Vuelve la guerra de aranceles: lo que hay que saber de la medida de Trump y cómo amenaza a la economía de EE. UU.

Donald Trump no quita el dedo del renglón y, tras un revés judicial, encuentra una nueva justificación para lanzar una de sus principales políticas de presión global.

Los nuevos aranceles entraron en vigor este viernes 24 de julio, justo después de que expirara un gravamen temporal del 10% que la Casa Blanca había aplicado durante 150 días. La medida alcanza a más de 60 países y cubre prácticamente la totalidad de las importaciones estadounidenses, aunque contempla numerosas excepciones para productos como petróleo, gas, fertilizantes y algunos alimentos.

Entre los países afectados figuran Canadá, México, China, Japón, India, Australia, Reino Unido y los miembros de la Unión Europea. Las tasas aplicadas oscilan entre el 10% y el 12,5%, dependiendo de la evaluación realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos sobre las políticas de cada país respecto a la importación de bienes producidos con, según asegura, trabajo forzoso.

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El Gobierno de Trump sostiene que estos aranceles buscan corregir prácticas que distorsionan el comercio y reforzar la protección de los derechos laborales en las cadenas de suministro internacionales.

Los aranceles forman parte de una estrategia que el líder republicano ha defendido desde hace años bajo la premisa de que Estados Unidos ha soportado condiciones comerciales desfavorables y necesita proteger su industria manufacturera y el empleo nacional.

Sin embargo, la decisión también tiene una dimensión política y jurídica. El pasado febrero, la Corte Suprema determinó que los aranceles globales impulsados previamente por Trump bajo una ley de emergencia nacional excedían las facultades presidenciales, al considerar que la capacidad de imponer impuestos y gravámenes corresponde al Congreso.

Tras ese fallo, la Casa Blanca buscó una nueva base legal para sostener su política comercial. Esta vez recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite imponer medidas comerciales cuando se detectan prácticas consideradas desleales y que afectan a Estados Unidos.

La Administración sostiene que sí, al señalar que están respaldados por una investigación formal sobre trabajo forzoso en cadenas de suministro internacionales. No obstante, varios especialistas consideran que la medida podría volver a ser objeto de litigios.

Aunque la Sección 301 ha resistido impugnaciones judiciales en el pasado y ofrece una base jurídica más sólida que la utilizada en los aranceles anulados por la Corte Suprema, expertos en comercio internacional advierten que los tribunales aún podrían evaluar si la Casa Blanca está excediendo el alcance de esa legislación.

La discusión jurídica será clave, ya que de ella dependerá si estos gravámenes se consolidan como una política permanente o vuelven a enfrentar obstáculos judiciales.

La respuesta internacional fue mayoritariamente crítica. Gobiernos de Europa, Asia y Oceanía cuestionaron la justificación de Washington y rechazaron las acusaciones relacionadas con la falta de controles sobre bienes producidos mediante trabajo forzoso.

Australia calificó los aranceles como "completamente injustificados", mientras que Nueva Zelanda los consideró perjudiciales para el comercio global. China reiteró su rechazo a los aranceles unilaterales y advirtió que las guerras comerciales no benefician a ninguna de las partes.

En la Unión Europea también surgieron cuestionamientos sobre los argumentos laborales utilizados por Washington, aunque Bruselas destacó que los nuevos gravámenes respetan los límites arancelarios previamente acordados entre ambas partes.

Aun así, algunos gobiernos valoraron que las nuevas tasas sean inferiores a los aranceles "recíprocos" mucho más elevados que Trump había intentado imponer anteriormente.