Sector empresarial presiona al Congreso para aprobar ley antilavado y evitar sanciones internacionales

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Guatemala–El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, instó al Congreso de Guatemala a aprobar la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, al considerar que el país podría enfrentar restricciones financieras y afectar su estabilidad económica si no cumple con los estándares internacionales.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, representantes del sector empresarial señalaron que la normativa es necesaria para que Guatemala se mantenga alineada con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y evite posibles sanciones o su inclusión en la denominada “lista gris”.

El presidente del CACIF, Carlos Arias, afirmó que la aprobación de la ley debe concretarse antes de la sesión extraordinaria prevista para el 2 de junio, debido a los compromisos internacionales asumidos por el país.

Según el sector privado, no aprobar la legislación podría provocar mayores costos en transacciones financieras internacionales, dificultades en el envío de remesas y pérdida de confianza de inversionistas, bancos corresponsales y organismos internacionales.

Las gremiales empresariales también indicaron que el combate al lavado de dinero no solo responde a obligaciones legales, sino que representa una medida para evitar que recursos ilícitos afecten la economía y las instituciones del país.

Además, sectores vinculados a la construcción y exportaciones advirtieron que un eventual deterioro en la relación financiera internacional podría impactar áreas como la adquisición de viviendas mediante remesas y la competitividad comercial de Guatemala.

El CACIF sostuvo que está de acuerdo con realizar enmiendas a la iniciativa, siempre que se mantengan los principios y requisitos establecidos por el GAFILAT.

El sector empresarial recordó que una misión técnica del organismo internacional visitará Guatemala en febrero de 2027 para verificar no solo la aprobación de la ley, sino también su implementación.

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