Qué pasó con el experimento de Bukele de convertir a El Salvador en el 'país del bitcoin'

"En El Salvador estamos comenzando a diseñar un país para el futuro, con los ingredientes que nos definen y la sensibilidad para encontrar las mejores ideas de la historia y del mundo. Y creo que el bitcoin puede ser una de ellas".

Con ese mensaje pregrabado se dirigió el presidente Nayib Bukele a la comunidad entusiasta de la criptomoneda reunida en la conferencia Bitcoin 2021 en Miami, Florida (Estados Unidos), en marzo de aquel año.

Acto seguido, anunció su intención de enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que convertiría al país centroamericano en el primero del mundo en adoptar el bitcoin, haciendo al público estallar en aplausos ante la materialización de un ideal.

Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Cinco años después, el dólar vuelve a ser la única divisa de curso legal en El Salvador, la aceptación del bitcoin pasó a ser voluntaria y no existe —como se prometió— ninguna ciudad futurista impulsada por la energía geotérmica de un volcán en la que se minaría la criptomoneda.

¿Qué queda entonces hoy del "país del bitcoin", como el propio Bukele lo bautizó? ¿Qué se ha cumplido de todo lo que se anunció? Y, ¿quién se ha beneficiado?

La cruzada para "bitcoinizar" El Salvador arrancó en junio de 2021, con la aprobación en la Asamblea Legislativa —controlada por el partido del presidente, Nueva Ideas— de la ley que volvió el criptoactivo de curso legal junto al dólar, la moneda oficial de El Salvador desde hace dos décadas.

La promesa era clara: su implementación traería "prosperidad, libertad económica e inclusión financiera".

Se dijo que abarataría las remesas, ese dinero que envía la diáspora y que representa casi una cuarta parte del Producto Interior Bruto (PIB) —en 2025 ascendió al 26,3%, según datos del Banco Central de Reserva—, ayudaría a incorporarse al sistema a aquella parte de la población con empleo informal y sin cuenta bancaria, y atraería inversión extranjera.

Para su puesta en marcha, el gobierno creó un fideicomiso de US$150 millones y entregó un incentivo de US$30 a cada ciudadano para que descargara la billetera digital Chivo Wallet en su celular.

También destinó otros US$50 millones para la instalación de cajeros y demás logística.

Nueve meses después, una de las primeras encuestas sobre la nueva política mostraba la poca fe que le tenían ya por aquel entonces los salvadoreños.

El 71% de los consultados al respecto por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) aseguró que no le estaba "beneficiando en nada en la economía familiar".

Aquello se sumaba a lo observado por la Oficina Nacional de Investigación Económica, una organización estadounidense privada y sin ánimo de lucro, que en su informe de abril de 2022 recogió que la mayoría de los usuarios que descargaron la Chivo Wallet no volvieron a usarla una vez gastado el "bono" ofrecido por el gobierno.

Mientras, Bukele siguió comprando la criptomoneda con fondos públicos, a pesar de las advertencias de expertos sobre el alto riesgo al que quedaban expuestos los recursos de la nación por la inestabilidad del precio de un activo digital que perdió más del 60% de su valor en 2022.