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El domingo 25 de octubre, millones de trabajadores y jóvenes brasileños votaron en contra del auge del fascismo. El giro que llevó a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), fue impulsado por un rechazo masivo a un nuevo gobierno de los Bolsonaro, lo que en las semanas previas llevó a multitudes a las calles y atrajo a las urnas a millones de trabajadores y jóvenes que se habían abstenido en masa en la primera vuelta.

También votaron con la esperanza de que el gobierno reelegido del PT se inclinara hacia la izquierda y abordara sus necesidades sociales más urgentes. Lula planteó la posibilidad de poner fin al horario de trabajo 6x1 —seis días de trabajo por un día libre— y de otorgar exenciones fiscales a los grupos de ingresos más bajos. En el último debate, cuando Flávio lo llamó «nueve dedos» —un insulto que refleja el odio de la extrema derecha hacia la clase trabajadora—, Lula reaccionó con firmeza, recordando que había perdido ese dedo a los 17 años, mientras trabajaba en el turno nocturno de una fábrica metalúrgica. Según algunos analistas, esta respuesta tuvo un gran impacto entre la clase trabajadora, lo que ayudó a asegurar su victoria.

Los resultados en las urnas fueron impugnados de inmediato. El lunes, el capital financiero dictó su propio veredicto: la bolsa brasileña se desplomó, el dólar se disparó y el gobierno reelegido comenzó a recibir órdenes de aplicar el mismo programa de recortes que se esperaba de su oponente, dictado con la autoridad de una dictadura que no se somete a elección alguna. El miércoles, el candidato fascista derrotado, Flávio Bolsonaro, se autoproclamó presidente de Brasil en territorio estadounidense, bajo la protección de Washington.

El poder colosal movilizado por el capital financiero y el imperialismo estadounidense, primero para intervenir en las elecciones y ahora para determinar el programa del gobierno electo bajo la amenaza permanente de su derrocamiento, plantea ante la clase trabajadora brasileña la pregunta de quién gobierna realmente.

Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal (PL) e hijo de Jair Bolsonaro, el ex presidente fascista condenado a 27 años de prisión por su fallido intento de golpe de Estado de enero de 2023, huyó de Brasil desafiando una orden de la Corte Suprema Federal (STF) y fue recibido en Estados Unidos con la aprobación expresa de Donald Trump. Horas después de aterrizar en Miami, se autoproclamó «el verdadero presidente electo de Brasil», luego cambió el título por el eufemismo «el líder de Brasil» y anunció: «Dirigiré la oposición desde aquí». Su carta pone en marcha un «gobierno paralelo» con sede en el extranjero: una plataforma contrarrevolucionaria que conspira abiertamente para derrocar al gobierno electo y aboga por un golpe militar.

Trump, quien declaró que la votación «parecía otra elección amañada», hasta ahora no ha reconocido a Flávio como presidente. Esta postura ambigua legitima la acusación de fraude y mantiene un arma cargada apuntando al gobierno electo, que puede dispararse cuando se consideren favorables las condiciones.

El amparo a Flávio culmina más de un año de guerra económica e intervención política abierta contra Brasil: aranceles del 50 por ciento sobre «todos y cada uno de los productos brasileños», sanciones contra los magistrados de la Corte Suprema de Brasil, la designación de las facciones criminales más grandes del país como «organizaciones terroristas» y la recepción de Flávio en la Casa Blanca en plena campaña.

La intervención del imperialismo estadounidense también se manifestó directamente en la campaña, en dos casos que están bajo investigación: hay indicios de que Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, limitó el alcance de la campaña de Lula, y una investigación está analizando las relaciones de la campaña bolsonarista con Rockbridge Network, una red de donantes cofundada por el vicepresidente de EE. UU., JD Vance. Esta intervención forma parte de una ofensiva para el dominio neocolonial de América Latina, destinada a afirmar el control directo sobre sus recursos estratégicos y a combatir la influencia económica china, como parte de los preparativos de Washington para la guerra contra China.

Junto a este descarado intervencionismo criminal, los principales órganos del capital financiero internacional están dictando sus exigencias al gobierno brasileño electo, en un tono de mando que prescinde de las sutilezas diplomáticas.

La revista británica The Economist publicó después de las elecciones un editorial titulado «Los mercados están consternados por la victoria sorpresa de Lula, y con razón». El texto afirma sin rodeos: o bien el gobierno abandona sus promesas de campaña y se somete a las exigencias del capital, o quedará reducido a «cenizas». La revista comienza señalando que «si los partidarios de Lula están eufóricos, los mercados están aterrorizados», y agrega que «tienen razón para estarlo».

Se acusa a Lula de haber «menospreciado la necesidad de disciplina fiscal» durante la campaña y de haber prometido «una extravagancia de nuevos y grandes sobornos». Lo que los portavoces de la oligarquía capitalista llaman «extravagancia» equivale, de hecho, a migajas —como la promesa de aumentar los beneficios de asistencia social para los más pobres y el transporte público gratuito los fines de semana— que ni siquiera comienzan a abordar los brutales niveles de desigualdad social en el país.

The Economist concluye rotundamente que los últimos cuatro años de Lula en el cargo «tendrán que ser muy diferentes de los cuatro anteriores» y que «no tiene mucho tiempo para convencer a los inversionistas de que cambiará de rumbo». El último mandato de Lula, lejos de haber ampliado el gasto social, fue un gobierno de austeridad fiscal, y el rechazo masivo que sufrió el PT en la primera vuelta fue consecuencia directa de esas políticas.

Luego vienen las órdenes: Lula «debería empezar de inmediato nombrando a un ministro de Hacienda en quien confíen los inversionistas» y «luego debe anunciar un plan creíble de reforma fiscal».

El Financial Times fue aún más explícito sobre el mecanismo de chantaje. Lula «necesita controlar el gasto público o los inversionistas, cada vez más reacios a financiar a su gobierno, podrían obligarlo a hacerlo». El periódico incluso le dicta qué decir: «Lula debería empezar por cambiar su retórica». Recuerda que durante la campaña el presidente «dijo que era una “babaquice” o una tontería hablar de austeridad fiscal». Lula también debe construir «una coalición lo más amplia posible» en el Congreso, profundizando las alianzas de 2022, que, en opinión del FT, no se inclinaron lo suficiente hacia la derecha. El propio Lula indicó en su discurso de victoria que ese es su objetivo: «Yo no elegí al Congreso, el pueblo lo eligió, y es con él con quien trabajaré y lograré que se aprueben las cosas».

Los dictados de la oligarquía financiera se resumen en la frase con la que The Economist cierra su editorial: Si Lula cree que su victoria es «una excusa para redoblar las políticas que derrotaron a Flávio, provocará una crisis fiscal y una profunda recesión. Su victoria dorada se convertirá en cenizas». Lo que exige el capital es que el gobierno electo aplique el mismo programa de austeridad que la burguesía esperaba de Flávio Bolsonaro —el mismo programa que el FMI ha declarado «urgente» a escala mundial y que llevó a cientos de miles de jóvenes y trabajadores a las calles de Francia.