Una por una, las consecuencias del DNU fundacional del gobierno de Javier Milei. El daño provocado a consumidores, trabajadores, inquilinos y otros sectores. Y los beneficios otorgados a empresas, empresarios y a la concentración de la renta y el capital.
El DNU 70/2023 manifestó fuerte y claro que el gobierno que gerencia Javier Milei no solo pretendía ajustar cuentas: venía a reordenar el sistema de poder en favor de la élite que lo incubó. Viciado de origen -fue redactado por abogados externos coordinados por Federico Sturzenegger, un economista que ni siquiera tenía contrato con el Estado como asesor- el decreto de necesidad y urgencia retiró protecciones legales, redujo la intervención del Estado y amplió la libertad de contratación y comercialización en beneficios de los sectores más fuertes de la economía.
¿Quién perdió derechos o capacidad de negociación y quién ganó ventajas que se multiplicaron en más ingresos, más patrimonio y más poder de mercado? Lo que sigue es un resumen de los cambios y consecuencia provocados por un digesto normativo con pretensiones de reforma constitucional.
Con las evidencia y la experiencia a la vista, los diputados tendrán este jueves la oportunidad de darle punto final al DNU, que ya cuenta con derogación parcial del senado. Quienes no lo hagan, deberán ser considerado cómplices activos y a conciencia de un plan injusto y cruel.
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