Ceuta y los nuevos Riánsares

Algo tendrán que hacer España y los españoles, algún día, para lograr pasar de nuestro clásico capitalismo castizo a otro más limpio y menos corrupto, más abierto a la libre competencia y más respetuoso con la ley

Sería falso afirmar que lo ocurrido en Ceuta no ha producido un fuerte impacto emocional en la conciencia de los españoles, pero conviene matizar. El futuro de Ceuta, como el de Melilla, se la trae al pairo a esos millones de votantes que siguen férreamente asidos a los faldones del populismo de extrema izquierda que encarna Pedro Sánchez, sus socios de Sumar y sus apoyos separatistas. Sí le importa a ese centro derecha que hoy constituye, a tenor de las encuestas y como ocurre en gran parte de los países de la UE, la mayoría de la población española. Pero frente a la distinción clásica entre izquierda y derecha, hay una clase cuyo silencio sigue retumbando 60 días después de la invasión de la ciudad autónoma. Es la que forman los ricos españoles. Es el silencio de nuestra elite empresarial y financiera. Nadie puede dudar ya que si Sánchez volviera a ganar en el 27, la España que hemos conocido, la que conocieron nuestros padres y abuelos, desaparecería para siempre por el vertedero de esa Confederación de Republiquetas Socialistas Ibéricas que persigue el bellaco para apalancarse sine die en el poder. A nadie se le oculta que la nación se encuentra hoy en un punto crítico, y que España va a vivir los que probablemente sean los 10 meses más importantes de su historia reciente. Pero empresarios y banqueros siguen callados, haciendo negocios, ganando dinero como nunca la mayor parte de ellos. Siguen escondidos, como reclamando que nadie se fije en ellos, que nadie les señale con el dedo, que nadie ponga en evidencia esa responsabilidad suya no asumida.

Podemos coincidir en que la gravedad del momento no es un drama exclusivo de España. Francia, Alemania, Gran Bretaña, entre otros, son ejemplo de países importantes sumidos en crisis que parecen terminales, una situación que tiene mucho que ver con la pavorosa devaluación de las elites políticas ocurrida en Europa de las últimas décadas. Nuestro vecino del norte, por ejemplo, tiene problemas de enorme gravedad, condenado como parece a sufrir una crisis de deuda a corto plazo que podría poner en jaque al euro y provocar incluso un enfrentamiento civil. Pero, a diferencia de España, en Francia sigue habiendo una elite muy consciente de la gravedad del momento que vive el país, una elite intelectual de honda tradición, algo de lo que carece España, que denuncia las miserias de unos políticos incapaces de hallar una salida al atolladero galo, y una elite empresarial potente que también se revela contra lo que está ocurriendo. Tomemos el caso del hombre más rico de Francia, Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo del conglomerado de lujo LVMH (Moët Hennessy, Louis Vuitton, etc.) con una fortuna estimada en más de 120.000 millones de euros. Arnault no vive escondido en su torre de marfil, sino que se muestra dispuesto a poner en evidencia la iniquidad de unos políticos acostumbrados a mirarse el ombligo, siempre prestos para el asalto al poder (¡cerca de una decena de candidatos al Eliseo en las presidenciales del 2027, solo entre el espectro de centro derecha!). El capo de Grupo LVMH viene desde hace tiempo denunciando la creciente injerencia del Estado en la gestión de las empresas privadas, una intromisión que “perturba la toma de decisiones estratégicas, debilita la competitividad y rompe la dinámica económica". Para Arnault, la decisión del Ejecutivo Macron de impedir las inversiones en Estados Unidos como respuesta a los aranceles de Trump es una “profunda estupidez”. El millonario galo, en fin, viene insistiendo casi con desesperación en la necesidad de reducir la carga impositiva que soportan particulares y empresas, lo que implicaría una profunda revisión del gasto público, condición sine qua non para aliviar la situación del déficit y, por ende, la agobiante presión de la deuda pública francesa.

Tomemos el caso de Amancio Ortega, el hombre más rico de España y uno de los más ricos del mundo, con una fortuna equiparable si no superior a la de Arnault (entre 110.000 y 148.000 millones de euros). Pero frente a la exposición pública del galo, el silencio de Ortega en los asuntos españoles no puede resultar más atronador. Desde luego que estamos ante un modelo de éxito empresarial worldwide, un hombre hecho así mismo desde una modesta tienda textil en La Coruña. Un español que ha creado miles de puestos de trabajo y que paga cuantiosos impuestos, desplegando además una labor de beneficencia desde su Fundación digna de encomio. Particularmente elogiable es su negativa de siempre a pisar la moqueta del poder político en Madrid para medrar, al contrario de lo que han hecho tantas fortunas del capitalismo castizo madrileño. Pero ahí acaba todo. Y no debería ser así. El dueño de Inditex ni ha expresado opinión sobre lo ocurrido en Ceuta, el drama/trauma español de nuestro tiempo, ni lo va a hacer. Es como si su responsabilidad de hombre más rico de España acabará en los muros exteriores de la factoría de Arteixo. Es cierto que reclamar el ejercicio de responsabilidad que le compete dada su posición sería pedir demasiado a quien empezó a hacerse rico vendiendo batas de señora en una mercería, pero en su silencio, en su desapego de los problemas del país, Ortega encarna como pocos el drama de una clase que ha abdicado de su responsabilidad para con España, tragedia tanto más importante, más sangrante, cuanto que aquí no hay clase política (meras sabandijas adheridas a la cúpula de los partidos, que no podrían buscarse la vida fuera de ella), que aquí la única clase que merece tal nombre es la empresarial: la única que dispone de verdadero poder, el poder del dinero.

O el de Ana Botín (Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea), presidenta de uno de los mayores bancos de la UE y sin duda la mujer con más poder en España de lejos. Ella no es una más de esos altos ejecutivos, muchos procedentes de los McKinsey de turno, gente lista que se ha encaramado a la cúpula de las empresas y las dirigen como si fueran sus dueños, cuando en realidad no pasan de ser meros ejecutivos pagados a precio de oro. Ana Botín es una empresaria banquera, una mujer que participa en el capital del banco que preside. Pero su silencio sobre lo ocurrido en Ceuta es tan estruendoso como el de Amancio Ortega. Durante los primeros años de Sánchez en Moncloa, Ana Botín pareció fascinada por la arquitectura física de un botarate adornado con los rasgos del psicópata clásico (“Dime la verdad, fulana -le dijo a una joven periodista de un diario digital que en 2017 fue a entrevistarlo a la sede de Ferraz- ¿a que soy guapo? ¿a que tú me encuentras atractivo?”). Ana fue una de las primeras en apuntarse a las “performances” que organizaba un sujeto siempre dispuesto a abanicar la desbocada vanidad de su ego. Ana compró del sanchismo buena parte del material teórico, entreverado con lo woke, que nos ha traído hasta aquí, en particular todo lo que atañe al feminismo. Pero Ana, como Saulo, cayó del caballo cuando conoció de primera mano la catadura del personaje. Otra gente ha tardado bastante más en descubrirlo. Es el caso de José Bogas, ex CEO de Endesa, que en abril de este año, cuando los amos italianos de la eléctrica decidieron descabalgarlo del cargo, llamó a Sánchez pidiendo árnica. Bogas se había posicionado en favor de las políticas energéticas del Ejecutivo, mostrándose partidario incluso del cierre de las nucleares, pero cuando le necesitó, Sánchez le dio con la puerta en las narices. No le atendió. Si no le importa ni su mujer, mucho menos tendría que importarle un ejecutivo caído en desgracia. El caso es que Ana lleva ya tiempo refugiada en el exterior, en un intento por pasar desapercibida en España, sumergida en la red de intereses de un grupo bancario cada día más potente y que acaba de adquirir una entidad como el Webster en USA.

Su padre no se escondió. Su padre no se desentendió. Cuando con motivo de la crisis financiera de 2008, alguien insinuó, o más bien insistió, ante Emilio Botín Sanz-de Sautuola y Ríos en la necesidad de llevar la sede social de banco al extranjero, posiblemente a Gran Bretaña, Botín respondió sin dudarlo que el Santander era un banco español y que la sede no se iba a mover de España. Ana Botín no ha dicho una palabra sobre la invasión de Ceuta y la traición de Pedro Sánchez a los intereses de la nación. Todos siguen teniendo miedo al bandolero que nos preside. Todos prefieren seguir callados y no significarse, no vaya a resultar que el autócrata decida imitar la célebre frase del tirano Chávez y su “exprópiese” (ahora quieren expropiar el edificio del que ha sido desalojada una señora que ha pasado 70 años viviendo del momio de una renta antigua, mientras que como secretaria de dirección de la multinacional farmacéutica Lilly ganaba un sueldo espléndido que le hubiera permitido comprarse cómodamente el piso de marras). Es el virus de la falta de responsabilidad individual que aqueja a esta sociedad infantilizada y fácilmente manipulable que ha decidido comprarse un perro. El país lleva varios años sin Presupuestos, situación que no parece importar a nuestros ricos. Nada han dicho al respecto y nada dijeron de los intentos del Gobierno Sánchez de asaltar las empresas del Ibex, sus propias empresas. Nada argumentaron contra la nacionalización en su día de Telefónica o de Indra, o sobre el frustrado intento de Sánchez-Illa por tomar al asalto la Fundación Caixa, en realidad el verdadero (y único)  fondo soberano español. Todos callados. Pánico a hablar, miedo a significarse.

A lo más que ha llegado Ana Botín ha sido a empotrar a Alejandra Kindelan, presidente de la AEB (una ex empleada del Santander que debe su nombramiento en el Asociación Española de Banca a Ana Botín, ergo es una mujer de Ana Botín) en la comitiva de CEOE que el 9 de septiembre visitó la ciudad autónoma. Nuestros grandes banqueros y empresarios se esconden bajo las faldas de CEOE, donde su responsabilidad individual queda diluida hasta casi desaparecer. CEOE, con su presidente, Antonio Garamendi (403.000 euros brutos año), a la cabeza, es un buen ejemplo de la extraña connivencia mostrada durante años por nuestra elite empresarial con un régimen enemigo de la libre empresa como el sanchismo. Tal vez la razón resida en lo que ayer mismo decía aquí Jordi Sevilla: “Los beneficios empresariales, la Bolsa y los activos inmobiliarios han experimentado un fuerte incremento desde 2018, cosa que no ha ocurrido con los salarios reales. A quien más ha beneficiado este Gobierno ha sido a los ricos”. Particularmente lamentable es el desempeño de los banqueros. Ninguno ha aparecido por Ceuta. Aparte de la citada Botín, ni Carlos Torres (BBVA), ni Tomás Muniesa (CaixaBank), ni Pepe Oliu (Sabadell), se han dejado ver por una ciudad acosada y dejada de la mano de Dios por un Gobierno traidor. Isidro Fainé bastante tiene con resistir en el fortín de la Fundación el permanente asedio del socialismo catalán, con esa especie de monjita seglar apellidada Illa al frente de la tropa gangsteril. Llamativa la situación de Torres, presidente del segundo gran banco español, una entidad que bajo su mando parece haberse desentendido voluntariamente de los problemas del país, a pesar de hacer buena parte de su negocio en ese mismo país. También Torres se tornó solícito con el Gobierno Sánchez, al que roció con lisonjas con ocasión de la OPA sobre el Sabadell en espera de que Moncloa inclinara de su lado el fiel de la balanza. Pero como ocurriera con Bogas, toda la saliva gastada por Torres en elogios a Moncloa y sus políticas resultó baldía. El sátrapa no entiende de amigos.

Quien sí ha dado la cara por Ceuta ha sido Juan Roig, presidente y primer propietario de Mercadona, que se plantó en la ciudad autónoma en los primeros días del asalto, arriesgando ciertamente mucho, para dar ánimos al personal de su grupo allí y enviar un mensaje de solidaridad a los ceutíes. También ha expresado claramente su apoyo a Ceuta Antonio Huertas, capo de Mapfre, aunque sin viajar a la ciudad. Hay otros que lo han hecho sin cortarse un pelo pero en privado, lo cual tiene bastante menos valor, caso, entre otros, de la familia Riberas (Gestamp), de Ismael Clemente (Merlin Properties), o el mismísimo Ignacio Sánchez Galán, presidente de una de las mayores compañías eléctricas el mundo, un tipo que, como Rafael del Pino (otra gran fortuna española, dueña de Ferrovial) parece cada día más resuelto a hacer su vida lejos del ambiente hostil de un Gobierno enemigo de la iniciativa privada y escasamente “friendly” con los negocios. No merece demasiado la pena aludir al nada ejemplar papel que en las últimas décadas vienen jugando en nuestra economía las empresas constructoras, entre otras de servicios, y las grandes fortunas de la construcción, siempre parapetadas tras el fútil argumento del corsé de prudencia que impone en control de la tarifa por parte del Gobierno de turno. Particularmente lamentable el desempeño de Florentino Pérez, presidente de ACS, a quien su entorno ha llevado a Ceuta del ronzal tras el comportamiento de varios jugadores del Real Madrid, pero sobre todo ante la necesidad de neutralizar la iniciativa de Vicente Boluda jr. (hijo del presidente de Boluda Corporación Marítima), aspirante a la presidencia del club blanco y promotor del lema  “Todos somos caballas”.

Nada nuevo, con todo, en el silencio de nuestra elites empresariales. El miedo a hablar, el temor a significarse, la falsa prudencia que impide emitir opinión en público, es quizá una de las herencias más letales del franquismo, un lastre que la democracia no ha conseguido extirpar. Sobre las razones que explican la ausencia en España de una auténtica clase empresarial capitalista (la ausencia paralela de grandes familias de editores clásicos es a su vez responsable de la debilidad de nuestros medios de comunicación) se ha escrito bastante, citándose entre ellas la llegada tardía del desarrollo, la presencia profundamente perturbadora del caciquismo y la corrupción (muchos de nuestros empresarios de hoy son los nuevos Riánsares, epígonos de aquel Fernando Muñoz, duque de Riánsares y marido morganático y secreto de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, que pasó de simple guardia de corps de la reina regente a hombre más rico de la España de su tiempo), y la simbiosis inextricable entre dinero y poder político, los negocios a la sombra de Palacio, el llamado “capitalismo de amiguetes”. Algo tendrán que hacer España y los españoles, algún día, para lograr pasar de nuestro clásico capitalismo castizo a otro más limpio y menos corrupto, más abierto a la libre competencia y más respetuoso con la ley. César Molinas, en su Qué hacer con España: Del capitalismo de amiguetes al capitalismo serio (Ediciones Destino) ha explicado la receta con maestría. Yo me quedo con una de las medidas que propone: asegurar la independencia de los organismos reguladores frente al control político directo, obligar a nuestra clase política, a derecha e izquierda, a sacar las manos de los organismos de regulación y control, forzarle a perder esa importantísima parcela de poder, algo que sin duda redundaría no solo en beneficio de la actividad empresarial sino de la propia salud de nuestra democracia. Todo un reto para un eventual futuro Gobierno de coalición.

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