuerzas gubernamentales han sido vinculadas a torturas y desapariciones forzadas.
Estados Unidos ya ha llegado a acuerdos con los líderes de Camerún y Ruanda. Los migrantes están detenidos en virtud de un acuerdo con Guinea Ecuatorial, una autocracia donde la tortura es sistémica. Otros están retenidos en Esuatini, una monarquía con un historial de abusos contra los derechos humanos, y en Sudán del Sur, que se tambalea al borde de la guerra civil.
Muchos de estos migrantes habían estado viviendo en Estados Unidos bajo protecciones legales que les impedían ser enviados a sus países de origen debido a la amenaza de persecución política, religiosa o étnica.
“La expulsión a terceros países es el único mecanismo mediante el cual ICE puede cumplir simultáneamente sus dos obligaciones legales fundamentales: la obligación de no devolver a las personas a un país del que se les ha concedido protección y la obligación de ejecutar una orden definitiva de expulsión”, declaró el mes pasado John A. Schultz, alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), ante un juez federal.
El Departamento de Estado declinó hacer comentarios sobre su comunicación con otros países. El Times reconstruyó los detalles de los acuerdos a través de cables diplomáticos, registros de financiación, correspondencia gubernamental y otros documentos, así como mediante entrevistas con funcionarios estadounidenses y migrantes. Algunos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar del programa.
Todavía se están perfilando los contornos del programa, pero el Departamento de Estado está sometido a presiones para que acelere el ritmo.
