Una ola de huelgas y protestas sacude a Chile mientras el gobierno del presidente de extrema derecha José Antonio Kast sigue adelante con un presupuesto para 2027 que desmantela la educación pública, la salud y la cultura, al tiempo que otorga exenciones fiscales a los monopolios mineros y al capital financiero. El jueves 1 de octubre, más de 20.000 estudiantes y trabajadores marcharon por Santiago y otras ciudades en contra de los recortes presupuestarios, en la mayor movilización nacional desde que Kast asumió el cargo en marzo. La manifestación fue reprimida con gas lacrimógeno, cañones de agua y detenciones masivas por parte de la policía militarizada de los Carabineros.
La marcha, convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) bajo el lema “Ni un peso menos para la educación,” fue autorizada por la propia Delegación Presidencial del gobierno. Contó con el respaldo de la Asociación de Docentes y de más de 30 organizaciones sociales, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Sin embargo, las Fuerzas Especiales de los Carabineros —las mismas unidades cuyo historial de asesinatos y mutilaciones durante la revuelta social de 2019 sigue casi totalmente impune— atacaron la manifestación pacífica con cañones de agua y gas lacrimógeno en varios puntos a lo largo de la Alameda. Los últimos informes indican que al menos 31 personas fueron detenidas, además de numerosos heridos y personas afectadas por el gas.
El presidente del Colegio de Docentes, Mario Aguilar, calificó la represión de “brutal e injustificada,” y afirmó que la marcha se había desarrollado “con total normalidad y orden” hasta que la policía atacó sin provocación alguna. “Nos lanzaron gas, nos dejaron asfixiados, la gente se desmayó. Esto es brutalidad. Esto es puro fascismo,” dijo.
La magnitud de la violencia policial contrasta fuertemente con el trato dado a un incidente menor ocurrido frente a la Pontificia Universidad Católica (PUC), donde un pequeño grupo de estudiantes ultraderechistas pro-Kast, pertenecientes al Movimiento Gremialista y a Solidaridad UC, organizó una contramanifestación. Un puñado de individuos encapuchados dentro de la marcha se enfrentó a estos estudiantes de derecha. El incidente, en el que participó una minúscula fracción de los 20.000 manifestantes, ha sido aprovechado por el gobierno y los medios corporativos para criminalizar a todo el movimiento de protesta. Todo el asunto está siendo amplificado por los medios corporativos y la derecha para justificar el aparato de estado policial que Kast está construyendo con el respaldo de Washington.
El embajador de EE. UU., Brandon Judd, nombrado por Trump, intervino directamente en los asuntos internos de Chile, aplaudiendo a Kast por condenar la violencia y anunciando que a los implicados se les prohibiría viajar a Estados Unidos. “Estados Unidos trabaja junto con nuestros aliados en todo el hemisferio para hacer frente a la violencia política, y quienes cometen delitos violentos no tienen derecho a viajar a Estados Unidos,” declaró Judd.
La marcha estudiantil se produjo un día después de que los trabajadores de la atención primaria de salud concluyeran una huelga nacional de dos días. La Confederación Nacional de Trabajadores Municipales de la Salud (Confusam) paralizó los Centros de Salud Familiar (CESFAM), los puestos rurales y otros centros de atención primaria en todo el país los días 29 y 30 de septiembre, exigiendo un aumento en el financiamiento per cápita que el Estado proporciona por cada paciente registrado. La huelga, que alcanzó un 90 por ciento de participación, fue recibida con amenazas por parte de los alcaldes, quienes advirtieron que tomarían medidas disciplinarias contra los trabajadores movilizados.
Los trabajadores de la salud exigen un aumento de 1.000 pesos chilenos en la asignación per cápita para 2027, tras dos años consecutivos en los que el monto se mantuvo congelado. El gobierno les debe a los municipios más de 37 mil millones de pesos en transferencias que han sido retenidas desde diciembre de 2025. Como explicó la presidenta de Confusam, Gabriela Flores, el pago tardío de esta deuda por parte del gobierno “de ninguna manera resuelve la crisis de financiamiento de la atención primaria. Seguimos arrastrando una deuda estructural que afecta a millones de personas”.
Mientras tanto, en el sector minero, el motor de la economía chilena, los trabajadores se encaminan hacia una huelga. El miércoles, los supervisores de la mina Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, operada por el gigante anglo-australiano BHP, votaron de manera abrumadora—94,8 por ciento—para rechazar la oferta contractual de la empresa, lo que abre el camino a una huelga. El sindicato declaró que la oferta “demostraba un desprecio total por la contribución de los supervisores y el personal a la producción y a las ganancias multimillonarias de la mina de cobre más grande del mundo.”
En la mina Centinela, controlada por Antofagasta Minerals, parte del grupo Luksic, uno de los clanes oligárquicos más ricos de Chile, unos 730 trabajadores de dos sindicatos votaron en un 98,7 por ciento a favor de la huelga. Los trabajadores luchan contra las “odiosas diferencias” en salarios y prestaciones entre trabajadores que realizan funciones idénticas pero que pertenecen a diferentes sindicatos. “Esta votación contundente es una expresión de la conciencia de las bases sindicales sobre la necesidad de poner fin a la discriminación sistemática que han sufrido,” declaró el sindicato.
El conflicto laboral en el sector minero se desarrolla en un contexto de condiciones de trabajo mortales. Dos trabajadores murieron en menos de una semana en la región de Antofagasta. El 23 de septiembre, un trabajador falleció en un accidente de mantenimiento en Escondida, lo que llevó a BHP a suspender las operaciones. El 1 de octubre, Waldo Alexis Castillo Barraza, un mecánico de 49 años empleado por la subcontratista Berliam SpA, murió aplastado mientras cambiaba una polea en una cinta transportadora en la mina Radomiro Tomic, operada por la empresa estatal Codelco. Había celebrado su cumpleaños el día anterior.
Estas muertes son consecuencia directa de la intensificación del trabajo en la industria minera, impulsada por las ganancias, donde se pospone el mantenimiento, se sacrifica la seguridad y los trabajadores mueren con impunidad. La Federación de Trabajadores de CCU se ha sumado al llamado para que se realice una investigación exhaustiva y se implemente de inmediato una Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería, que el gobierno ha dejado en suspenso.
Las huelgas y protestas estallan en medio de un fuerte deterioro de la economía chilena. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) cayó un 1 por ciento en agosto, la segunda contracción mensual consecutiva, lastrado por un desplome del 17,4 por ciento en la producción minera, la peor caída mensual en 15 años. La producción de cobre ha caído a niveles no vistos desde 2003, ya que las empresas mineras, tras haber privado de inversiones durante años en medio de la incertidumbre política, ahora se enfrentan a la disminución de la ley del mineral, la escasez de agua y condiciones climáticas extremas.
Las exportaciones de cobre cayeron un 3,2 % en agosto, el primer descenso desde diciembre de 2023. Sin embargo, los precios del cobre se mantienen cerca de máximos históricos, impulsados por una oferta global insuficiente, una situación que, según las proyecciones del Deutsche Bank, elevará los precios a 10 dólares por libra para mediados de 2027. Los monopolios mineros se están beneficiando enormemente de la misma escasez que su propia huelga de inversiones ha generado, mientras que el Estado chileno, dependiente de los ingresos del cobre, se ve obligado a endeudarse y a recortar gastos.
El desempleo ha aumentado al 9,6 por ciento, su nivel más alto desde 2021, con un desempleo femenino del 10,3 por ciento. La inflación se mantiene obstinadamente alta, impulsada en parte por la decisión del gobierno de poner fin al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles (MEPCO), lo que ha disparado los precios del diésel en 95 pesos por litro y los del queroseno en 281 pesos por litro. La crisis del diésel es, en sí misma, producto de la guerra de agresión de Estados Unidos contra Irán y de la militarización generalizada de Oriente Medio, que ha perturbado el refinado mundial y ha elevado los costos de la energía en todo el mundo.
La crisis de la economía chilena es una expresión específica de la crisis cada vez más profunda de la economía capitalista mundial, en la que las principales potencias imperialistas, encabezadas por Estados Unidos, están recurriendo a la guerra, al proteccionismo y a la militarización del comercio para resolver contradicciones que no pueden resolver pacíficamente.
