Mendoza se prepara para resistir la reforma vitivinícola de Milei: La industria dice que atrasa 40 años y que convierte al vino en un commodity como en el modelo de la cerveza o las gaseosas

Hace poco más de 40 años la industria vitivinícola estaba centralizada en Buenos Aires. Allí, donde Dios atiende, aunque esté en todas partes, se fraccionaba, envasaba y distribuía el vino que salía de las provincias productoras. No era vino Malbec, Cabernet, Merlot u otra variedad, era solo vino, apenas un commodity, nada más lejos de lo que el vino argentino es hoy en el mundo en calidad y prestigio.

La iniciativa del gobierno del presidente Javier Milei, que busca una reforma a fondo de la Ley de Vinos 14.878 provocaría un retroceso desastroso, mandando la actividad 40 años para atrás, a los tiempos en que el vino se manejaba con la lógica de la Pampa Húmeda: como si fuera trigo, maíz, o como lo es hoy la soja, y todo controlado por muy pocas manos.

Así lo percibe la mayor parte de la industria vitivinícola, que desde hace días está en máxima alerta, luego de que la Casa Rosada redoblara la apuesta de reformas con un anteproyecto que ya está en el Congreso de la Nación.

Sergio Villanueva, gerente de la UVA (Unión Vitivinícola Argentina), no tiene dudas: “Creo que lo que está haciendo el Gobierno Nacional con este proyecto de ley no es una especie de torpeza de gente burócrata que no conoce la vitivinicultura, sino una movida de gente experta que ha quitado todos los artículos necesarios para cambiar el modelo vitivinícola y beneficiarse”.

Para el ex presidente del INV y ex diputado nacional radical Luis Borsani, “hay un riesgo serio con este anteproyecto de modificar la definición de vino genuino y masificarlo, ya que, en nuestro país, el artículo 17 de la Ley de Vinos, dice que el vino genuino se obtiene de la fermentación alcohólica de la uva fresca y madura o del mosto de la uva fresca, elaborados dentro de la misma zona de producción”.

“En la propuesta -alerta Borsani- le quita el término “uva fresca” al uso del mosto, como así también la indicación de que debe ser dentro de la misma zona de producción”.

Por su parte, para Fabián Ruggeri, presidente de la COVIAR (Corporación Vitivinícola Argentina), entidad encargada del plan estratégico, y de ACOVI (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas) que agrupa a más de 5.000 pequeños viñateros y bodegas, “este anteproyecto nace como una ideología del gobierno que ya raya el fanatismo absoluto, pero, por otro lado, hay también intereses de algunos sectores que no soportan la institucionalidad, que han estado acostumbrados a hacer y deshacer la vitivinicultura en otras épocas y quieren manejar el negocio desde Buenos Aires”.

Antes de llegar a este punto, el Gobierno Nacional había mostrado sus cartas y sus intenciones a través de algunas medidas, sostenidas por el ministro de Desregulación y Transformación de la Nación, Federico Sturzenegger, las que, de haber prosperado, habrían sido un golpe al mentón de la actividad.

Primero, se intentó eliminar la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uvas (a bodegas), herramienta clave para la trazabilidad del producto y las estadísticas, pero la Justicia Federal lo frenó.

Luego, se quiso dejar sin efecto la contribución económica obligatoria de los establecimientos bodegueros a la COVIAR (Corporación Vitivinícola Argentina), cuyos fondos se destinan a la promoción del vino y al Plan Estratégico de la actividad, pero la Justicia Federal también lo frenó.

Tanto en este caso como en el anterior, lo hizo por los recursos de amparo que se plantearon desde la Asociación de Viñateros y desde la misma COVIAR.

Y aunque los tribunales frenaron los intentos, pero todavía no resolvieron estos dos casos, la Casa Rosada no perdió tiempo y volvió a la carga, esta vez, vía Congreso de la Nación, con el anteproyecto de reforma de la ley con la que quiere desregular al máximo la vitivinicultura.

Otra vez la justicia recordó al gobierno que no se puede modificar una ley con una resolución: Concedió el amparo a la Coviar y dispuso la continuidad del Plan Estratégico Vitivinícola

Sin medias tintas, el anteproyecto se propone terminar con la COVIAR, eliminar el CIU y la categoría de vinos regionales, restringir los controles del INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) solo al producto final y modificar la definición de vino, permitiendo el uso de mosto de uva no fresca, lo que generaría un grave conflicto de violación de los acuerdos con el Mercosur y cerraría la puerta de Brasil al vino argentino, uno de los principales mercados exportadores en crecimiento de la actividad.