Definirá Corte Suprema ciudadanía por nacimiento

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La Corte Suprema de Estados Unidos (SCOTUS) está próxima a resolver uno de los casos más trascendentales de la era Trump: si el presidente tiene autoridad para eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante orden ejecutiva, una práctica garantizada constitucionalmente desde 1868.

La mayoría de los analistas legales anticipa que el tribunal fallará en contra de la administración y preservará el derecho, aunque en paralelo podría eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes haitianos y sirios.

La 14ª Enmienda, adoptada en 1866 —un año después del fin de la Guerra Civil—, establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos". La enmienda fue diseñada para revertir el infame fallo Dred Scott de 1857, en el que la propia Corte determinó que las personas esclavizadas no eran ciudadanos y no podían reclamar protección del gobierno federal.

La orden ejecutiva de Trump, firmada en enero de 2025, busca negar esa ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados y de quienes se encuentran en el país como residentes temporales.

Durante los argumentos orales del 1 de abril, el Procurador General D. John Sauer sostuvo ante los magistrados que la cláusula de ciudadanía fue concebida únicamente para proteger a los descendientes de personas esclavizadas, no a hijos de visitantes temporales o de personas en situación irregular. "La ciudadanía irrestricta por nacimiento contradice la práctica de la gran mayoría de las naciones modernas", declaró Sauer, y calificó la ciudadanía estadounidense como un "regalo profundo" que no debe otorgarse sin restricciones.

La magistrada Elena Kagan cuestionó abiertamente esa interpretación: "Creo que incluso su propio escrito admite que la postura que adopta ahora es revisionista respecto a una parte sustancial de nuestra historia", le señaló.

Para organizaciones de derechos civiles e inmigrantes, el solo intento de desmantelar la ciudadanía por nacimiento representa una amenaza de magnitud histórica.

"La ciudadanía por nacimiento es uno de los compromisos más trascendentales de Estados Unidos: la idea de que el lugar donde naces, y no el origen de tus padres, determina tu pertenencia a esta nación", declaró Adam Strom, director ejecutivo y cofundador de Reimagining Migration. "Para los millones de niños de origen inmigrante en nuestras escuelas, esto no es una abstracción. Es el suelo sobre el que se sostienen".

Cecillia Wang, directora legal nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) e hija de inmigrantes taiwaneses nacida en Estados Unidos, advirtió que el decreto ejecutivo fallaría en todos los frentes jurídicos. "Miles de bebés estadounidenses perderían de inmediato su ciudadanía y, si se toma en serio la teoría del gobierno, la ciudadanía de millones de estadounidenses —pasados, presentes y futuros— podría ser puesta en duda", señaló.

Tsion Gurmu, directora legal de la Alianza Negra por una Inmigración Justa, con sede en Houston, calificó la orden ejecutiva como "un intento peligroso de resucitar un sistema que la 14ª Enmienda fue diseñada para erradicar". Gurmu advirtió que el decreto expondría a hijos de inmigrantes negros a mayor vigilancia, detención y deportación, y privaría a sus hijos nacidos en suelo estadounidense del acceso a programas de salud y nutrición.

Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad Americana, consideró que incluso aunque los magistrados hayan sido "muy creativos en el pasado cuando quieren alinearse con Trump", esta vez el tribunal probablemente rechazará la postura federal.

El académico advirtió que eliminar la ciudadanía por nacimiento afectaría a sectores que muchos no asocian con la inmigración indocumentada: científicos, ejecutivos de empresas y residentes legales cuyos hijos quedarían en un limbo migratorio. "Quizás prefieran trabajar en otro país que les facilite las cosas", señaló Castañeda.

El investigador también alertó sobre el efecto en el sistema educativo, donde los derechos escolares de miles de estudiantes quedarían en entredicho, y trazó una línea directa hacia el pasado: "La esclavitud era hereditaria. La ilegalidad pasaría de ser una maldición de una generación a ser una maldición multigeneracional".

El caso se desarrolla en un contexto de creciente fricción entre el presidente y la Corte Suprema, cuyos tres magistrados conservadores —Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett— fueron nombrados por el propio Trump durante su primer mandato.