Zócalo

Por

José Alfredo Ramos López

Washington D.C.– La promesa del presidente Donald Trump de otorgar un “dividendo” de 5,000 dólares a cada adulto en Estados Unidos se enfrenta a una compleja red de restricciones financieras, constitucionales y legislativas que hacen casi imposible su instrumentación, incluso si el Partido Republicano logra retener el control de ambas cámaras del Congreso.

El análisis de la viabilidad del proyecto identifica tres obstáculos centrales que frenan la iniciativa desde el ámbito normativo e institucional:

La cobertura de un pago universal de 5,000 dólares a la población adulta estadounidense —calculada en aproximadamente 260 millones de personas— requeriría una partida presupuestaria superior a los 1.3 billones de dólares.

Aunque la Casa Blanca ha planteado financiar el gasto mediante la recaudación derivada de los aranceles a la importación, los ingresos por ese rubro resultan insuficientes para cubrir el monto total. La diferencia tendría que solventarse mediante la emisión de mayor deuda pública, presionando un déficit fiscal anual que ya ronda los 1.8 billones de dólares e inyectando liquidez masiva a la economía, lo que generaría presiones inflacionarias adicionales.

De acuerdo con el Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos, la facultad para autorizar el destino de los fondos públicos corresponde de manera exclusiva al Poder Legislativo (Power of the Purse). El Ejecutivo carece de atribuciones para emitir transferencias directas mediante decreto o resolución ejecutiva.

Aun si la bancada republicana conserva la mayoría en el Senado, la aprobación de una partida presupuestaria ordinaria requiere una mayoría cualificada de 60 votos para desactivar un eventual bloqueo legislativo (filibuster) por parte de la oposición demócrata, un umbral difícil de alcanzar en el escenario político actual.

Para eludir el requisito de los 60 votos, el oficialismo podría intentar recurrir al mecanismo de Reconciliación Presupuestaria, el cual permite la aprobación de leyes fiscales por mayoría simple (50+1).

Sin embargo, este procedimiento está supeditado a la denominada Regla Byrd, norma que prohíbe incluir disposiciones que incrementen el déficit fiscal a largo plazo sin contar con una fuente de ingresos compensatoria. Al no existir un esquema financiero sostenible para respaldar el desembolso del “Dividendo Trump”, la iniciativa quedaría descalificada para su tramitación por la vía rápida.