El Perú exporta arándanos, uvas y paltas a los mercados más exigentes del mundo, pero millones de personas todavía enfrentan dificultades para acceder a una alimentación adecuada. Esta contradicción es el punto de partida del análisis del economista y experto en Desarrollo Territorial Juan de Dios Guevara, quien plantea una transformación del modelo agrario nacional: colocar la nutrición de la población y el desarrollo de los pequeños productores en el centro de las políticas públicas.
En su artículo “Justicia nutricional y revolución agraria”, publicado en el portal Visión al Futuro como parte de la serie especial “Cultivar al Hombre y al Campo (2026-2031)”, Guevara cuestiona que el éxito de las agroexportaciones no se traduzca en mejores condiciones alimentarias para las comunidades rurales.
El especialista sostiene que el país enfrenta una profunda fractura territorial: mientras la costa consolida una agricultura tecnificada y orientada a los mercados internacionales, amplios sectores de la sierra y la Amazonía continúan afectados por la baja productividad, la limitada infraestructura y la inseguridad alimentaria.
PUEDES VER: Exministro David Tuesta advierte el riesgo de no ejecutar a tiempo los S/18.000 millones para enfrentar El Niño
Guevara señala que los despachos agroexportadores peruanos superan los US$ 15.000 millones anuales y generan un superávit comercial agrario de US$ 8.168 millones. Sin embargo, advierte que estos resultados conviven con indicadores sociales preocupantes: según las cifras que presenta en su artículo, el 30,5% de los peruanos sufre inseguridad alimentaria y la anemia afecta al 43,2% de los niños del ámbito rural.
El caso de Puno resulta especialmente crítico. El economista menciona que la anemia infantil alcanza allí el 56,1%, pese a la tradición agropecuaria de la región.
Para el especialista, esta paradoja evidencia que producir alimentos para los mercados internacionales no garantiza que las poblaciones de los territorios productores tengan acceso a una dieta nutritiva. El problema, sostiene, está relacionado con políticas públicas que no han logrado articular la producción agraria con el bienestar de las comunidades.
Otro de los problemas identificados por Guevara es la limitada incorporación de tecnología en la agricultura peruana. El país cuenta con cerca de 13 millones de hectáreas con aptitud agrícola, pero, según los datos expuestos en su análisis, apenas el 1,9% de la superficie agrícola dispone de tecnología moderna e infraestructura de riego tecnificado.
El autor denomina a esta situación «la brecha del 2%». En su opinión, la agricultura familiar y comunitaria, que cumple un papel fundamental en el abastecimiento de las ciudades, permanece condicionada por la escasa asistencia técnica, la baja cobertura de seguros agrarios y los mecanismos de intermediación comercial que reducen los ingresos de los productores.
A esta situación se suma la dependencia de insumos importados para productos básicos de la alimentación nacional. Guevara advierte que el trigo, el maíz y la soya registraron un crecimiento de 34% en sus importaciones entre 2020 y 2025.
De esta manera, plantea una contradicción adicional: mientras el Perú exporta frutas de alto valor, depende de granos procedentes del exterior para atender necesidades esenciales de su mercado interno, quedando expuesto a las variaciones de los precios internacionales y los costos de transporte.
PUEDES VER: Túpac Amaru II: Canas revivirá los 246 años de la rebelión de 1780 con una cabalgata histórica y una escenificación
Frente a este escenario, el economista considera que la respuesta del Estado no debe limitarse a medidas asistencialistas ni a la entrega de insumos durante las emergencias. Su propuesta para el periodo 2026-2031, denominada «Cultivar al Hombre y al Campo», plantea tres líneas de intervención.
La primera es una reforma del Servicio Civil Agrario, bajo el concepto de MIDAGRI 2.0. Guevara propone transformar el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en una verdadera gerencia de desarrollo territorial, con profesionales y directivos seleccionados por meritocracia y evaluados mediante indicadores de desempeño.
Entre los resultados que deberían medirse menciona la ampliación de hectáreas con riego tecnificado por cuenca, el incremento de la productividad y la reducción efectiva de la anemia y la desnutrición en cada jurisdicción.