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Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, celebró la decisión, calificándola como un «histórico triunfo para los estatales» que impide el desmantelamiento del organismo y da marcha atrás con los despidos masivos.

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín dictaminó la suspensión parcial de la resolución 42/2026. Foto: Noticias Argentinas

La Justicia argentina frenó este miércoles el cierre de más de 900 servicios y la amenaza de despidos masivos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), garantizando la continuidad laboral y las funciones esenciales, tras una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) contra la resolución gubernamental que afectaba al organismo.

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín dictaminó la suspensión parcial de la resolución 42/2026, emitida por el Gobierno de Javier Milei en la primera quincena de abril, que, según los trabajadores, acarrearía la desvinculación de unos siete mil empleados y el desmantelamiento del organismo, calificado como un «aniquilamiento».

La sentencia judicial ordena al INTI abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que implique la cesación, transferencia o modificación sistematizada de funciones, además de prohibir el movimiento de inventario con fines de reubicación, transferencia o disposición de equipamiento técnico.

Luchar sirve: la justicia falló a favor de ATE y frena los despidos masivos en el INTILa Justicia le ordenó a las autoridades del INTI suspender los efectos de la Resolución 42/26 y frenar cualquier intento de eliminación, traspaso o alteración de funciones dentro del… pic.twitter.com/rqC66NSsP1

La resolución sostiene que los empleados del instituto no podrán ser desvinculados de sus puestos, garantizando la «ocupación efectiva de todos los agentes cuyas funciones resultan afectadas, con mantenimiento pleno de sus categorías, remuneraciones y condiciones vigentes al 14 de abril de 2026».

El fallo del juzgado de San Martín, una región clave para la producción industrial en el conurbano bonaerense, también asegura la continuidad de los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal del organismo.

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Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, celebró la decisión, calificándola como un «histórico triunfo para los estatales» que impide el desmantelamiento del organismo y da marcha atrás con los despidos masivos. La cautelar es un «avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal… no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional», añadió Aguiar.

Diputadas como Vanesa Siley y Julia Strada, de Unión por la Patria, también se pronunciaron destacando que el freno judicial al desmantelamiento del INTI es vital, ya que este instituto representa «industria, innovación y valor agregado», siendo una pieza clave del complejo científico y tecnológico del Estado.

La resolución del Gobierno, emitida el 14 de abril, había generado movilizaciones semanales de trabajadoras y trabajadores del INTI que advertían que el cierre de estos servicios dejaría a «700 técnicos y profesionales» sin empleo y pondría «en serio peligro a la comunidad argentina», al trasladar procesos esenciales al sector privado sin la imparcialidad necesaria.

Fernando Yapur, físico del INTI, explicó que el Estado se aparta de su rol de «perito imparcial» en el intercambio comercial cuando se eliminan estos servicios.

Los trabajadores del INTI coinciden en que la sociedad sentiría dicho ajuste en productos no certificados, aumentando riesgos de intoxicación, fallas en autopartes de seguridad, falta de control en ascensores y menor calidad en materiales de construcción como el cemento, lo que implicaba un grave riesgo para la salud y la seguridad pública.

Esta situación también ponía en peligro la economía, especialmente las exportaciones debido a que si el INTI dejaba de hacer las auditorías y certificaciones clave, países como los de la Unión Europea o Alemania podrían rechazar productos (como la miel) porque no tendrían los controles de calidad que ellos exigen. Esto podría afectar a los 22.000 apicultores argentinos, que son en su mayoría familias y pequeños productores, yel lugar de Argentina como el cuarto mayor exportador mundial de miel.