Los ciudadanos y empresarios de la provincia de Ilo realizaron un plantón de protesta frente a la Municipalidad Provincial. Los residentes alzaron su voz para exigir la suspensión del mantenimiento en el Malecón Costero. Los manifestantes advirtieron que los trabajos en pleno inicio de la temporada de verano destruirán la economía turística de la zona. La población aclaró que no rechaza la reparación de pistas pero exige mover las obras para después del periodo de alta playa.
El presidente de la junta vecinal Villa del Mar, Daniel Fernández Pazos, desmintió los comunicados emitidos por la gestión municipal sobre presuntos acuerdos previos. “Dijeron que ya habían coordinado con los vecinos pero eso no es cierto, el residente solo dio algunas pautas”, denunció el dirigente. El representante vecinal reveló para Prensa Regional, una grave irregularidad en la contratación del personal técnico. “Nos hemos enterado de que el ingeniero residente está inhabilitado por el Colegio de Ingenieros”, alertó el vocero de los afectados.
A pesar de los reclamos y el plantón en la sede municipal, el alcalde Humberto Tapia descartó retroceder en la ejecución de los trabajos. La autoridad provincial defendió el cierre de las vías y la intervención con maquinaria pesada en el malecón. “Ninguna protesta me va a detener, o qué hacemos hasta diciembre, cobramos sin producir”, declaró el burgomaestre edilicio. Los dueños de los negocios advirtieron que la postura de la autoridad amenaza a 100 familias dedicadas al turismo local.
El conflicto por el Malecón se suma a los serios cuestionamientos que salpican la administración de Humberto Tapia en la provincia. La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la adquisición de 2 bicicletas para el Parque del Niño y la Familia por S/ 43 mil 400. Ante las observaciones por sobreprecio, la autoridad responsabilizó al área de Logística y afirmó que su despacho no participa en las cotizaciones de la comuna. La explicación del burgomaestre incrementó la indignación de la ciudadanía por el manejo del gasto público.
La tensión en las calles ocurre en un contexto de marcada debilidad política para la autoridad municipal en la jurisdicción. El Concejo Municipal de Ilo aprobó por unanimidad la suspensión de Humberto Tapia este 25 de septiembre tras el pedido de los ciudadanos Juan Molina y José Parrillo. La decisión del pleno se amparó en el numeral 5 del artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades N.° 27972 por una sentencia en segunda instancia por delito doloso. Los constantes cuestionamientos mantienen a la población en alerta permanente frente a las decisiones de la alcaldía.
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