El Gobierno cubano impulsa una reforma económica que busca elevar la producción, descentralizar la gestión y ampliar las oportunidades para los actores privados y cooperativos.
Con 158 de las 176 transformaciones aprobadas en fase de implementación, el reto es convertir los cambios en resultados concretos para la población, en medio de la asfixia impuesta por Washington.
La iniciativa llega en un momento crítico. La extraterritorialidad de las hostilidades de Washington pesa sobre los proveedores de combustible y las compañías navieras dispuestas a operar con la isla. Limita aún más las posibilidades de atraer capital y desarrollar nuevas actividades productivas.
Esta realidad es transversal a cada sector de la economía. Repercute en el transporte, la agricultura, la industria, la generación eléctrica y la distribución de alimentos, con consecuencias directas para la vida cotidiana. La transformación económica plantea, por tanto, una doble tarea: resistir las presiones externas y aprovechar los recursos nacionales con iniciativas propias.
La reforma del sistema empresarial cubano amplía las posibilidades de crecimiento de las mipymes, facilita su participación en el comercio exterior y abre nuevas vías de asociación con el capital extranjero. El desafío será convertir estas transformaciones en producción, empleo y desarrollo territorial, sin perder de vista las necesidades sociales del país.
El propósito, según las autoridades cubanas, no es privilegiar una forma de propiedad sobre otra, sino construir un sistema empresarial más articulado, en el que las diferentes formas de gestión contribuyan a las prioridades nacionales.
Durante un encuentro con representantes del sector privado, el presidente Miguel Díaz-Canel defendió la necesidad de establecer una relación entre las aspiraciones de los empresarios y los objetivos del país.
“Lo que estamos haciendo es para que Cuba crezca y para que haya una relación adecuada entre lo que ustedes pueden aspirar como empresarios y también lo que el país aspira, y que podamos conjugarlo en una matriz donde todo el mundo se beneficie”, afirmó.
La apuesta responde a una necesidad concreta: aumentar la producción nacional de alimentos, bienes y servicios, reducir los costos improductivos, incorporar tecnología e innovación y disminuir la dependencia de productos terminados procedentes del exterior.
En ese escenario, el sector privado adquiere un papel más amplio dentro de la estrategia económica cubana, aunque su expansión también plantea interrogantes sobre la regulación, la distribución de los beneficios y su contribución efectiva al bienestar colectivo.
Las nuevas disposiciones introducen modificaciones importantes en el funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas. Entre los cambios destaca la eliminación o ampliación del límite anterior de 100 trabajadores, lo que permite a las empresas privadas crecer más allá de esa cifra. También se autoriza que una misma persona natural sea titular o socia de más de un negocio.
Otro cambio significativo es la reducción de las actividades económicas prohibidas. Según la información disponible, el Decreto 160 de 2026 disminuye la lista de 125 a 79 numerales, lo que abre la posibilidad de crear nuevos negocios bajo las condiciones y autorizaciones correspondientes.
Las reformas también flexibilizan el comercio mayorista, amplían las actividades que una empresa puede desarrollar y oficializan la posibilidad de pago en divisas extranjeras, siempre que se cumplan los requisitos de licitud bancaria.
A ello se suman nuevas posibilidades para importar con fines comerciales, participar en licitaciones públicas y establecer vínculos con capital extranjero y operaciones de comercio exterior.
La descentralización de las competencias para aprobar nuevas mipymes hacia los municipios es otra pieza del proceso. La medida busca delegar determinadas decisiones a los territorios. En conjunto, estos cambios buscan reducir obstáculos administrativos y ampliar el margen de acción de los empresarios privados.
