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Más de 250 delegados de México, Estados Unidos y Canadá cerraron un encuentro histórico en Ciudad Juárez tras instalar el Tribunal Internacional de Conciencia para documentar crímenes y evaluar el impacto del T-MEC.

Activistas, defensores de derechos humanos y familiares de víctimas durante las jornadas de deliberación y apertura del Tribunal de Conciencia en el Centro Teresiano de Ciudad Juárez. Foto: Heriberto Paredes

La Cumbre Binacional por la Paz y la Justicia concluyó este sábado en Ciudad Juárez, Chihuahua (norte de México), tras reunir a más de 250 personas integrantes de un centenar de organizaciones de México, Estados Unidos y Canadá para articular acciones frente a las violencias que atraviesa la región fronteriza.

El evento, convocado por el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia (PMPJ) y facilitado por la asociación internacional Global Exchange bajo el lema ¡Ignoradxs nunca más!, se desarrolló del 17 al 19 de septiembre. Las jornadas contemplaron una apertura espiritual a cargo del profesor y poeta fronterizo Rafael Jesús González y la activista Georgia Bowen-Quiñones, quienes dedicaron reflexiones a la naturaleza y a la conexión vital entre las comunidades.

Como eje central de las actividades, el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (ITCPM) (integrado por 32 especialistas y juristas y coordinado por figuras como Camilo Pérez-Bustillo y Elena Gutiérrez) instaló sus audiencias para documentar responsabilidades frente a violaciones graves a los derechos humanos, la movilidad humana y los derechos de la naturaleza.

Este mecanismo independiente, inspirado en los principios de Núremberg y en los juicios Russell sobre crímenes en Vietnam, evaluó las denuncias de comunidades y movimientos bajo estándares internacionales. El profesor Camilo Pérez-Bustillo recordó que el primer caso analizado por esta instancia fue la masacre de San Fernando, Tamaulipas (norte), en 2010, y señaló que las investigaciones actuales buscan tipificar como macrocriminalidad las acciones vinculadas con el Gobierno estadounidense.

“Lo de hoy forma parte de una iniciativa de juicio de los crímenes del régimen de Donald Trump y de sus cómplices; lo de hoy se enfoca en las dimensiones binacionales de esos crímenes, dentro del marco de la relación entre México y Estados Unidos”, expresó Bustillo, quien también vinculó las prácticas migratorias actuales con antecedentes históricos como la rebelión de Carmelita Torres en 1917.

Las audiencias recopilaron testimonios de colectivos como “Topolobampo Aquí No”, opuesto a la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, Sinaloa (oeste); María Herrera, representante de Enlaces Nacionales de Búsqueda; y Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (Guerrero, al sur).

Se documentaron casos de personas migrantes cuyas detenciones en centros penitenciarios estadounidenses han sido lucrativas, además de tragedias como el incendio en un albergue migratorio de Ciudad Juárez en 2023.

Los trabajos se estructuraron en cinco mesas temáticas orientadas a la movilidad humana, la violencia armada y desaparición, los pueblos indígenas y territorio, los pueblos afrodescendientes, y los derechos humanos frente a acuerdos comerciales.

En el debate sobre comercio exterior, las agrupaciones cuestionaron los impactos acumulados de más de tres décadas de tratados de libre comercio y criticaron la postura gubernamental respecto al T-MEC.

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Las organizaciones exigieron que se hagan públicas las negociaciones de revisión del pacto comercial, se amplíe el mecanismo laboral de respuesta rápida con perspectiva de género y derechos humanos para incluir a los tres países firmantes, y se introduzca un recurso similar para asuntos ambientales.

De igual forma, demandaron la eliminación definitiva del mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) para evitar que corporaciones privadas lleven a los Gobiernos a tribunales supranacionales, planteando la ejecución de auditorías participativas a todos los acuerdos de protección de inversiones.

Marco Castillo, codirector ejecutivo de Global Exchange, destacó que la cooperación panamericana es indispensable para construir un poder político unido e inclusivo.