Las cifras del plan de choque muestran uno de los principales desafíos: aunque más de 631.000 personas ya tienen cierre de pendiente, otras 1,2 millones todavía esperan respuesta.
Los primeros 100 días de Ana María Vesga al frente del Ministerio de Salud han estado marcados por un diagnóstico de las dificultades que enfrenta el sistema sanitario colombiano y por el anuncio de medidas para atender sus problemas más urgentes.
La agenda de la ministra se ha concentrado en cuatro grandes frentes: responder a los pacientes que tienen tratamientos y medicamentos pendientes, buscar soluciones a las dificultades financieras del sector, revisar el manejo de los recursos públicos y acompañar la recuperación de hospitales con problemas administrativos y de prestación de servicios.
Uno de los principales frentes de trabajo ha sido el plan de choque para hacer seguimiento a los pacientes con necesidades de atención pendientes.
De acuerdo con el tablero de seguimiento, a la fecha se han registrado 1.853.402 personas. De ese total, 631.833 tienen cierre de pendiente, lo que representa un avance del 34,09 %. Sin embargo, 1.221.569 personas, equivalentes al 65,91 %, todavía aparecen con pendientes.
El balance también muestra 4.511.084 registros en total. De estos, 1.770.779 tienen cierre de pendiente (39,25 %), mientras que 2.740.305 continúan pendientes (60,75 %).
Las cifras muestran que, aunque el plan registra cierres de pendientes, todavía hay un volumen importante de personas y solicitudes que requieren respuesta.
Para hacer seguimiento a estos casos, el Ministerio puso en marcha un plan de choque con la participación de viceministros y directores de entidades del sector. También implementó un tablero de control para monitorear los avances y hacer seguimiento a las respuestas que requieren los pacientes.
La situación económica continúa siendo uno de los principales desafíos. El Ministerio debe avanzar en la búsqueda de recursos para responder por las obligaciones del sector, pagar deudas y atender compromisos de vigencias anteriores. Dijo la propia ministra que ha estado en constante reuniones con el ministro de Hacienda, Miguel Goméz para buscar más recursos para el ministerio luego de que se cayera la adición presupuestal en el Congreso.
En este escenario, una de las discusiones centrales es el ajuste técnico de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que se reconoce por cada afiliado para financiar los servicios de salud.
A esto se suma la necesidad de conseguir recursos adicionales. Durante la campaña presidencial se habló de 10 billones de pesos para el sector, pero esos recursos no están disponibles.
Otro de los anuncios de la ministra ha sido la identificación de hallazgos en procesos de contratación directa del sector salud por más de 8,4 billones de pesos, entre 2022 y 2026.
Los resultados de esta revisión serán trasladados a las autoridades competentes para que investiguen posibles irregularidades.
Entre los casos señalados está un contrato de logística cuyo valor pasó de 1.750 millones a 2.240 millones de pesos en menos de dos meses. También se conocieron denuncias ante la Fiscalía por contratos de logística que entre 2023 y 2026 habrían sumado 20.200 millones de pesos e incluirían señalamientos sobre un posible uso de recursos públicos en campañas electorales.
La cartera aseguró que los hallazgos fueron puestos en conocimiento de las autoridades para que se investiguen y se esclarezcan los hechos. Se trata de presuntas irregularidades que deberán ser verificadas por los organismos competentes.
