Los gobiernos de Brasil y Chile, de tendencia de izquierda y extremaderecha, respectivamente, rechazaron este jueves los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos contra decenas de economías bajo el argumento de que no combaten suficientemente el trabajo forzoso.
Es una medida que ambos países sudamericanos consideran injustificada y que interpretan como una nueva fase de la política proteccionista impulsada por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
Brasilia anunció que recurrirá a los mecanismos de defensa comercial previstos en su legislación y acudirá a la Organización Mundial del Comercio (OMC), mientras que Santiago de Chile informó que negociará con Washington para quedar excluido de la lista de países afectados.
El Gobierno brasileño calificó de "arbitraria e injustificada" la decisión estadounidense y afirmó que la referencia al trabajo forzoso fue utilizada como argumento para imponer una medida comercial sin una base jurídica suficiente.
Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.
En un comunicado divulgado tras el anuncio de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sostuvo que Washington "manipuló un tema tan importante" para justificar nuevos impuestos a las importaciones.
Brasil informó que activará los mecanismos establecidos en su Ley de Reciprocidad Económica y que llevará el caso ante el sistema de solución de controversias de la OMC.
El Ejecutivo brasileño recordó que el país cuenta con una política laboral reconocida por organismos internacionales y destacó que ha ratificado 66 convenios vigentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
También señaló que Brasil ha suscrito los principales instrumentos internacionales contra el trabajo forzoso, incluidos los convenios 29 y 105 de la OIT y el protocolo de 2014 sobre la materia.
Brasilia afirmó además que durante la investigación estadounidense entregó información sobre sus controles aduaneros, la legislación contra condiciones laborales degradantes y la llamada "lista sucia" de empleadores sancionados por explotación laboral.
La decisión de Washington representa un segundo golpe comercial para Brasil en pocos días, después de la entrada en vigor de un arancel adicional del 25 % anunciado previamente por Estados Unidos.
El Gobierno chileno también rechazó la medida y afirmó que sus instituciones laborales cumplen con los estándares internacionales exigidos para combatir el trabajo forzoso.
La Cancillería de Chile aseguró que el país posee "una sólida institucionalidad laboral" y que la aplicación del nuevo arancel "no se condice" con los antecedentes técnicos y jurídicos presentados durante la investigación estadounidense.
Santiago anunció que mantendrá conversaciones con las autoridades comerciales estadounidenses para proteger a sus exportadores y mejorar las condiciones de acceso al mercado estadounidense.
Chile recibirá un arancel del 12,5 % dentro del nuevo esquema anunciado por Washington, que también afecta a economías como México, India, Japón y miembros de la Unión Europea.