El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de un nuevo paquete de sanciones contra tres funcionarios y nueve entidades vinculadas al aparato estatal cubano, como parte de la estrategia impulsada por la Casa Blanca para forzar transformaciones políticas y económicas en la isla.
La medida abarca organismos de sectores estratégicos que incluyen la minería, la infraestructura, la industria metalúrgica y el comercio exterior.
A través de un comunicado emitido por el Departamento de Estado, las autoridades precisaron que las designaciones buscan recortar las vías de financiamiento del Ejecutivo cubano.
Las medidas individuales afectan a la directiva del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), encabezada por su director Fernando González Llort -condenado anteriormente en territorio estadounidense como parte de la Red Avispa-, la vicepresidenta primera Noemí Rabaza Fernández y la directora para América del Norte, Leima Martínez Freire.
Al justificar el alcance del decreto, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo a través de sus canales oficiales que la institución gubernamental ha utilizado durante décadas organizaciones fachada para infiltrarse e influir en el exterior.
Señaló que los nueve organismos señalados cumplen la función de sostener y financiar la estructura operativa del Estado en La Habana.
Today’s designations make clear that the Trump Administration will not tolerate the Cuban regime’s efforts to fund its repression or continue its decades-long campaign of subversive anti-American activities.https://t.co/BjWMFpCWXn
En el plano institucional, la medida incluye al Ministerio de la Construcción (Micons).
Junto a esta dependencia gubernamental, las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) alcanzan a la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, la importadora y exportadora Metalcuba, el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal) y la comercializadora Acinox Comercial.
El decreto económico engloba además a empresas dedicadas a la logística y la contratación de servicios.
Entre ellas destacan la gestora de comercio Coratur, la Empresa Central de Abastecimiento y Ventas de Equipos de Transporte Pesado y Piezas (Transimport), la Empresa Comercializadora de Artículos en General (Consumimport) y la agencia Acorec, entidad dedicada a suministrar fuerza laboral local a corporaciones internacionales asentadas en la isla.
El jefe de la diplomacia estadounidense advirtió a la comunidad financiera internacional sobre los riesgos de mantener relaciones comerciales con las partes señaladas.
Rubio enfatizó que cualquier persona, corporación o entidad bancaria extranjera que proporcione servicios o gestione fondos de las instituciones sancionadas se expone a sufrir represalias financieras directas por parte de Washington.
Esta nueva batería de medidas se suma a las sanciones previas dictadas contra el presidente Miguel Díaz-Canel y a las acciones judiciales emprendidas contra el expresidente Raúl Castro.
La intensificación del bloqueo energético y la presión económica se producen en un contexto de marcada fragilidad en la isla caribeña, caracterizado por problemas de suministro y fallas en la red eléctrica, escenario ante el cual la administración estadounidense ha ratificado que no ofrecerá márgenes de flexibilización.