La amortización de la deuda del sistema eléctrico en 2027 permitirá una rebaja del 6% en la factura

El próximo año los consumidores pagarán la última anualidad de 271,8 millones de un ‘agujero’ que llegó a los 30.000 millones y que han sufragado durante 15 años a un tipo de interés del 4,9%

La cuenta atrás para poner fin a la deuda del sistema eléctrico, que comenzó a generarse hace 25 años, tras decisiones políticas erróneas, ha comenzado. Según el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el estado de dicha deuda, en 2025 los consumidores pagaron 3.552 millones de euros por este concepto en una de las partes fijas del recibo, los llamados cargos del sistema (la otra son los peajes por el uso de las redes); este año desembolsarán 1.843 millones, y quedaría una última anualidad de 271,8 millones de euros a pagar el próximo año, cuando se dará totalmente por amortizada.

Tras una acumulación de déficits tarifarios (que afloran cuando los costes superan a los ingresos) a partir de 2002, que llegó a su culmen en 2013, con un agujero de casi 30.000 millones de euros, ese año el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un paquete de medidas con el objeto de frenar una sangría que se atribuyó a las voluminosas primas que recibieron sin control las renovables, que se sufragaban en la factura de la luz y que se saldó con un recorte retroactivo de dichas primas (lo que le ha valido a España multitud de arbitrajes por parte de inversores internacionales); una moratoria de dicho sistema de ayudas y la promesa de celebrar subastas para su adjudicación. Asimismo, se aprobaron medidas fiscales para cubrir los déficits, entre ellas, el impuesto del 7% a los ingresos obtenidos por la producción de cualquier tipo de energía: Hacienda lo recauda y lo destina al sistema eléctrico.

Previamente, en 2010, se había credo el Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE) para emitir y colocar en el mercado una deuda que el sistema había contraído con las grandes distribuidoras eléctricas, Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, que la cedieron a dicho fondo y por la que los consumidores han pagado durante 15 años un tipo de interés ponderado del 4,9%.

Precisamente, a la vista de que la deuda terminará de pagarse el próximo año, y tras el fuerte rechazo de eléctricas y consumidores, el pasado 29 de junio, el Gobierno, en el marco de su revisión del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio de marzo, acordó eliminar un tributo que, en última instancia, pagan los usuarios pues las generadoras lo trasladan al precio final de la energía. La desaparición del polémico impuesto (que en varias ocasiones fue suspendido temporalmente), será progresiva. Desde el 1 de julio se aplica con un recorte del 30%, que aumentará hasta el 40% en el cuarto trimestre; por lo que en la media del año el impuesto será del 5% en lugar del 7%. A partir del 1 de enero de 2027 se pagará el 3,5% (la mitad del original) y desaparecerá definitivamente en 2028.

Según los cálculos del Ministerio de Transición Ecológica, la anulación completa de este tributo supondrá una rebaja en la factura de la luz del 6% y de los cargos de la factura de la luz desaparecerá una deuda que, a finales de 2025, superaba los 3.500 millones de euros, y se financia con dicho impuesto. También las eléctricas han calculado que la desaparición del tributo permitiría, además de aumentar las exportaciones en 7.500 GWh, rebajar el precio del mercado mayorista (pool) un 6%. La decisión del Gobierno comenzó a tomar forma después de que Portugal eliminara el equivalente luso al 7% el pasado mes de enero.

La deuda eléctrica se fue generando al comenzar este siglo tras la decisión del ministro de Economía del último Gobierno de José María Aznar, Rodrigo Rato, de no subir la tarifa eléctrica por encima del IPC, aunque los costes reconocidos por ley a las empresas (y que, por tanto, no se podían condonar) superasen a los ingresos que, en aquel momento, procedían únicamente de la factura de la luz. De este modo, cuando los ingresos no cubrían los costes, por estar la revisión de aquellos limitados a la inflación, se producían déficits anuales de cuya deuda eran acreedoras las empresas del sector, que cobraban de manera aplazada y con intereses. En otras palabras, una hipoteca que llegó a alcanzar entre 3.000 y 4.000 millones de euros algunos años y se convirtió en una auténtica bola de nieve.

Sufragar dichos costes (que se dispararon en parte por las primas descontroladas de las renovables) habría supuesto subidas disparatadas de la factura de la luz que ningún Gobierno quiso asumir. Tampoco lo hizo el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que mantuvo el sistema de déficit tarifario hasta que el de Mariano Rajoy abordó una reforma, de la que aún colean los laudos condenatorios contra España por el recorte de las primas a las energías verdes, pero que acotó el pago de la deuda.

La deuda eléctrica cuenta con dos acreedores, el FADE, con un 77,5% de la misma, mientras que el resto está en manos de entidades que financian el déficit de tarifa generado en el año 2013 (17%); el ICO (un 3,3%) y vehículos de titulización extranjeros (el 1,9%). El interés medio de la deuda del déficit de 2013 está a un tipo fijo del 2,195%, mientras que a la del FADE se le aplica una tasa interna de rendimiento (TIR) media ponderada de todas las emisiones vivas a 30 de noviembre del año anterior más un diferencial de 30 puntos básicos: el 5,7% a 30 de noviembre de 2026. El derecho de cobro se fijó en 15 años, desde la fecha de cesión, y termina a finales de 2027. Según la Ley del Sector Eléctrico, en tanto sobreviviese esta deuda, y aunque se produjese algún superávit en el sistema, este debía destinarse a su amortización y no a bajar la tarifa, algo que nunca se ha hecho dado que se emitió entre terceros y su amortización no dependía del Gobierno.

La reforma de 2013 incluyó otras medidas fiscales que las empresas del sector también han contestado pues, aunque se aplicaron para frenar los déficits de tarifa, no se han utilizado con este fin, como ha ocurrido con el impuesto del 7%. Se trata del canon hidráulico y del impuesto al combustible nuclear gastado.