Libia, quince años sin Gadafi: la revolución no logró construir un Estado

Quince años después de la caída y muerte de Muamar el Gadafi, Libia sigue sin encontrar respuesta a cómo convertir el final de una dictadura en un Estado capaz de garantizar seguridad, justicia y servicios y de administrar de forma transparente la riqueza nacional. La división política persiste. Y no se trata solo de una disputa entre gobiernos, sino también de un sistema de poder sostenido por grupos armados, milicias, redes económicas y actores extranjeros. Tras el final del régimen gadafista, la nueva Libia nacía marcada por el desgobierno y los desmanes y excesos de los rebeldes y se ha visto convulsionada por crisis y conflictos, incluso por una guerra civil. El país vive en una inestabilidad e inseguridad permanentes, quince años después de la muerte del dictador libio.

Libia quedó dividida en dos tras la revolución y así continúa. En el oeste del país, el gobierno de Unidad Nacional, encabezado por Abdul Hamid Dbeibé, controla Trípoli y mantiene relaciones con distintos grupos armados. Es el que está reconocido internacionalmente. En el este, el poder está en manos del general Jalifa Haftar, que se proclamó jefe del Ejército Nacional Libio en Tobruk. Ninguno de los dos bloques ejerce una soberanía nacional completa e indiscutida ni controla a todos los actores que actúan en su territorio. Pero, además, dentro de cada zona, compiten autoridades locales, grupos económicos, milicias y las alianzas cambian según los diferentes intereses. La fragmentación no es un simple vacío; también distribuye cargos, recursos y capacidad de presión.

El alto el fuego de octubre de 2020 detuvo la ofensiva de Haftar sobre Trípoli y redujo el riesgo de una guerra nacional a gran escala, pero no reunificó las instituciones ni puso las armas bajo un mando estatal. La calma relativa convive con episodios de violencia y con fuerzas que conservan capacidad para imponer condiciones políticas. Las elecciones son una promesa para zanjar el conflicto y, a la vez, una disputa sobre quién controla las reglas, el calendario y los recursos. Los desacuerdos técnicos importan, pero también los incentivos de quienes podrían perder poder de celebrarse unos comicios.

El 30 de agosto de 2026, la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) acogió un acuerdo sobre los próximos pasos hacia unas elecciones nacionales. Hanna Tetteh, representante especial del secretario general de la ONU para Libia y jefa de la misión de Naciones Unidas, explicó que la vía acordada debe conducir a elecciones en un plazo no superior a 24 meses. El acuerdo no fija por sí mismo una fecha electoral ni garantiza que las partes acepten sus consecuencias. Dbeibé afirmó que la decisión corresponde al pueblo libio a través de unos comicios que pongan fin a la división. La hoja de ruta sigue siendo frágil. Y, al final, será determinante que quienes controlan instituciones y fuerzas armadas acepten un resultado que quizás les aparte del poder.

En 2011, pudimos ver, durante el rodaje de un reportaje para En Portada, cómo muchos libios vivían con la esperanza de un futuro mejor. Ahmad Aljole, un comerciante, nos decía: “Si Alá quiere, Libia será un país democrático y se aplicará la ley de verdad" y Samira Misrati, ama de casa, confiaba en que los libios estarían “unidos por el mismo corazón para conseguir un futuro mejor". Para Ibrahim Ali, profesor de la Universidad de Trípoli, había que “dejar atrás el pasado y reconstruir la nación". Aquellas palabras expresaban la aspiración legítima de una sociedad que había vivido durante décadas bajo un sistema autoritario. Pero la caída del dictador no podía resolver por sí sola las heridas, las rivalidades y las desigualdades acumuladas.

Said Laswad, editor de The Tripoli Post, ya advertía entonces de la debilidad del liderazgo: “Desde el comienzo de la revolución y de la liberación del este de Libia y de partes del oeste, el liderazgo no ha dado pruebas de ser fuerte, de ser transparente y no ha demostrado que esté dispuesto a liderar. Y casi han reproducido el mismo régimen de Gadafi". Estaba claro el riesgo que se corría si solo se sustituía a los gobernantes sin cambiar la forma de ejercer el poder. Las milicias también campaban a sus anchas. Las fuerzas que contribuyeron a derribar el régimen no entregaron de forma automática las armas ni aceptaron un mando estatal único. La estructura militar de Gadafi había sido debilitada y dividida durante años para evitar golpes y el nuevo poder carecía de capacidad para integrar a los grupos armados. El problema no era solo desarmarlos, sino crear instituciones legítimas capaces de ofrecer seguridad y empleo sin depender de ellos.

Y, luego, estaba la cuestión de la justicia. La muerte de Gadafi después de su captura planteó dudas sobre una posible ejecución extrajudicial. Claudio Cordone, director general de Amnistía Internacional entonces, afirmó: “Si al coronel Gadafi lo mataron tras capturarlo, su muerte constituiría un crimen de guerra y los responsables deberían comparecer ante la justicia". Por tanto, había que someter a la ley también a los vencedores. La expulsión y el desplazamiento de comunidades demostraban que la reconciliación no podía construirse castigando a poblaciones enteras. Quince años después, las desapariciones, los desplazamientos y la impunidad siguen sin resolverse y el capítulo de rendir justicia sigue abierto. Estaba claro que la democracia, la justicia y la seguridad no podían nacer únicamente de la desaparición del régimen.

Estos años han visto la aparición en Libia del autodenominado Estado Islámico, el Daesh. Pero el yihadismo en el país africano no nació con el Estado Islámico ni en Sirte. Antes de 2011 ya existía el Grupo Islámico Combatiente Libio (GICL), cuyos miembros combatieron en Afganistán. Algunos de sus dirigentes mantuvieron vínculos con Al Qaeda y los talibanes.

La trayectoria de uno de ellos, Abdelhakim Belhadj, es paradójica. Detenido en 2004 y entregado al régimen libio, fue liberado en 2010 tras el programa de diálogo y reinserción impulsado por Saif al-Islam, el hijo de Gadafi llamado a ser su heredero. Un año después, Belhadj se sumó a la rebelión contra Gadafi y acabó al frente del Consejo Militar de Trípoli. A pesar de que distintas fuentes indicaban lo contrario, negó a En Portada una relación orgánica con Al Qaeda. “Mi presencia, como la de miles de personas que fueron a Afganistán, no quiere decir que tenga las mismas ideas y la misma organización. Todo lo contrario: no hemos estado ningún día en la organización Al Qaeda, no tuvimos ningún lazo orgánico ni respaldamos su pensamiento" y añadió que su lucha era nacional: “Siempre hemos trabajado al servicio del pueblo libio para acabar con el régimen de Gadafi, para que los libios elijan quiénes les gobiernan por medios cívicos".

Cientos de presos islamistas y yihadistas habían sido liberados en distintas tandas a través del programa de reinserción promovido por Saif al-Islam. Este lo defendió, en 2008, en declaraciones a Televisión Española: “Ya no son terroristas. Conseguimos rehabilitarlos en prisión y ahora han renunciado al terrorismo y son buenos ciudadanos. Por eso, los dejamos en libertad y volver a la sociedad". Después, se volvieron contra él y estaban entre los que encabezaron la rebelión en 2011.

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La caída del régimen dejó unas fuerzas de seguridad fragmentadas, milicias armadas y una disputa entre centros de poder. Ese vacío favoreció a grupos como Ansar al-Sharia y, más tarde, al Estado Islámico, que se implantó en Libia a partir de 2014. Su expansión respondió a la combinación de guerra, redes transnacionales y ausencia de autoridad estatal. El Estado Islámico logró establecer su principal bastión territorial en Sirte hasta perder el control de la ciudad, en agosto de 2016, tras la ofensiva de fuerzas libias apoyadas por ataques aéreos estadounidenses. Su derrota territorial no eliminó todas sus redes: la actividad posterior ha sido más clandestina y transfronteriza.

Libia no es un país que carezca de recursos, todo lo contrario. El petróleo y el gas sostienen los ingresos públicos; el problema es quién controla su producción, distribución y gasto. En este contexto, las redes clientelares y las administraciones rivales han proliferado ante la ausencia de controles transparentes. Una economía opaca sostiene a actores poderosos con capacidad para controlar importaciones, distribución y rutas de contrabando. Al final, los flujos les permiten financiarse. El contrabando y la corrupción no son delitos marginales, se conectan con decisiones públicas, redes de protección y disputas por el control de recursos.

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La administración de Donald Trump ha mostrado interés en conseguir un acuerdo en Libia. La política de Washington combina intereses energéticos, seguridad, control migratorio y competencia geopolítica con Rusia. La nueva iniciativa estadounidense, impulsada por Massad Boulos, asesor de Trump para asuntos árabes y africanos, busca acercar a los dos bloques rivales: el Gobierno de Unidad Nacional de Trípoli, y las autoridades del este de Haftar. El objetivo es abrir la puerta a nuevas inversiones estadounidenses en el petróleo. Para desarrollar plenamente el sector, las empresas necesitan acuerdos que permitan operar sin que la división política ponga en riesgo la producción y las exportaciones. El riesgo es que el pacto consolide a quienes ya controlan las instituciones, las armas y los recursos, sin resolver la corrupción, la falta de rendición de cuentas o la ausencia de un Estado efectivo. El analista Tim Eaton, de Chatham House, ha advertido precisamente de que la iniciativa se centra en el reparto de poder entre las élites y no garantiza una mejora de la gobernanza.