TelesurTV_Resumen Latinoamericano 14 de noviembre 2026.
Integrantes de las fuerzas armadas de El Salvador recorren una calle de Puerto Príncipe. Foto: EFE
Más de 2.000 soldados salvadoreños combaten en Haití fuera del mando de la ONU, sin un acuerdo publicado y con el aval de Trump. Junto a los drones de Erik Prince, el despliegue dibuja un modelo de seguridad que varios analistas temen ver repetido en otros países, mientras Bukele afina su campaña por un tercer mandato.
El jueves 12 de noviembre, una veintena de blindados del ejército salvadoreño entró al estadio Sylvio Cator, en el centro de Puerto Príncipe, y la Policía Nacional de Haití informó que había recuperado el estadio y sus alrededores, ocupados durante años por las pandillas. El recinto servirá de base a las tropas que Nayib Bukele empezó a desembarcar el 22 de octubre, según la prensa local. Seis días después de aquel primer vuelo, la Cancillería salvadoreña confirmó más de 2.000 soldados en territorio haitiano.
La fuerza multinacional que respalda la ONU contaba, al cumplir un año de mandato, con unos 1.500 efectivos de los 5.550 que autorizó el Consejo de Seguridad, y la misión encabezada por Kenia que la precedió nunca pasó de 991 policías de los 2.500 previstos. La mayoría de los salvadoreños opera fuera de esa fuerza, como confirmó la ONU, que trata el despliegue como un asunto bilateral entre los dos países. Hasta hoy no se publicó ningún documento que fije su mandato, su duración o las reglas con que pueden abrir fuego.
Con más soldados que la ONU y sin un acuerdo conocido, el contingente salvadoreño deja abierta una cuestión que excede a Haití. Está en juego quién puede autorizar a un ejército extranjero a hacer la guerra en un país que lleva diez años sin elegir a nadie, y ante quién responderá ese ejército si se equivoca. La respuesta importa en toda la región, porque el modelo de seguridad de Bukele, que ya se copia en cárceles de media América Latina, tiene en Haití su primera prueba fuera de casa.
Hasta el 18 de octubre, El Salvador tenía en Haití un centenar de militares, casi todos técnicos de aviación dedicados a evacuaciones médicas, bajo un acuerdo que los embajadores de los dos países firmaron ante la OEA en octubre de 2024. El 29 de septiembre pasado, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó una ley transitoria que prolongó un año esa participación y dejó escrita una cláusula según la cual el país conserva la jurisdicción sobre sus militares y no puede entregarlos a tribunales internacionales ni a terceros Estados sin cumplir los tratados que ratificó.
Cuatro de aquellos técnicos desaparecieron el 18 de octubre, cuando una banda emboscó su vehículo en Santo, al noreste de la capital. Los primeros comandos aterrizaron el 22, y el 27, con unos 1.300 soldados ya en tierra, Bukele llamó a Donald Trump para pedirle respaldo a la escalada. Trump le respondió que hiciera lo que tuviera que hacer. El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, asistía a una boda en México, y al volver, el 28, difundió un comunicado que hablaba de cooperación «en el marco de la GSF». Según fuentes citadas por la prensa estadounidense, su gobierno aprobó ese día un acuerdo bilateral cuyo texto no se conoce. En la misma jornada, el Consejo Electoral Provisional fijó para el 18 de julio de 2027 la primera vuelta de unas elecciones aplazadas dos veces en el año.
En Puerto Príncipe, el secretario de Estado de Comunicación, Lucien Jura, negó que exista un acuerdo y aseguró que todas las tropas extranjeras actúan bajo los auspicios de la GSF, algo que una fuente cercana a esa fuerza desmintió al precisar que solo entre 200 y 300 salvadoreños dependen de su mando. En Madrid, durante la Cumbre Iberoamericana del 5 de noviembre, el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa negó que se tratara de una ocupación. «Es un arreglo bilateral con las autoridades haitianas», dijo. En San Salvador, Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero de la Universidad Centroamericana (UCA), llamó a esas tropas «la fuerza de ocupación de Bukele». Amnistía Internacional pidió a ambos gobiernos que publiquen el acuerdo y las reglas de uso de la fuerza.
El derecho internacional admite que un Estado envíe tropas a otro si este lo invita, y la Corte Internacional de Justicia lo reconoció en 1986, en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos. La doctrina pone condiciones a esa invitación, que debe provenir del gobierno reconocido como legítimo, ser expresa y llegar antes de que las tropas crucen la frontera. En Haití los primeros soldados aterrizaron el 22 de octubre y el acuerdo, si existe, se aprobó seis días después, firmado por un gobierno que no salió de ninguna elección y sin un Parlamento que pudiera ratificarlo.
Para el especialista haitiano en seguridad y defensa Emmanuel Paul, ese vacío convierte el despliegue en «una violación flagrante de la soberanía de Haití», porque un acuerdo así debería pasar por un Parlamento que no existe, firmado por un Ejecutivo sin presidente desde el asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021. El semanario haitiano Haïti Liberté fue más lejos y sostuvo que el consentimiento era imposible de obtener de un primer ministro que gobierna por decreto.
Fils-Aimé, a cargo del Ejecutivo desde que el Consejo Presidencial de Transición se disolvió el 7 de febrero, defendió la operación el 3 de noviembre con un coronel salvadoreño a su lado. Dijo que Haití conserva la dirección de todas las fuerzas extranjeras y que los salvadoreños «están aquí para apoyarnos». Cuando le preguntaron ante quién responden esas tropas, no lo precisó y contestó que los únicos que actúan al margen del derecho internacional son las pandillas.
Por la ley salvadoreña de septiembre, si un soldado comete un abuso en Croix-des-Bouquets, solo un tribunal de El Salvador podrá juzgarlo. La ONU tampoco puede vigilarlo, porque los salvadoreños que operan fuera de la GSF quedan fuera de la política de diligencia debida en derechos humanos que el organismo aplica a esa fuerza. El sistema judicial que tendría la última palabra compareció el 26 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Panamá, donde la organización Cristosal documentó 454 muertes de personas bajo custodia del Estado salvadoreño desde 2022, entre ellas 33 mujeres, tres niñas y un niño.
Haití votó por última vez el 20 de noviembre de 2016, y desde entonces asesinaron a Moïse, los últimos diez senadores dejaron sus bancas en enero de 2023 y gobierna un primer ministro designado. Para la primera vuelta de julio figuran inscritos 759.257 electores, en un país con unos 6,5 millones de personas en edad de votar.
En Haití, buena parte de la gente recibió a los salvadoreños con aplausos, y en Puerto Príncipe hubo multitudes que corearon el nombre de Bukele. Pierre Espérance, director de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), celebró la rapidez del despliegue y dijo esperar que frene el terror de las bandas, con una condición. «No todos los que viven en zonas controladas por pandillas son pandilleros», advirtió. La activista Monique Clesca le reconoce a Bukele haber hablado con los haitianos más que sus propios dirigentes, y le recuerda que Haití no es su patio trasero.
